UBER no es exactamente como lo pintan

Fecha de publicación: miércoles 29 de julio de 2015

 

ESCRUTINIO

 

UBER no es exactamente como lo pintan

 

Juan José Morales

Tal como se ha venido manejando la información acerca del servicio de taxis UBER, podría pensarse que el asunto se limita a la ciudad de México y a algunas otras de los estados, y que se trata tan sólo de un enfrentamiento entre taxistas abusivos que quieren mantener sus privilegios y continuar dando un servicio malo e inseguro, y una empresa moderna que ofrece servicio de primera clase en beneficio de los usuarios.

clip_image002El cartel, durante una protesta contra UBER, alude al hecho de que el domicilio legal de esa empresa se halla en el estado norteamericano de Delaware, considerado un paraíso fiscal. Es decir, un sitio en el cual las empresas ahí domiciliadas pueden fácilmente evadir impuestos. Esa es una de las razones por las que en España se prohibió su operación. En Francia, porque los pasajeros no estaban protegidos por un seguro contra accidentes, obligatorio para los taxis regulados por el gobierno.

En realidad, la cuestión es mucho más compleja. Por principio de cuentas, es un servicio que se ha extendido a más de 200 ciudades de 45 países, principalmente de Europa y Estados Unidos. Y la oposición a él no se limita a México, sino también se da en París, Londres y otros muchos lugares donde desde hace largo tiempo han existido magníficos servicios de taxis regulados por el gobierno.

UBER es una empresa transnacional. Fue fundada en 2010 en San Francisco, California, y es muy peculiar, pues no cuenta con vehículos propios ni tiene empleados que presten el servicio, sino que utiliza a personas que en lo individual decidan afiliarse a él bajo determinadas condiciones y acepten cumplir ciertos requisitos, tales como contar con vehículo, teléfono inteligente, tarjeta de crédito, cuenta para realizar depósitos vía electrónica y proporcionar sus datos personales y una serie de documentos exigidos por la compañía. El servicio lo solicita el cliente vía telefónica mediante un sistema de localización, y el pago se abona a la cuenta del chofer a través de la tarjeta de crédito del usuario. UBER es sólo un intermediario y se queda con el 20% de lo pagado.

El problema estriba en que se trata de un servicio sin regulación alguna. De hecho, la política de la empresa se basa en rechazar cualquier intervención gubernamental. Y, obviamente, muy pocos gobiernos aceptan tal cosa, pues no es un simple arreglo entre particulares como alega la empresa, sino un servicio público, que se presta en las calles de las ciudades, se ofrece a millones de personas, involucra el uso de calles y avenidas y en el cual existe una relación directa entre miles de choferes y millones de usuarios.

En el caso de la ciudad de México, los prestadores del servicio UBER no están sujetos a regulación alguna por parte de la autoridad ni pagan los derechos que en cambio sí debe cubrir cualquier propietario de vehículo de servicio público o chofer de taxi. Tampoco están los operadores de UBER sujetos a la supervisión del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México, que hace una evaluación médica integral a los choferes de taxi, verifica que cuenten con la capacitación necesaria y los somete a pruebas de pericia a fin de comprobar que están debidamente capacitados para conducir el vehículo con seguridad y destreza. Todo ello es indispensable para que se les otorgue el llamado tarjetón, el cual tiene una validez de tres años y con el cual quedan autorizados para prestar servicio al público durante ese lapso.

No hace falta decir que los choferes al servicio de UBER no son oficialmente empleados de esa empresa sino «”en teoría»” trabajadores independientes. La compañía, por tanto, no tiene ninguna obligación con ellos en materia de seguridad social, vacaciones o cualquier otra prestación, y puede prescindir de ellos en el momento que lo desee, sin responsabilidad laboral de ningún tipo.

En Francia, Bélgica y España, UBER ha sido prohibido por no ajustarse a la normatividad vigente sobre taxis. El director de la empresa en Francia y el responsable de la misma para Europa Occidental fueron acusados de práctica comercial engañosa, organización de una plataforma ilícita de transporte, y tratamiento ilegal de datos personales. En México, el gobierno del Distrito Federal ha dicho que está dispuesto a permitir su funcionamiento, pero bajo las debidas regulaciones. Sólo falta ver si la empresa estará de acuerdo o insistirá en no aceptar ningún control gubernamental.

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