IPN: un desenlace inesperado

ESCRUTINIO

IPN: un desenlace inesperado[1]

Juan José Morales

Confieso que me sorprendieron y desconcertaron tanto el desenlace del conflicto en el Instituto Politécnico Nacional «”ahora descabezado por la renuncia de su directora y de su secretario académico»” como la celeridad con que el gobierno de Enrique Peña Nieto accedió a la demanda de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de que fuera derogado el nuevo reglamento de la institución. Y confieso también que no deja de darme mala espina la facilidad con que se dio marcha atrás en un asunto que se estaba preparando desde hace años y en el cual coinciden PRI y PAN.

En efecto, la adopción del nuevo reglamento se venía cocinando desde 2010, bajo el gobierno de Felipe Calderón, y la encargada de ejecutar los cambios fue precisamente la entonces recién nombrada y hasta hace unos días directora, Yoloxóchitl Bustamante Díez, dentro de los lineamientos de la política neoliberal prianista de gradual privatización de la educación dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, el cual la considera una simple mercancía o servicio y no como un derecho ciudadano.

clip_image001Manifestación contra el nuevo reglamento del IPN. Los intentos por imponerlo los inició en 2010 la entonces recién nombrada directora, Yoloxóchitl Bustamante, por instrucciones de Felipe Calderón. Su iniciativa no prosperó, y tras intentarlo infructuosamente de nuevo, ahora por indicaciones de Peña Nieto, tuvo que renunciar al cargo, igual que Fernando Arellano Calderón, secretario académico de la institución.

Desde ese entonces, empero, hubo oposición a las nuevas disposiciones por parte de los alumnos y los maestros, pues no sólo afectaban sus intereses legítimos, sino que iban contra la esencia misma del IPN, una institución creada por el gobierno de Lázaro Cárdenas con el propósito de facilitar el acceso a la educación superior a los jóvenes de las clases populares y destinado a impulsar la independencia tecnológica y científica del país.

El nuevo reglamento convertía a los alumnos en «usuarios de los servicios educativos» y abría la posibilidad de que, con tal carácter, se les hiciera pagar cuotas pese a que la ley establece que «la educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita».

Con claridad meridiana, el nuevo reglamento intentaba conferir al IPN el carácter de mero apéndice e instrumento del sector empresarial. Mientras el antiguo establecía que las investigaciones científicas y tecnológicas del Politécnico deben contribuir «a mejorar la calidad de vida de la población, y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la Nación», el que se intentó imponer estipula en cambio que deberán contribuir «a la solución de problemas en áreas estratégicas, prioritarias, y otras de interés general», y que es obligación del personal docente «coadyuvar en el fortalecimiento de la innovación y la competitividad empresarial». Las acciones de vinculación, asimismo, deberían orientarse a «fomentar la cultura emprendedora, la incubación de empresas, el incremento de la productividad y la competitividad».

Todo esto va a contrapelo de lo que marca la Ley Orgánica del Instituto, en el sentido de que «el IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación («¦)».

En lo tocante al servicio social que deben prestar los egresados, las modificaciones al reglamento también tendían a desvirtuar su carácter original y ponerlo al servicio, no de la sociedad y del país, sino del gobierno y las grandes empresas. Su propósito, tal como se estableció originalmente en el reglamento, es «retribuir a la sociedad los beneficios de los servicios educativos recibidos», y «desarrollar en los alumnos y egresados un elevado sentimiento de solidaridad social». En cambio, en la intentona de nuevo reglamento se eliminan tales principios y simplemente se dice que el servicio social debe ser realizado «en beneficio del Estado y de la sociedad».

En fin, no vamos a entrar en más detalles. Los reservamos para futuros comentarios en caso necesario. Lo importante por ahora es que pudo ser frenada la pretensión de despojar al Politécnico de su carácter y orientación.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 7 de octubre de 2014

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