ESCRUTINIO
El espectro de la represión sobre Internet[1]
Juan José Morales
En esta época en que la información que se difunde por radio y televisión está controlada por las grandes empresas propietarias de esos medios y por el gobierno mediante contratos de «publicidad», cuando gran parte de la prensa escrita se halla en situación semejante, y las radios comunitarias están sujetas a permisos de operación discrecionalmente otorgados «”o más bien negados»” por el gobierno, la Internet es prácticamente el único medio que queda a la gente para difundir ideas, opiniones, críticas y denuncias. De hecho, el uso de las redes sociales es equivalente a la libertad de prensa.
Pero el gobierno de Peña Nieto está dispuesto a impedir que puedan seguir siendo usadas con ese propósito. Así se manifiesta sin tapujos en diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones que el PRI, con la complicidad del llamado Partido Verde, el Panal y un amplio sector del PAN, pretende aprobar en el Congreso de la Unión.
No sólo en México el gobierno trata de establecer censura y controles policíacos sobre la Internet. Ello también ocurre en otros países, y la sociedad lucha contra tales intentos. En la imagen, una caricatura sobre el tema publicada en España.
Por principio de cuentas, aunque se habla del acceso a la Internet como un derecho, no especifica cómo las personas podrán ejercerlo, con lo cual en la práctica no existe. Tampoco se mencionan en la ley acciones concretas para facilitar el acceso público y gratuito a la Internet. En cambio, ya se ha informado con toda claridad y precisión que el gobierno destinará cuantiosos recursos en la repartición gratuita de 14 millones de dispositivos para captar la televisión digital, a fin de que Televisa y TV Azteca puedan seguir controlando a la audiencia.
Y no sólo no se garantiza el acceso a la Internet, sino que el proyecto de ley contiene numerosas disposiciones tendientes a limitarlo, coartarlo o francamente impedirlo, y a ejercer sobre los usuarios una vigilancia policíaca digna de cualquier dictadura. El artículo 189, por ejemplo, dice que: «Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso los autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad».
Como han hecho notar diversos especialistas, ese artículo permitiría a las policías y las procuradurías estatales acosar y reprimir a quienes usen la Internet para criticar o denunciar a los gobernadores. De hecho, cualquier jefecillo policiaco o burócrata de quinta categoría podrá ejercer tales poderes represivos, ya que la ley se los confiere prácticamente a cualquiera a quien «se delegue esta facultad».
Más aún: el artículo 197 estipula que «las autoridades podrán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes». Es como si se facultara a las autoridades a prohibir la circulación de periódicos y revistas, o a cerrar las imprentas donde se producen. Y también en este caso se deja a criterio de las autoridades decidir cuándo y por qué se impedirá el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión a través de la Internet. Aquí cabe subrayar que esa libertad está claramente establecida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Repito: por cualquier medio de expresión.
El gobierno de Peña Nieto, empero, no tiene empacho en tratar de coartar el ejercicio de ese derecho, pese a que por ser México firmante y garante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos «”que por ello es ya superior a la Constitución»”, está obligado a respetarlos y a permitir su ejercicio irrestricto.
Por supuesto, no es casual que Peña Nieto trate desesperadamente de limitar e impedir el uso de Internet. Sabe muy bien que «”como señalamos al principio»” las redes sociales son casi el único recurso que queda a la gente para difundir ideas y opiniones, y todos los gobiernos opresivos y represivos buscan amordazar a los ciudadanos.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 7 de mayo de 2014