Un caso de delincuencia institucionalizada

ESCRUTINIO

Un caso de delincuencia institucionalizada[1]

Juan José Morales

Hace un par de años, cierta persona que conozco tuvo un problema por la propiedad de un terreno en Quintana Roo. Para su sorpresa, el abogado a quien consultó «”que le había sido recomendado como experto en tales casos»”, le sugirió presentar una demanda laboral contra la persona que le disputaba el inmueble. «Así se lo quitamos sin mayor problema», le dijo.

Aquello le pareció muy extraño a la persona afectada y le hizo pensar que el abogado era un total incompetente, pues se trataba de un asunto civil, no laboral. Pero hace poco, al leer un reportaje de la revista Expansión en alianza con la cadena noticiosa internacional CNN, entendió la razón de tal sugerencia.

Resulta que, como señala el reportaje, obra de Mariel Ibarra y Silber Meza, los falsos juicios laborales han servido durante años como un mecanismo para despojar de terrenos, casas, departamentos y otras propiedades a muchísimas personas en Quintana Roo.

El mecanismo es muy simple: uno o más supuestos trabajadores demandan por despido injustificado al propietario de esos inmuebles y le reclaman el pago de salarios caídos. Pero no por unos miles o decenas de miles de pesos, sino por sumas astronómicas, pues afirman que sus salarios eran del orden de cientos de miles de pesos mensuales. El demandado ni siquiera se entera de que lo ha sido, y por supuesto no responde, con lo cual el juicio sigue su curso, lo pierde por no defenderse, y finalmente se ordena embargar la propiedad o el negocio para «pagar» al o los trabajadores las millonarias cantidades a las que para entonces ascienden los salarios caídos.

imageUno de los muchos desalojos de pequeños hoteles que, con auxilio de la fuerza pública, se han venido realizando en la zona de Tulum, muchos de ellos so pretexto de ejecutar laudos derivados de juicios laborales.

Por supuesto, para que todo esto pueda hacerse «en lo oscurito», como reza la expresión popular, se requiere el contubernio de las autoridades laborales, que se encargan de llevar adelante todas las etapas del juicio sin notificar al demandado pero haciendo creer que lo fue y no respondió. Según el reportaje de Expansión-CNN, esta red de complicidades está integrada por muy altos funcionarios del gabinete y diversas dependencias del gobierno de Roberto Borge, desde el secretario y el subsecretario del Trabajo, hasta el director del Registro Público de la Propiedad, pasando por presidentes de juntas locales de conciliación y arbitraje, amén de notarios que se encargan de realizar rápida y expeditamente el traslado de dominio de los bienes objeto del despojo. Y, por supuesto también, no ha podido operar sin el conocimiento o el apoyo del gobernador.

Uno de los más recientes y sonados casos de este tipo es el ocurrido a principios de este mes, en el que fueron desalojados los huéspedes y propietarios de 16 pequeños hoteles en la zona de Punta Piedra, en el municipio de Tulum, en cumplimiento de un supuesto y confuso fallo laboral. Este asunto incluso motivó airadas protestas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y la petición al gobierno mexicano, por parte de al menos tres embajadas cuyos nacionales resultaron afectados, de que se esclarezca la cuestión.

Pero no se trata de uno o unos pocos casos aislados. Ha habido otros muchos, los cuales se han venido denunciando infructuosamente durante años, incluso por parte de prominentes empresarios de Quintana Roo, como Francisco Córdova Lira.

Ciertamente, vale la pena investigar a fondo esta trama, que «”a juzgar por lo que se relata en el reportaje de Expansión-CNN»” tiene características de delincuencia organizada. Más aún: de delincuencia institucionalizada, organizada y coordinada por funcionarios públicos mediante una amañada aplicación de las leyes.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 19 de julio de 2016

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