El misterio de los terrenos públicos de Tajamar

ESCRUTINIO

El misterio de los terrenos públicos de Tajamar[1]

Juan José Morales

Las graves irregularidades cometidas en el caso del Malecón Tajamar de Cancún siguen brotando a la luz pública como hongos después de la lluvia. Ahora se trata del caso, denunciado por la asociación civil Ombligo Verde, de la misteriosa situación de tres lotes de ese lugar, con un total superior a 54 mil metros cuadrados, que legalmente están destinados a parques y equipamiento urbano, pero de los cuales se dice que el actual ayuntamiento pretende vender «”incluso se afirma que ya los vendió»”, sin que éste haya dicho una sola palabra para desmentir los rumores.

Los lotes, con 184 metros de frente a la laguna Nichupté, ocupan una situación privilegiada. Por ello desde un principio han despertado el apetito de gobernantes corruptos y empresarios voraces que tratan de hacer negocio con ellos. Ya en 2009, casi tan pronto los recibió de Fonatur, el ayuntamiento encabezado por el nefasto Gregorio Sánchez (a) Greg, acordó venderlos, pero la mencionada asociación Ombligo Verde «”que debe su nombre a la exitosa defensa legal que hizo de los terrenos así llamados, que Greg también devastó y pretendió regalar en parte a la opulenta congregación de los Legionarios de Cristo»” presentó una demanda ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo pidiendo la nulidad del mencionado acuerdo. El tribunal falló contra el ayuntamiento, y de ese modo pudo evitarse que se consumara el despojo.

clip_image001El cuadro rojo marca los terrenos del Malecón Tajamar destinados a parques y equipamiento urbano «”54 mil metros cuadrados»” que, según se dice, pretende vender o ya vendió subrepticiamente el ayuntamiento de Cancún pese a que existe una prohibición expresa por parte del tribunal superior de justicia del estado.

Así quedaron las cosas desde entonces. Los terrenos siguen siendo propiedad pública y por tanto no pueden venderse. Pero, muy sospechosamente, esos lotes fueron los primeros en ser arrasados en la aparatosa maniobra que al amparo de las sombras, la noche del 15 al 16 de enero, con maquinaria pesada y el apoyo de cientos de policías, realizaron las autoridades en ese lugar. A los ojos de muchos, eso fortalece los rumores de que los lotes fueron ilegalmente vendidos, en una operación que involucraría a muy altos funcionarios del gobierno estatal y municipal.

Sea como sea, hasta ahora no ha habido una declaración pública de ninguna autoridad para aclarar la situación de esos valiosísimos y costosísimos terrenos. Valiosísimos desde el punto de vista ambiental, y costosísimos en términos de pesos y centavos. Si se equiparan con los de Puerto Cancún, que se venden a mil dólares el metro cuadrado, estamos hablando de 54 millones de dólares; cerca de mil millones de pesos al tipo de cambio actual.

Para facilitar la pretendida pero ilegal venta de esos terrenos, el actual ayuntamiento de Cancún ha recurrido a una triquiñuela legaloide: con el añadido de una sola palabra, los convirtió, de áreas de equipamiento urbano «”escuelas, parques, áreas verdes, zonas de recreación, etc.»” a equipamiento urbano comercial.

Por cierto, y dicho sea de paso, en aquel entonces el ayuntamiento encabezado por Greg Sánchez trató de desestimar la demanda de Ombligo Verde alegando que no basta ser residente del municipio Benito Juárez para verse afectado por un acto de la autoridad, sino que se debe ser específicamente residente del área afectada por ese acto. Era un argumento absurdo, fuera de toda lógica, pues en el malecón Tajamar no vive nadie. Según tal criterio, nadie tendría derecho a reclamar por las ilegalidades y arbitrariedades que ahí cometieran las autoridades. Por eso el tribunal desechó tan peregrino punto de vista. Pero, además, sentó un precedente al dictaminar que Tulio Arroyo, representante de Ombligo Verde AC, en su calidad de residente de Cancún «”y por ende cualquier otro residente de la ciudad, viva donde viva»”, tiene el derecho de disfrutar áreas verdes y áreas comunes y ello le confiere interés legítimo ante actos de la autoridad y puede demandar su nulidad.

Pero no tiene caso profundizar en estos detalles legales. Lo importante es que el tribunal bloqueó la venta de esos terrenos. En estricto apego a la ley, no pueden venderse. ¿Habrá que iniciar otra batalla legal para rescatarlos?

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 3 de febrero de 2016

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