IMPACTO AMBIENTAL
La ley de educación y sus puntos oscuros[1]
Juan José Morales
Una hija de aquel gran dirigente sindical y político que fue Valentín Campa, me relató que una vez, siendo niña, cuando llegó a casa muy orgullosa por haber obtenido las más altas calificaciones en su escuela «”una escuela pública de la barriada obrera donde vivían»”, su padre, tras felicitarla, le dijo: «Mañana, pregunta a tus compañeritos qué desayunaron».
Cuando supo que la mayoría sólo llevaban en el estómago café negro y tortillas tostadas, o si acaso un pan, entendió que Valentín, sin menoscabar su dedicación al estudio, la había puesto ante la realidad de las desigualdades.
La televisión y la mayoría de los periódicos pintan a los maestros como un hatajo de ineptos y holgazanes que se niegan a ser evaluados y en vez de trabajar se lanzan a las calles. Pero hay motivos para que se sientan preocupados y temerosos por las vaguedades y puntos oscuros de la ley del servicio educativo.
Esta anécdota me vino a la memoria a propósito de la evaluación a los maestros, que es el punto central de la llamada reforma educativa. No se puede juzgar con el mismo rasero a maestros que en los lugares donde trabajan cuentan con amplias facilidades para mejorar su preparación académica y mantenerse constantemente actualizados, que a los que residen en sitios donde tales posibilidades son mínimas o ausentes. Tampoco se puede considerar iguales a los alumnos de clase media urbana, bien alimentados, hijos de padres con alto nivel de escolaridad, y a los alumnos de remotas y aisladas escuelas rurales, desnutridos, hijos de campesinos que apenas cursaron unos cuantos grados de primaria.
Ciertamente, la ley del servicio educativo dice que se tomarán en cuenta tales diferencias para juzgar el trabajo docente, pero la experiencia de la Prueba Enlace, uniforme y de aplicación general, no es muy alentadora. Los maestros sienten «”y con razón»” que todo el tiempo estarán trabajando bajo amenaza de despido, con la espada de Damocles de la evaluación pendiente sobre ellos. Una evaluación ya estipulada en la ley y de la cual depende su futuro, pero de la que hasta ahora nadie ha dicho con exactitud en qué consistirá, de modo que a la larga puede convertirse en cualquier cosa.
La ley dice que «el personal con nombramiento definitivo tendrá garantizada su permanencia en el servicio público siempre y cuando se sujete a los procesos de evaluación del desempeño. Cuando se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate deberá incorporarse a los programas de regularización que la autoridad educativa determine, que incluirá un esquema de tutoría». Y si en dos evaluaciones más no logra resultados satisfactorios «en un término no mayor de doce meses», podrá ser despedido «sin responsabilidad para la autoridad».
No hay, pues, tal definitividad en sus nombramientos. Podrán ser echados del trabajo en cualquier momento, y la suerte de millón y medio de maestros dependerá de unos personajes, los evaluadores, de los cuales ya se dijo que serán contratados cinco mil pero de los que nada se sabe: qué preparación académica se les exigirá, cómo trabajarán, qué métodos aplicarán, etc. Los evaluadores, dicho sea de paso, sí tendrán garantizado el empleo, puesto que la ley no menciona que serán sujetos a evaluación periódica. Garantizado el puesto también lo tendrán los «tutores», de los que igualmente se ignora prácticamente todo: sus atribuciones, nivel profesional, grado de autoridad sobre los maestros, responsabilidades, y hasta cuántos serán contratados.
Como se ve, hay mucha vaguedad y muchos detalles oscuros en la ley de educación. Suficientes como para justificar las inquietudes y los temores de los maestros, que con toda razón exigen mayor claridad y que no se les imponga con acciones al vapor como se ha hecho.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Jueves 12 de septiembre de 2013