La TV oficial como cómplice de un delito

QUE NO LE DIGAN, QUE NO LE CUENTEN

La TV oficial como cómplice de un delito[1]

Juan José Morales

Una lectora a quien mucho aprecio me ha hecho llegar un comentario acerca de cierta persona que requería tratamiento por algunos problemas emocionales pero, pese a haber sido canalizado para recibir atención médica por parte de un siquiatra calificado y de reconocido prestigio, prefirió ponerse en manos de un brujo o curandero de un pueblo cercano a Mérida, el cual le ha hecho creer que sus males son producto de un maleficio pero que él —el brujo— puede librarlo de tan maligna influencia con ayuda de unas aguas milagrosas.

clip_image001Por si la credulidad humana no fuera suficiente, medios de comunicación oficiales que deberían tener como una de sus prioridades combatir la ignorancia, la superstición, los engaños, la charlatanería, las seudociencias y las creencias mágicas, en vez de cumplir esa tarea hacen exactamente lo contrario. Hace un par de años hablamos de este individuo, que grotescamente ataviado como piel roja de utilería, se anuncia en el canal 13 de Mérida —medio de comunicación gubernamental— ofreciendo talismanes, bebistrajos milagrosos y curas mágicas para todos los males.

Por desgracia, casos de este tipo no son raros. Por lo contrario, son mucho más frecuentes y comunes de lo que uno imagina. Forman legión quienes se dejan embaucar por hechiceros, brujos, videntes, mentalistas, ocultistas, adivinadores, sanadores espirituales y otros charlatanes de similar ralea. En el caso particular que menciona la amiga lectora, la persona que se ha dejado engañar —hay que recalcarlo— no es un ignorante labriego residente en algún remoto y aislado caserío, sino un hombre de negocios citadino, con buen nivel de escolaridad y en apariencia adecuado nivel cultural.

Pero si hay personas que por una u otra razón son engañadas y timadas por esos individuos, es deber de la autoridad tratar de evitar que lo sean. Sin embargo, a menudo se da la situación contraria. Esto es, la propia autoridad facilita su labor a charlatanes y estafadores al promover su actividad.

En esta columna hemos comentado varias veces el caso del canal 13 de televisión de la ciudad de Mérida, que no obstante ser propiedad del gobierno de Yucatán y por tanto tener la responsabilidad de orientar debidamente a los televidentes para que no sean víctima de fraudes y timos, da cobijo dentro de su programación a turbios personajes que se anuncian abiertamente como brujos, adivinos, hechiceros o videntes y aseguran ser capaces de deshacer embrujos, devolver la salud y el bienestar, acabar con la mala suerte, etc. En estricto sentido legal, este medio de comunicación oficial, al ponerse al servicio de timadores, embaucadores, charlatanes y estafadores, se hace cómplice en la comisión de un delito reconocido como tal por el máximo tribunal del país.

En efecto, hace ya cinco años, en julio de 2010, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en el sentido de que la charlatanería debe ser considerada un delito. La resolución fue emitida con motivo de la solicitud de amparo contra la sentencia a ocho años de prisión impuesta, conforme al Código Penal de San Luis Potosí, a un grupo de curanderos de ese estado que habían engañado a diversas personas prometiéndoles, a cambio de fuertes sumas de dinero, curarlas de sus males con brebajes y procedimientos mágicos. Al negar el amparo solicitado, los ministros determinaron que, tal como estipula el código penal potosino, constituye un fraude lucrar económicamente con las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones, curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica.

Tuvieron, sin embargo, buen cuidado los ministros de señalar que el fallo no se refería a las ideas o prácticas de carácter espiritual como tales, sino “al engaño que se da en la falsa oferta de realizar adivinaciones, evocaciones o curaciones, que tiene como consecuencia un traslado patrimonial al explotar las preocupaciones, supersticiones o ignorancia del sujeto pasivo, causándole un detrimento en su haber patrimonial debido al lucro indebido.”

Pues bien, eso —un fraude— es el que cometen los brujos, adivinos y demás individuos similares que día a día se anuncian a través del canal 13 de televisión del gobierno de Yucatán, el cual resulta así cómplice de tal delito.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 11 de junio de 2015

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