Una moderna historia de trabajadores esclavos

ESCRUTINIO

Una moderna historia de trabajadores esclavos[1]

Juan José Morales

Oficialmente, en México está prohibida la esclavitud. La abolió Hidalgo a poco más de un mes de iniciada la guerra de independencia. Pero, por increíble que parezca, en la práctica todavía existe. Y no la sufren negros traídos de África como en los viejos tiempos, sino indígenas de Oaxaca y Guerrero principalmente, que cada año migran desde sus comunidades para trabajar como jornaleros agrícolas en los campos del noroeste del país. Ahí, a menudo son sometidos a condiciones de vida y de trabajo que poco o nada se distinguen de la esclavitud. Y eso «”hay que subrayarlo»” no lo afirman izquierdistas exaltados, sino las propias autoridades laborales de Baja California, que no se distinguen precisamente por su parcialidad en favor de los trabajadores.

clip_image002Niño en un campo agrícola del noroeste. Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil, es una realidad cotidiana en esa región, a donde cada año emigran en busca de trabajo, acompañados de sus esposas e hijos, cientos de miles de «oaxaquitos», como se llama despectivamente a los indígenas oaxaqueños.

En efecto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de ese estado acaba de imponer una multa de 1.8 millones de pesos a la empresa productora de aceitunas y aceite de oliva Olivarera Ítalo Mexicana SA de CV, a la que encontraron culpable de mantener a sus peones en verdaderas condiciones de esclavismo laboral.

La situación, dicho sea de paso, se descubrió de manera fortuita, no por una inspección de las autoridades. Agentes del Instituto Nacional de Migración detectaron a tres personas que erraban por la zona desértica de La Salada entre Tecate y Mexicali, y los detuvieron pensando que se trataba de indocumentados centroamericanos que intentaban cruzar a Estados Unidos. Resultó que eran jornaleros que habían huido del campo de la empresa y estaban a punto de morir por insolación y deshidratación. Relataron las increíbles condiciones en que se les mantenía y cuando los agentes federales se apersonaron en el lugar pudieron comprobar que todo era cierto. Así rescataron a cerca de 40 trabajadores que carecían de contratos de trabajo, se les adeudaban salarios de varias semanas, tenían jornadas hasta de 18 horas, había menores de edad trabajando al igual que los adultos, todos dormían en el suelo, no se les proporcionaban alimentos, vivían en deplorables condiciones sanitarias y estaban bajo la constante amenaza de ser despedidos y no poder cobrar sus sueldos si denunciaban los hechos a las autoridades. Varios de ellos pidieron que se les sacara de esa especie de prisión y se les llevara a Mexicali para retornar a su pueblo.

Fue sólo cuando «”fortuitamente, repetimos»” se descubrió todo aquello, que las autoridades estatales de Baja California ordenaron una investigación y se impuso la multa de 1.8 millones a la empresa… que no tardó en reanudar sus operaciones ya que lo que sobra en la región son jornaleros procedentes de zonas indígenas del sur y sureste del país, desesperados por encontrar un empleo, así sea mal pagado y con jornadas agotadoras.

La empresa olivarera es propiedad de empresarios de Nuevo León y Baja California vinculados con el PAN, entre los cuales destaca René Corella Gilsamaniego, ex oficial mayor en el gabinete del Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y actualmente es senador de la República por el PAN.

Las condiciones descubiertas en la Olivarera Ítalo Mexicana SA de CV, por lo demás, son bastante comunes en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California, donde los jornaleros viven y trabajan en similar situación mientras las autoridades laborales, tanto federales como estatales, se hacen de la vista gorda. Y es de explicarse que sufran de ceguera, puesto que aquellas entidades están gobernadas por gente ligada a los grandes empresarios agropecuarios.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 6 de noviembre de 2013

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