Nuevo y turbio negocio: los verificentros

IMPACTO AMBIENTAL

Nuevo y turbio negocio: los verificentros[1]

Juan José Morales

En un lapso de 48 horas, en días recientes, encontré en la prensa dos noticias procedentes de otras tantas ciudades, muy parecidas entre sí: en Orizaba, Veracruz, hubo una manifestación de protesta por la tremenda corrupción imperante en los llamados centros de verificación vehicular. Y en Morelos, se anunció que se investigará a tales establecimientos por la verdadera catarata de denuncias sobre»¦ corrupción, por supuesto.

clip_image002Con casi 600 mil automotores registrados en Quintana Roo, la verificación obligatoria de los mismos será un suculento negocio de cientos de millones de pesos para quienes «”»en lo oscurito»»” se agenciaron la concesión de los verificentros y representará un nuevo golpe a la economía de los quintanarroenses, amén de una nueva fuente de corrupción, como ha ocurrido en otros lugares del país. Veracruz, por ejemplo, entidad a la que corresponde la imagen.

Al leerlas, no pude menos que prever el sombrío futuro que en ese aspecto espera a los propietarios de vehículos en Quintana Roo si el llamado Partido Verde y el PRI triunfan en las elecciones del próximo 5 de julio en este estado.

En efecto, ambos partidos «”con el apoyo del Panal»” aprobaron establecer la verificación vehicular. Es decir, la obligación de que todos los automotores se sometan periódicamente a revisión para comprobar que no exceden límites de emisión de contaminantes.

A primera vista, tal disposición puede parecer una medida destinada a proteger el medio ambiente y la salud de los quintanarroenses. Pero si se le rasca un poco al asunto, se advierte que en realidad no es sino otro de esos sucios negocios a que ya nos tienen acostumbrados los gobernantes.

Fue en diciembre de 2011 cuando el congreso del estado, sin mayor análisis ni discusión, y con el voto mayoritario y mecánico del PRI y sus satélites Verde y Panal, aprobó establecer la verificación vehicular. Al mismo tiempo, «en lo oscurito», sin licitación alguna, se otorgó la concesión para operar 12 estaciones de comprobación de vehículos, los denominados verificentros. Nadie sabe en qué términos se otorgaron las concesiones, a quién o quiénes se le dieron, ni detalle alguno sobre el particular. Pero no se necesita demasiada imaginación para imaginar que los beneficiarios de las concesiones fueron políticos influyentes, ya sea directamente o a través de prestanombres. De hecho, la opinión popular es que se trata de un negocio de miembros del llamado Partido Verde. Y tampoco se requiere mucha imaginación para anticipar que los verificentros, además de ser un jugoso negocio, serán una fuente de corrupción, como ha ocurrido en muchos lugares del país.

Para justificar la verificación obligatoria, se adujo que durante los últimos años el número de vehículos registrados en Quintana Roo «ha experimentado un crecimiento acelerado, con el consecuente aumento en los índices de contaminación ambiental por la emisión de gases derivados de la combustión de hidrocarburos, la cual se debe frenar para evitar que en breve tiempo se afecte de manera irreversible la flora y fauna y se causen graves problemas de salud a la población». Sin embargo, no se presentó ningún estudio o dato concreto que respalde esa truculenta afirmación de que los quintanarroenses se hallan a punto de morir asfixiados por los letales gases de escape de los automóviles.

Mérida es otra ciudad peninsular donde el parque vehicular ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas y existen evidentes problemas de contaminación en una amplia zona de la ciudad. Sin embargo, ni las autoridades municipales ni las estatales han establecido la verificación obligatoria para los vehículos particulares, sino únicamente para los de transporte público, tanto estatal como federal. Como declaró hace unos días Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno yucateco, más que implantar la verificación obligatoria hay que buscar soluciones que reduzcan la contaminación, como el mejoramiento de los servicios de transporte urbano o apoyo a los propietarios de vehículos viejos para que puedan mejorarlos y así reducir la emisión de contaminantes.

Como decíamos, la verificación obligatoria fue establecida, mediante un clásico «albazo» legislativo, hace cuatro años, al mismo tiempo que se otorgaban las concesiones para los verificentros. Hasta entonces, tal disposición no se ha puesto en vigor, pero se sabe que ya están construyéndose las primeras estaciones de verificación y que el golpe a los propietarios de automóviles se les asestará después del 5 de julio, una vez pasadas las elecciones.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 4 de abril de 2016

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