Un frustrado negocito de cientos de millones anuales

ESCRUTINIO

Un frustrado negocito de cientos de millones anuales[1]

Juan José Morales

Todo estaba listo para que, tras las elecciones locales en Quintana Roo y la toma de posesión del nuevo gobierno, se pusiera en marcha un suculento negocio que costaría a los propietarios de automóviles muchos cientos de millones de pesos anuales, los cuales irían a parar a los bolsillos de políticos influyentes, y fomentaría todavía más la corrupción.

Nos referimos a la verificación vehicular obligatoria, que fue aprobada durante el gobierno de Roberto Borge por la legislatura del estado con los votos de —por supuesto— la dupla PRIVerde, apoyada por el Panal.

Como decíamos el pasado 4 de abril, a la vez que se aprobaba la verificación obligatoria, se otorgaron “en lo oscurito”, sin que mediara licitación alguna y por asignación directa, las concesiones para operar una docena de estaciones de comprobación de vehículos, los denominados verificentros, todos los cuales, curiosamente, tenían un mismo representante legal que nadie conocía. Añadíamos entonces que “no se informó en qué términos se otorgaron las concesiones, a quién o quiénes se le dieron, ni detalle alguno sobre el particular. Pero no se necesita demasiada imaginación para imaginar que los beneficiarios de las concesiones fueron políticos influyentes, ya sea directamente o a través de prestanombres.”

imageDesde un principio hubo oposición al negocio de la verificación obligatoria en Quintana Roo, que fue entregado a misteriosos empresarios privados. Curiosamente, todos los llamados verificentros, aunque con muy distintas razones sociales y ubicados en diferentes ciudades del estado, tenían idéntico representante legal un tal Moisés Ordóñez Ordóñez, idéntico domicilio fiscal en la ciudad de México, e idéntico número telefónico, también en la capital de la República. Más turbio no podía ser el asunto.

En pocas palabras: aquello era otro de los negocios transexenales de la mafia que durante los últimos tiempos gobernó Quintana Roo. Cada seis meses, los propietarios de automotores tendrían que desembolsar entre 300 y 500 pesos para pagar a los dueños de los verificentros por una inspección totalmente inútil e injustificada, pues no hay una contaminación apreciable del aire en las ciudades quintanarroenses.

Eso en el supuesto de que las cosas se hicieran correctamente, pero ya sabemos que cuando de extorsionar se trata…

Para tener una idea de la magnitud del negocito, basta señalar que el año pasado había ya 600 mil vehículos registrados en Quintana Roo. Tan sólo un cobro promedio de 400 pesos por unidad representaría para los dueños de verificentros un ingreso bruto de 240 millones de pesos semestrales; casi 500 millones anuales. Ciertamente, una cantidad como para hacerle agua la boca a cualquiera.

Todo estaba ya muy bien armado, con la seguridad de que la mancuerna PRI-Verde triunfaría en las elecciones y ocuparía la gubernatura su abanderado Mauricio Góngora, quien se encargaría de ponerlo en marcha. Pero las cosas no resultaron así. El vencedor fue Carlos Joaquín, quien entre otras cosas ha comenzado a desmantelar los mecanismos armados por Borge y sus secuaces para garantizarse impunidad después de dejar el poder y para seguir obteniendo cuantiosas ganancias.

Así fue como se frustró esa verdadera exacción que significaba la verificación obligatoria de automotores. Como informó recientemente el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, ya se ha descartado dicha medida, sobre la cual comentó que no se justifica, dado que el problema de contaminación en Quintana Roo no es del aire, sino del agua, tanto de los mantos freáticos como de la zona marina aledaña al litoral.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 8 de noviembre de 2016

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