Un “brillante” plan que se le revirtió al gobierno

ESCRUTINIO

Un «brillante» plan que se le revirtió al gobierno[1]

Juan José Morales

Ignoro quién fue el autor de la idea, pero lo imagino diciendo algo así como: «Vamos a darle un buen escarmiento a ese tal Canché para que deje de joder con su periodiquito de Internet. Lo acusamos de algo grave para que no pueda salir bajo fianza, lo metemos al bote, alargamos el proceso para tenerlo ahí diez meses o un año, y aunque al final tengamos que soltarlo, ya se habrá pasado todo ese tiempo encerrado y además en la cárcel le podemos dar una buena calentadita.» Así fue como, el 30 de agosto del año pasado, fue detenido en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto Pedro Canché Herrera, acusado «”nada más ni nada menos»” que de sabotaje contra las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de esa ciudad. Y en la cárcel fue golpeado por otros reos, supuestamente sin motivo pero a todas luces como parte de la maniobra en su contra para silenciar su modesta labor como periodista independiente.

clip_image001Pedro Canché en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto. Aun cuando ya un juez había ordenado su liberación, todavía se le retuvo un tiempo tras las rejas mediante la triquiñuela de prolongar los trámites burocráticos.

Las cosas, sin embargo, no resultaron como pensó el autor de tan brillante plan. Al contrario, se le revirtió al gobierno. El encarcelamiento de Canché se convirtió en un escándalo de carácter nacional con repercusiones internacionales y hace unos días culminó con una extensa reprimenda por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a las autoridades judiciales de ese estado y al presidente municipal de Carrillo Puerto. En su recomendación 13/2015 «”que en la práctica tiene carácter de orden inapelable y de cumplimiento obligatorio»” la Comisión pidió no solamente la liberación inmediata de Canché «”quien, por lo demás, ya había sido absuelto por un tribunal al no poderse probar uno solo de los cargos que se le imputaron»”, sino que se le ofrezca una disculpa pública por parte de las máximas autoridades del estado, que se le otorgue una indemnización cuyo monto deberá fijarse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por el tiempo que se le mantuvo arbitrariamente en prisión, y que a los funcionarios públicos que intervinieron en esta serie de atropellos contra Canché se les impartan cursos sobre los derechos humanos y en particular sobre la libertad de expresión.

Conviene subrayar que al estudiar el asunto, la CNDH encontró «”y así lo hace constar en su recomendación»” que las autoridades quintanarroenses cometieron graves violaciones a los derechos humanos de Canché y utilizaron la falsa acusación penal como una manera de coartar su libertad de expresión, procedimiento que ya había sido denunciado en otros casos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre esta temática.

Dice textualmente el documento de la CNDH que «una vez analizadas las constancias que obran en el expediente y de acuerdo con los criterios de la legalidad, la lógica y la experiencia, este Organismo Nacional encuentra elementos suficientes de convicción que acreditan que servidores públicos del Estado de Quintana Roo vulneraron los derechos humanos a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal» de Canché.

Señala también que la acusación de sabotaje contra Canché fue «un medio indirecto para limitar la libertad de expresión, de conformidad con los criterios que sobre tal cuestión han expresado los organismos y tribunales regionales en derechos humanos»¦ puesto que una de las situaciones que se presentan en contra de quien ejerce la libertad de expresión consiste en emplear tipos penales para inhibir sus actividades cotidianas, lo que de conformidad con la Convención Americana constituye un medio indirecto para restringir dicha libertad.»

En fin, por razones de espacio no vamos a entrar en más detalles. El dictamen de la CNDH es contundente en cuanto a que Pedro Canché Herrera fue objeto de una burda maniobra para castigarlo por su actividad como periodista independiente y por sus críticas a las autoridades estatales y municipales.

Pero hasta el momento de escribir estas líneas, ni el gobernador Borge ni ninguno otro de los funcionarios involucrados en el caso ha cumplido la recomendación. Un vocero del gobierno se limitó a decir que ya se envió una respuesta «por correo certificado» a la CNDH, pero no se ha ofrecido la disculpa pública a Canché, no se le ha reconocido su condición de víctima ni, mucho menos, se le ha indemnizado.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 9 de junio de 2015

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