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Mariguana legal y mariguana ilegal

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Mariguana legal y mariguana ilegal[1]

Juan José Morales

Hace poco me topé con una noticia que ilustra muy bien la confusa y contradictoria situación que existe actualmente respecto al consumo de mariguana: a una pareja de turistas que llegó a Cancún, se le encontró durante la revisión aduanal de su equipaje un paquetito con 37.5 gramos de la hierba. De inmediato se les puso en manos de la policía federal, acusados de tráfico de estupefacientes. Ignoro qué suerte corrieron en manos de policías, agentes del ministerio público, abogados, autoridades carcelarias y presos, pero es de imaginarse.

Los dos turistas procedían del estado norteamericano de Washington, donde la posesión y consumo de mariguana para usos recreativos es legal. Pero en México no. Como tampoco lo es en otros estados norteamericanos. O, para decirlo en otros términos: basta cruzar una frontera o un límite estatal, para que lo que de un lado es perfectamente legal, se convierta en un delito.

Y la confusión sigue creciendo. En las elecciones del pasado 8 de noviembre, además de elegir presidente y miembros de las cámaras, los votantes norteamericanos de los estados de California, Massachusetts, Maine y Nevada aprobaron la legalización del consumo de mariguana con fines recreativos. Con ello, se duplicó el número de estados en que se permite. Los otros son Colorado, Alaska, Washington y Oregon.

Igualmente es legal hacerlo en el distrito de Columbia, donde tiene su sede la capital del país, Washington.

imageEste mapa de Statista, con datos del diario The New York Times, muestra que son ya dos docenas de estados en EU donde se permite el uso legal de mariguana con fines médicos o recreativos. La tendencia, por lo demás, sigue en ascenso. Una reciente encuesta del instituto Gallup mostró que el 60% de los norteamericanos considera que su consumo debe legalizarse, contra sólo 31% hace 15 años.

En la misma elección, en otros cuatro estados —Arkansas, Florida, Montana y Dakota del Norte— los votantes aprobaron el uso con fines medicinales de la mariguana.

Hay, desde luego, limitaciones. No se permite, por ejemplo, fumarla en público, ni tampoco manejar un vehículo bajo sus efectos. Pero la tendencia general en Estados Unidos es a la despenalización de su consumo, para ubicarla en la misma categoría de sustancias psicoactivas que el alcohol. Y es que, pese a las prohibiciones y la persecución de que son objeto los consumidores y vendedores, cada vez es mayor el número de estadounidenses que la consumen regularmente. Un reciente estudio del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos 22 millones de personas dijeron haberla fumado durante el mes anterior a la encuesta.

Por otro lado —y esta es quizá la vertiente más importante del asunto—, las autoridades de muchos estados parecen estar llegando a la conclusión de que en vez de gastar grandes cantidades de dinero, tiempo y esfuerzos para perseguir, atrapar, enjuiciar y encarcelar a los vendedores y consumidores de mariguana, es mejor incorporarlos a la economía formal, con todas las ventajas que ello implica en materia de recaudación de impuestos.

En el caso de California —estado que, dicho sea de paso, fue el primero en autorizar el uso de mariguana con propósitos médicos, hace 20 años—, se espera no sólo reducir drásticamente los arrestos por venta y consumo de estupefacientes, sino recaudar unos mil millones de dólares en nuevos impuestos. Parte de ese dinero se destinará a programas de rehabilitación de consumidores de drogas “duras”.

Esa es, pues, la tendencia en Estados Unidos, y seguramente México no tardará en seguirla. Sólo falta ver qué hará Donald Trump, para quien el problema de las drogas no es de carácter médico sino policíaco.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 22 de noviembre de 2016

Las minorías y el espectro del racismo en EU

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Las minorías y el espectro del racismo en EU[1]

Juan José Morales

Una de las consecuencias que muy probablemente tendrá el triunfo de Donald Trump será un agravamiento de las tensiones raciales, que ya de por sí habían venido manifestándose en los últimos tiempos con los disturbios por las muertes a manos de la policía de ciudadanos negros, que se sienten hostigados, acosados y perseguidos por el color de

su piel.

imageEn Estados Unidos se utiliza el acrónimo WASP para designar a los blancos (whites), anglosajones (anglosaxons) y protestantes de posición económica acomodada, que se consideran a sí mismos los únicos norteamericanos auténticos y por ende superiores a cualquier otro grupo étnico. Los wasps han sido tradicionalmente quienes encabezan los movimientos racistas y xenófobos, como el Ku Klux Klan.

Decimos esto por dos razones: en primer término, por el discurso de odio que Trump manejó durante su campaña electoral contra los latinos y contra los musulmanes, a los que —sin pensar en sus compatriotas que profesan ese credo religioso— parece concebir únicamente como extranjeros de origen árabe que quieren invadir Estados Unidos. En segundo lugar, porque esa mayoría blanca a la que se dirigió esencialmente Trump, se siente cada vez más en peligro por el crecimiento de otras minorías étnicas.

En efecto, una reciente investigación del Centro para Estudios de Inmigración de Estados Unidos reveló que en ese país el número de personas que utiliza en casa una lengua diferente al inglés se ha triplicado desde 1980. A la fecha, son en total 64.7 millones. De ellas, 40 millones hablan español, un idioma que es actualmente muy frecuente escuchar prácticamente en cualquier ciudad norteamericana tanto de California, Texas y nuevo México como de otras regiones del país, donde existen importantes núcleos de población de origen latinoamericano, tanto inmigrantes recientes como de segunda, tercera y hasta cuarta generación.

En los estados de Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, se registró un 31% de personas que en casa hablan otro idioma además o en lugar del inglés, sobre todo español.

El aumento ha sido espectacular durante las últimas décadas. De hecho, esos 64.7 millones de personas que hablan en el hogar una lengua diferente al inglés representan más del triple de los 20 millones que había en 1980 y más del doble de los 31.8 millones registrados en 1990.

Si se considera la población total de Estados Unidos, resulta que en la actualidad uno de cada cinco habitantes del país —el 21.5%— habla

otra lengua además del inglés o en vez de éste. En 1980, el porcentaje era de sólo 11%.

Por supuesto, el español no es el único de tales idiomas. De acuerdo con el estudio, el segundo lugar lo ocupa el chino —aunque no se especifica si sólo mandarín o también otras lenguas chinas—, con un total de tres millones de personas. Hay igualmente 1.2 millones de habitantes de Estados Unidos que hablan árabe en casa, y 1.3 millones que utilizan el francés. Pero quizá a muchos les sorprenda saber que ambas lenguas, el árabe y el francés, son superadas por el tagalo, la lengua hablada en Filipinas, que en los hogares norteamericanos emplean cotidianamente 1.7 millones de personas. En cambio, no ha de parecer extraño que haya 1.5 millones hablantes de vietnamita, pues después de la guerra de Vietnam hubo una gran afluencia de refugiados de ese país.

Quizá lo más interesante del asunto es que el número de habitantes de Estados Unidos de origen no anglosajón está aumentando tan rápidamente que, según algunas previsiones, para 2050 el país estará constituido únicamente por minorías. Es decir, no habrá —como ahora— más de 50% de blancos, sino que éstos también serán minoría, al igual que los negros, latinos, árabes, asiáticos y otros grupos étnicos.

Y, como decíamos, ciertos sectores de la población blanca consideran eso una amenaza a la supremacía que han ejercido durante generaciones y es muy probable que, azuzados por los discursos de Trump, enciendan nuevamente la mecha de los conflictos étnicos.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 15 de noviembre de 2016

La espinosa relación entre prensa y gobierno

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La espinosa relación entre prensa y gobierno[1]

Juan José Morales

Un tema por naturaleza delicado y espinoso, es el de la relación del gobierno con la prensa. Y es que tan condenable resulta que la autoridad hostigue, persiga y reprima a los periodistas y los medios de comunicación para impedir que publiquen información crítica o desfavorable a ella, como destinar dinero del erario para comprar noticias y opiniones favorables. Ambos extremos constituyen en última instancia formas de censura y privan a la comunidad de su derecho a recibir información real y objetiva.

Esta reflexión viene a cuento con motivo de lo que está ocurriendo en Quintana Roo, donde tras el cambio de gobernador, diputados y presidentes municipales, se han publicado listas de medios informativos y de periodistas que recibían dinero —en algunos casos muy gruesas sumas— del gobierno de Roberto Borge y de varios ayuntamientos. Ello ha llevado a una polarización de puntos de vista sobre el particular: por un lado, hay opiniones en el sentido de que el gobierno no debe pagar un solo centavo por publicidad oficial. Por el otro, hay quienes dicen que privar a los medios de tal publicidad es una manera de ahogarlos y someterlos.

Y no han faltado quienes afirman que la publicación de las listas arriba mencionadas expone al desprestigio y la vergüenza pública a los periodistas.

Mi muy personal punto de vista es que ni se debe negar tajante y absolutamente la publicidad oficial a los medios, ni —mucho menos—, otorgarla con tal munificencia que constituya el único sostén económico de diarios, revistas y estaciones de radio y televisión, porque en tal caso se convertirían en simples apéndices del gobierno y perderían su independencia y credibilidad. Puede y debe haber publicidad oficial, dado que las entidades públicas requieren informar sobre ciertas cuestiones.

imageComo muestra la ilustración, tomada del portal argentino de Internet Intolerancia, la libertad de prensa no se limita a poder escribir lo que se nos antoje, sino tiene un gran número de aristas, como la imparcialidad, la objetividad, veracidad, profesionalismo, transparencia y otras más.

Pero esa publicidad debe manejarse con absoluta claridad y transparencia. Los contratos entre los distintos niveles de gobierno y los medios de comunicación deben ser públicos, a disposición de cualquier persona u organización que desee consultarlos, y en ellos especificarse sin ambages ni vaguedades cuáles son los compromisos, responsabilidades y obligaciones de ambas partes.

Por supuesto, esto no implica que toda información proveniente del gobierno deba publicarse previo pago. Ello también es noticia, y darlo a conocer forma parte de las obligaciones y responsabilidades de los medios de comunicación de mantener a sus lectores y a su audiencia debidamente informados sobre lo que las autoridades hacen.

La revista Contenido, de la cual fui redactor por muchos años, tenía una norma muy clara al respecto: los reportajes pagados por alguna empresa o institución pública para promover su imagen o sus productos o para informar sobre algo que considerara importante, se publicaban marcados como publirreportajes. Es decir, reportajes publicitarios. Eran trabajos periodísticos hechos con toda seriedad y calidad profesional para que los lectores los encontraran atractivos, pero se dejaba muy claro su origen, para no engañar a nadie.

Creo que en estos tiempos de cambios políticos es conveniente establecer una relación clara y abierta entre gobierno y medios de comunicación, una relación que no se preste a suspicacias o malos entendidos y lo bastante transparente para poder ser sometida al escrutinio de la ciudadanía.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 16 de noviembre 2016

Un frustrado negocito de cientos de millones anuales

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Un frustrado negocito de cientos de millones anuales[1]

Juan José Morales

Todo estaba listo para que, tras las elecciones locales en Quintana Roo y la toma de posesión del nuevo gobierno, se pusiera en marcha un suculento negocio que costaría a los propietarios de automóviles muchos cientos de millones de pesos anuales, los cuales irían a parar a los bolsillos de políticos influyentes, y fomentaría todavía más la corrupción.

Nos referimos a la verificación vehicular obligatoria, que fue aprobada durante el gobierno de Roberto Borge por la legislatura del estado con los votos de —por supuesto— la dupla PRIVerde, apoyada por el Panal.

Como decíamos el pasado 4 de abril, a la vez que se aprobaba la verificación obligatoria, se otorgaron “en lo oscurito”, sin que mediara licitación alguna y por asignación directa, las concesiones para operar una docena de estaciones de comprobación de vehículos, los denominados verificentros, todos los cuales, curiosamente, tenían un mismo representante legal que nadie conocía. Añadíamos entonces que “no se informó en qué términos se otorgaron las concesiones, a quién o quiénes se le dieron, ni detalle alguno sobre el particular. Pero no se necesita demasiada imaginación para imaginar que los beneficiarios de las concesiones fueron políticos influyentes, ya sea directamente o a través de prestanombres.”

imageDesde un principio hubo oposición al negocio de la verificación obligatoria en Quintana Roo, que fue entregado a misteriosos empresarios privados. Curiosamente, todos los llamados verificentros, aunque con muy distintas razones sociales y ubicados en diferentes ciudades del estado, tenían idéntico representante legal un tal Moisés Ordóñez Ordóñez, idéntico domicilio fiscal en la ciudad de México, e idéntico número telefónico, también en la capital de la República. Más turbio no podía ser el asunto.

En pocas palabras: aquello era otro de los negocios transexenales de la mafia que durante los últimos tiempos gobernó Quintana Roo. Cada seis meses, los propietarios de automotores tendrían que desembolsar entre 300 y 500 pesos para pagar a los dueños de los verificentros por una inspección totalmente inútil e injustificada, pues no hay una contaminación apreciable del aire en las ciudades quintanarroenses.

Eso en el supuesto de que las cosas se hicieran correctamente, pero ya sabemos que cuando de extorsionar se trata…

Para tener una idea de la magnitud del negocito, basta señalar que el año pasado había ya 600 mil vehículos registrados en Quintana Roo. Tan sólo un cobro promedio de 400 pesos por unidad representaría para los dueños de verificentros un ingreso bruto de 240 millones de pesos semestrales; casi 500 millones anuales. Ciertamente, una cantidad como para hacerle agua la boca a cualquiera.

Todo estaba ya muy bien armado, con la seguridad de que la mancuerna PRI-Verde triunfaría en las elecciones y ocuparía la gubernatura su abanderado Mauricio Góngora, quien se encargaría de ponerlo en marcha. Pero las cosas no resultaron así. El vencedor fue Carlos Joaquín, quien entre otras cosas ha comenzado a desmantelar los mecanismos armados por Borge y sus secuaces para garantizarse impunidad después de dejar el poder y para seguir obteniendo cuantiosas ganancias.

Así fue como se frustró esa verdadera exacción que significaba la verificación obligatoria de automotores. Como informó recientemente el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, ya se ha descartado dicha medida, sobre la cual comentó que no se justifica, dado que el problema de contaminación en Quintana Roo no es del aire, sino del agua, tanto de los mantos freáticos como de la zona marina aledaña al litoral.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 8 de noviembre de 2016

Los establos de Augías y los establos de Borge

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Los establos de Augías y los establos de Borge[1]

Juan José Morales

En la mitología griega se habla de los doce trabajos encomendados a Hércules, como sinónimo de tareas que por su magnitud o alto grado de dificultad se antojan imposibles. Una de tales tareas, la quinta, consistía en limpiar en un solo día los establos del rey Augías, donde por años se había acumulado el estiércol de centenares de toros.

La referencia a este mito es para comparar los establos de Augías con lo que podríamos llamar los establos de Roberto Borge, el ex gobernador de Quintana Roo. Es decir, las diferentes dependencias de su gobierno, donde a lo largo de seis años se fue acumulando tal cantidad de podredumbre derivada de la rampante corrupción característica de su mandato, que limpiar aquel estercolero se antoja misión imposible. Sobre todo porque durante todo ese tiempo Borge gozó de la tolerancia, el encubrimiento o la franca complicidad no sólo de los altos y medianos funcionarios de la administración estatal, sino también de las autoridades federales.

Durante todos esos años, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación no movió un dedo para constatar la forma en que el gobierno de Quintana Roo aplicaba los recursos económicos federales que se le entregaban, pese a que era público y notorio el catastrófico endeudamiento del estado, sin que hubiera obras públicas o de cualquier otro tipo que lo justificaran y que en los círculos políticos y en los medios de comunicación, menudeaban las denuncias sobre malos manejos y desvío de recursos.

imageEn un solo día, Hércules pudo limpiar los establos de Augías cosa que no se había hecho jamásgracias a su ingenio: desvió los ríos Alfeo y Peneo de tal modo que su corriente atravesó los establos y barrió con la inmensa cantidad de estiércol acumulado en ellos durante años. Habrá que buscar una solución parecida para barrer la podredumbre en los establos de Borge.

Tampoco hubo autoridad alguna que moviera un dedo a lo largo de esos años para investigar las denuncias —hechas incluso por cónsules de diferentes países— sobre los despojos de dinero, empresas y bienes inmuebles que se cometían al amparo de falsas demandas laborales. Sencillamente, se dejó que la descomposición continuara avanzando como la gangrena, sin hacer el menor esfuerzo por detenerla. Se llegó así a un punto en que —como señalábamos hace poco a propósito de los despojos mencionados —, ya podía hablarse no de delincuencia organizada, sino institucionalizada. Las propias dependencias gubernamentales y las propias leyes habían sido pervertidas para convertirlas en mecanismos delictuosos.

La complicidad desde lo más alto del poder —repetimos— era más que evidente. No debe olvidarse que el propio presidente Peña Nieto se refería a Borge —al igual que a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz—, como uno de los representantes del nuevo PRI. De ese nuevo PRI que ahora su nuevo secretario general dice que será saneado para evitar la corrupción.

En el mito helénico, Hércules pudo limpiar en un solo día los establos de Augías. Limpiar los establos de Borge no podrá hacerse en tan poco tiempo. La tarea será larga y difícil. La densa red de encubrimiento y complicidades, y el gran número de participantes en el saqueo y los delitos cometidos durante los últimos sexenios, han facilitado la desaparición de documentos comprometedores, y hay tal desorden y confusión en los archivos, que resulta en extremo difícil encontrar puntas de hilos que permitan desenredar madejas.

Difícil, sí, pero no imposible. Sólo está por verse si Borge continuará cobijado bajo el paraguas protector del gobierno de Peña Nieto.

Por desgracia, no soy muy optimista al respecto. Se dice que como primer paso se ha iniciado —y espero que sea cierto— una investigación a fondo para anular los falsos juicios laborales con los que se despojó a docenas de empresarios, y que rodarán cabezas. Pero me temo que finalmente las testas que rueden serán de funcionarios menores.

¿Usted, qué opina?

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 9 de noviembre de 2016