Poder y dinero contra libertad de expresión

IMPACTO AMBIENTAL

Poder y dinero contra libertad de expresión[1]

Juan José Morales

Se necesitaría ser en extremo ingenuo para no suponer que el despido de Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, periodistas de la empresa radiofónica MVS no está relacionado con el escandaloso asunto de La Casita Blanca, como bautizó la opinión pública a la opulenta mansión de la esposa del presidente Peña Nieto «”en las fotos de cuyos lujosísimos interiores, dicho sea de paso, no se ve un librero ni por asomo»”, residencia que supuestamente le fue vendida a muy buen precio y en cómodos abonos por la empresa constructora Higa, beneficiada con jugosos contratos gubernamentales por los regímenes del propio Peña Nieto, primero como gobernador del estado de México y luego como presidente de la República. Fue Aristegui quien dio a conocer el caso en su muy escuchado noticiario matutino, con base en la investigación realizada por Lizárraga y Huerta.

clip_image001Esta excelente caricatura que encontramos en el portal de Internet http://hazmeelchingadofavor.com/, resume muy bien lo ocurrido a Carmen Aristegui. En el fondo del asunto está el hecho de que, salvo unas pocas excepciones, los medios de comunicación no son propiedad de periodistas sino de empresarios que los manejan con un criterio puramente mercantil, lo cual incluye venderse al mejor postor o doblegarse ante el gobierno para proteger sus intereses en ese y otros negocios.

Lo que estos despidos evidentemente demuestran es que por parte de los gobiernos del PRI «”no sólo el federal, sino también de diversos estados»” existe la intención de silenciar toda voz crítica y a todo periodista independiente que con sus pesquisas pueda sacar a la luz trapitos sucios del gobierno y los altos funcionarios.

Como bien señaló la agencia Associated Press en una nota sobre el caso, «México ha tenido una historia de sumisión de algunos medios hacia el gobierno en turno», y «el programa de Aristegui había sido un ejemplo de cómo la prensa se estaba volviendo más combativa e independiente».

A eso le teme el gobierno de Peña Nieto. Tiene, no uno, sino muchos asuntos lo bastante turbios como como para tratar de que se mantengan lo más lejos posible del escrutinio público. Sobre todo ahora que se aproximan las elecciones intermedias y hay un creciente y generalizado descontento por la crisis económica y la corrupción. Nuevas denuncias del tipo de la mansión presidencial o de la residencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también sospechosamente vendida por la misma empresa Higa, podrían afectar al PRI. Por eso ahora se refuerzan los controles sobre los medios de comunicación, no sólo desde el gobierno federal, sino también desde las gubernaturas de estados controlados por el PRI y su secuaz el Verde, como es el caso de Quintana Roo. Y no sólo se busca acallar voces críticas en diarios y revistas «”todavía están fresco el recuerdo de la forma en que fue despedida de una estación de radio la excelente periodista Adriana Varillas»”, sino incluso en medios marginales y de reducido impacto sobre la opinión pública, como ocurrió con Pedro Canché Herrera, el activista de Carrillo Puerto encarcelado bajo una ridícula acusación de sabotaje por sus críticas al gobernador a través de la Internet.

Peña Nieto y sus asesores parecen estar dispuestos a perder el poco prestigio que aún le quedara a su gobierno y a enfrentar la oleada de críticas que le acarrearía al gobierno el despido de Aristegui y sus colaboradores. En un hecho inusitado en México, miles de personas se congregaron espontáneamente ante las oficinas de MVS para protestar por el despido de los periodistas, y en Europa y Estados Unidos, el caso ha sido acogido por importantes periódicos de las más diversas tendencias que coinciden sin embargo en un punto: que se trata de una represalia por sus revelaciones. El prestigio «”si es que algo le quedaba»” de Peña Nieto se ha visto menoscabado más todavía.

Pero, insistimos, probablemente no se trata sólo de una venganza por haber exhibido la rampante corrupción del presidente y su grupo. Lo que muchos intuyen, es que Aristegui estaba investigando algún otro asunto igualmente espinoso «”quizá más escandaloso que el de la casita blanca»” y se decidió acallarla preventivamente.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Jueves 19 de marzo de 2015

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