Violencia y represión seudolegal contra los periodistas

ESCRUTINIO

Violencia y represión seudolegal contra los periodistas[1]

Juan José Morales

Vale la pena ahondar sobre el tema que comentamos hace una semana respecto a la represión de que fue objeto Pedro Canché Herrera por parte del gobierno de Quintana Roo y que fuera severamente criticada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que, según se asienta en la resolución de este organismo, el caso trasciende este caso particular y es un ejemplo de la forma en que se coarta y limita la libertad de expresión mediante argucias legaloides.

clip_image002En su reciente informe anual “Estado de censura”, sobre la libertad de expresión en México, la organización Article 19 señaló que según datos de 2014, en nuestro país un periodista es agredido cada 26.7 horas. Esto significa que la situación es mucho peor que en el periodo de Felipe Calderón, cuando se agredía a un comunicador cada 48.1 horas. Ilustración publicada en el portal Plumas Atómicas.

“El ejercicio de la libertad de expresión en México —dice el documento de la CNDH— enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años. Así lo han puesto de relieve diversos documentos de organismos internacionales como el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se menciona que el goce de la libertad de expresión en nuestro país enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los que destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, así como la impunidad generalizada en esos casos.” La situación es tan grave —añade la CNDH— “que desde el año 2000 México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.

A las amenazas, hostigamiento, atentados, asesinatos y otros actos de “violencia física contra periodistas y comunicadores —prosigue el documento— se suman otro tipo de agresiones de tipo indirecto, como la utilización de figuras jurídicas que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión. En las Observaciones Preliminares de la visita conjunta a México de la Relatora Especial de la CIDH y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre esta temática, se menciona que aún existen tipos penales en contra de aquellos que como parte de su actividad abordan y difunden asuntos de interés público, personas que trabajan en radios comunitarias y activistas sociales. De igual manera, los relatores advirtieron con preocupación las acciones legales de carácter civil que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica y que son utilizadas contra periodistas y medios.”

Por eso —se asienta en el documento de la CNDH sobre el caso Canché— tanto la CIDH como las Naciones Unidas “recomendaron de manera conjunta, entre otras cuestiones: i) derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, como los contenidos en algunos códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión; y ii) garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a formas de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo, entre otras cosas, la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.”

El caso de Pedro Canché se inscribe dentro de este tipo de represión y amedrentamiento mediante procedimientos supuestamente legales. Como se recordará, fue detenido, sometido a proceso y encarcelado durante nueve meses —pudo haber permanecido más tiempo en prisión de no ser por la intervención de la CNDH— bajo la acusación de “sabotaje” contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Felipe Carrillo Puerto, cuyas instalaciones jamás fueron atacadas ni sufrieron el menor daño en ningún momento, y sin que Canché hubiera hecho más que filmar y fotografiar una reunión de usuarios que pedían rebaja de tarifas. A todas luces, acusarlo y encarcelarlo tenía el propósito de castigarlo por sus críticas a las autoridades a través de la Internet.

Ciertamente, todavía falta un largo camino por recorrer para superar los obstáculos que diversas autoridades ponen al ejercicio de la libertad de expresión.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 16 de junio de 2015

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