Castigados por proteger el ambiente

IMPACTO AMBIENTAL

Castigados por proteger el ambiente[1]

Juan José Morales

Como se ha estado informando en la edición quintanarroense de POR ESTO!, Crescencio Navarro Pallares, popularmente conocido como Chencho, pequeño «”podríamos decir mínimo»” empresario, propietario de un modesto restaurante rústico de playa en la zona continental de Isla Mujeres, se queja de que le fue aumentado desmesuradamente el impuesto predial. El argumento de las autoridades fue que el suyo es un terreno de alta plusvalía debido a su ubicación en una zona donde existen lujosos fraccionamientos, elegantes marinas para yates y grandes hoteles, y se proyecta edificar más. Sin embargo, en su propiedad no hay más construcción que el sencillo edificio del restaurante, la clientela está formada por personas de clase media y no se realiza ninguna otra actividad que reditúe grandes ganancias. De hecho, el entorno se mantiene casi sin cambios, como un recuerdo de lo que fueron las playas de esa zona de Quintana Roo antes del desarrollo turístico.

clip_image001Una vista de Xpuhá. Así eran las playas de Quintana Roo antes del desarrollo turístico, pero a quienes tratan de conservar muestras de este hermoso paisaje original no se les premia sino se les castiga imponiéndoles exorbitantes impuestos.

A juicio de Don Crescencio, la intención de las autoridades no es otra que obligarlo a vender su propiedad a una poderosa empresa hotelera española que desde hace tiempo pretende adueñarse del predio para anexarlo a los que ya posee en las inmediaciones y en los cuales proyecta levantar un enorme centro de hospedaje que «”ese sí»” tendrá gran plusvalía y en el cual, afirma, tienen intereses económicos tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Ha sido presionado, dice, para que, asfixiado por el adeudo de impuestos que no puede pagar, se vea obligado a vender al precio que el poderoso comprador determine.

Don Crescencio es un caso peculiar, pero no único, de nativos de Quintana Roo empeñados en conservar y proteger el medio ambiente en que nacieron y crecieron y en el que vivieron sus padres y abuelos. En la zona de Xpuhá, en la Riviera Maya, hay otro similar, de un lugareño «”cuyo nombre no recuerdo»”, descendiente de los habitantes originales del lugar, que mantiene su terreno de playa con la vegetación original, abierto a todo aquel que desee pasar el día o acampar, a cambio sólo de una modesta cuota, que ni siquiera le cobra a familias de condición humilde.

Lo que Don Crescencio y este antiguo vecino de Xpuhá han hecho, es verdaderamente loable. Están conservando una muestra del litoral caribeño original. Pero, en lugar de premiarlo por ello, o de apoyar su esfuerzo, las autoridades los castigan. Al propietario de Xpuhá también se le obliga a pagar un exorbitante impuesto predial, con el mismo argumento que en el caso inicialmente citado: que su terreno vale mucho porque está en la playa. Su valor, sin embargo, es puramente hipotético, pues «”a diferencia de las propiedades vecinas, donde existen grandes hoteles que generan millonarias ganancias cada año»” en la suya no hay más que unas instalaciones rústicas para dar servicio de baño y sanitarios a quienes acampan o pasan el día y que son principalmente residentes de Quintana Roo que por su situación económica no pueden siquiera soñar en entrar a uno de los lujosos hoteles de la zona.

Evidentemente, ese acoso impositivo a este tipo de pequeños propietarios obedece a la intención de obligarlos a vender sus propiedades a las grandes empresas hoteleras extranjeras. Y es que desde hace mucho la política seguida por los gobernadores de Quintana Roo ha sido la de favorecer a los inversionistas extranjeros, incluso en detrimento de los nativos o inmigrantes quintanarroenses.

Ello, por supuesto, es totalmente injusto. Quienes se han preocupado por proteger y conservar el medio ambiente de la zona costera «”que después de todo puede considerarse el patrimonio natural de los quintanarroenses»” deben recibir trato especial en materia de impuesto predial, de modo que paguen una cantidad acorde con el valor real de sus terrenos, no el que supuestamente tienen por su ubicación o su colindancia con grandes negocios turísticos. Sólo en caso de que efectivamente cambiara el uso del suelo, se les aumentaría el gravamen.

Pero, sinceramente, dudo mucho que quienes gobiernan el estado estén dispuestos a hacer tal cosa. Ya han demostrado a quiénes protegen y favorecen.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 23 de enero de 2012.

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