Dragon Mart: de las tinieblas a la luz pública

IMPACTO AMBIENTAL

Dragon Mart: de las tinieblas a la luz pública[1]

Juan José Morales

En un hecho sin precedentes, el presidente municipal de Cancún, Julián Ricalde Magaña, ha decidido sacar de las tinieblas el proyecto del Dragon Mart —el gigantesco centro distribuidor de productos chinos que se intenta construir en Puerto Morelos—, para exponerlo plenamente a la luz pública. De este modo, la comunidad entera, y no solamente algunos funcionarios, podrá conocer con todo detalle ese plan y saber, mediante la opinión de los expertos —arquitectos, urbanistas, biólogos, ecólogos, abogados, etc.— si cumple con la ley como pregonan sus promotores y no dañará el medio ambiente, o si, como dicen sus críticos, es violatorio de las ordenanzas municipales y ocasionará severos problemas ambientales y de otro tipo.

clip_image001En este terreno, ya claramente delimitado y en el que se ha comenzado a abrir las vías de circulación interna aunque aún no se cuenta con permiso de construcción, se pretende edificar el Dragon Mart. Los inevitables rumores dicen que los terrenos vecinos —cuya plusvalía crecería enormemente— ya fueron objeto de acaparamiento por parte de funcionarios públicos de muy alto nivel que apoyan el proyecto.

Para que el proyecto pueda ser conocido por todos los interesados, sometido al escrutinio y análisis de los conocedores y debatido ampliamente con participación de los diferentes sectores de la sociedad, el pasado martes 26 de febrero se instaló un comité integrado por representantes de instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, organizaciones defensoras del medio ambiente y otros grupos representativos de la comunidad. Su cometido será analizar el proyecto para determinar si se ajusta a los lineamientos de la reglamentación municipal y al plan de desarrollo urbano de Cancún. Por limitaciones legales, sin embargo, el comité no podrá hacer —como se ha pedido— un estudio de su impacto socioeconómico.

Pero aun así, su creación constituye, como decíamos, un acto sin precedentes. En los casi 40 años de vida de Quintana Roo como estado y de Cancún como municipio, jamás gobernante alguno sometió a la consideración de sus gobernados, con toda claridad y sin tapujos, un proyecto urbanístico o de otra naturaleza que repercutiría sobre el medio ambiente y la vida de la ciudad y sus habitantes. Siempre las cosas se hicieron —para usar el término de moda—, con total opacidad, a escondidas de la ciudadanía, mediante acuerdos “bajo el agua”, en sesiones de cabildo apresuradas, ocultando información, tergiversándola, disfrazándola o difundiéndola de manera fragmentaria, incompleta y dispersa, y a menudo logrando la aprobación de los proyectos mediante el clásico “madruguete”.

Fue en esas condiciones casi clandestinas y bandidescas, caracterizadas por sobornos y manejos irregulares, que se dio luz verde a numerosos proyectos de desarrollo que tuvieron graves consecuencias sobre los ecosistemas y —especialmente— sobre la vida cotidiana de la gente. Un buen ejemplo de ello fue la amañada aprobación del gran proyecto inmobiliario de Puerto Cancún, que conllevó la destrucción de un extenso humedal que era refugio de grandes cantidades de aves y otros animales y actuaba como regulador de inundaciones. El resultado fue que miles de vecinos de las zonas aledañas ahora sufren cada año inundación de sus calles y viviendas y el deterioro de éstas a consecuencia de la humedad. Y no es casual que —como denunció nuestro periódico—, el artífice de aquella maniobra para autorizar la edificación de Puerto Cancún, Heyden Cebada, entonces director de desarrollo urbano del ayuntamiento cancunense presidido por Francisco Alor Quezada, sea ahora el director de obra del Dragon Mart.

Pero volvamos a este último proyecto. Como es sabido, fue cobijado —a cambio de beneficios económicos personales, dicen las buenas lenguas— tanto por el anterior gobernador, Félix González Canto, como por el actual, Roberto Borge, quienes se apresuraron a otorgarle permisos y autorizaciones. Todo ello se hizo en la forma habitual. Es decir, prácticamente de manera subrepticia, escatimando información pública y a espaldas de la comunidad, a la cual se mantuvo casi a oscuras sobre el asunto. Los datos sólo se fueron conociendo a cuentagotas a medida que subían de tono las protestas y las exigencias de la opinión pública y el caso comenzó a ventilarse a nivel nacional y en el Congreso de la Unión.

Por contraste, en el comité de análisis establecido por el gobierno municipal la información será amplia, detallada, clara y completa, y tienen participación todos los sectores interesados, incluida la propia empresa promotora del Dragon Mart, que tendrá plena libertad para exponer y defender sus puntos de vista. Pero, desde luego, también la obligación de brindar toda la información que se le solicite.

Ciertamente, esta es una nueva y muy laudable manera de gobernar, de cara a la comunidad, no a espaldas de ella, y a la luz pública, no “en lo oscurito”.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Viernes 1 de marzo de 2013.

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