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Morena y su “rifa de candidaturas”

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Morena y su “rifa de candidaturas”[1]

Juan José Morales

El procedimiento sui generis, sin precedente en la política mexicana, que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) utilizó para nombrar candidatos a diputados en las próximas elecciones federales y que incluyó un sorteo para definir quiénes serían designados, ha sido objeto de comentarios despectivos y burlones. Se dice que aquello fue una tómbola de feria, una vulgar rifa en la que —como en un sorteo de la lotería nacional— cualquiera que se registrara podía participar y si resultaba agraciado, el premio gordo era la posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados y gozar de las suculentas dietas, bonos, compensaciones y demás beneficios económicos que generosamente se despachan a sí mismos nuestros legisladores.

imageUna de las asambleas de Morena en las cuales se hizo una preselección de aspirantes a las candidaturas, con base en su trayectoria y méritos en las luchas sociales, populares, campesinas y de otro tipo. Los ahí seleccionados —cinco hombres y cinco mujeres en cada distrito electoral— participarían después en el sorteo para definir quiénes serían en definitiva los candidatos.

Con tal tipo de comentarios se intenta confundir a la opinión pública y pintar a Morena como una caricatura de partido que hasta para encontrar candidatos tiene que echar mano de ridículos procedimientos.

La realidad, empero, es muy diferente. No hubo tal rifa abierta a todo mundo como se pretende hacer creer. Como primer paso en la selección de candidatos, se realizaron en todos y cada uno de los 300 distritos electorales asambleas de los militantes de Morena, en las cuales se escogió a cinco hombres y cinco mujeres como posibles candidatos. Por supuesto, no se les escogió al azar, sino en función de sus méritos como dirigentes sociales, políticos, sindicales, campesinos o de otro tipo y por su activismo en movimientos populares. En total, fueron así tres mil miembros del partido que pasaron a la siguiente etapa, la del sorteo, en que el azar determinó finalmente los nombres de quienes aparecerán en las boletas el día de la elección.

Como señalábamos, se trata de un procedimiento sui géneris, que ningún otro partido ha utilizado nunca en México. Con él, se evitó que —como usualmente ocurre en la selección de candidatos—, las candidaturas se decidieran con base en las cuotas de poder de las diferentes facciones, grupos o tribus del partido, resultaran favorecidos aquellos aspirantes apoyados por los dirigentes y, en general, hubiera algún tipo de favoritismo.

También se ha criticado este procedimiento con el argumento de que muchos de los que finalmente resultaron designados como candidatos son poco conocidos, no tienen una trayectoria política, carecen de experiencia o son personas “impreparadas”, en cuanto que no tienen títulos profesionales.

A esto, López Obrador respondió con una frase lapidaria pero muy atinada: “lo que necesitamos no es gente preparada, sino honrada”.

En efecto, durante muchos años hemos tenido en el Congreso de la Unión, en las legislaturas locales, en las gubernaturas de los estados, en las presidencias municipales, en el gabinete presidencial y en la propia presidencia de la República, a hombres muy preparados, incluso con doctorado en afamadas universidades extranjeras. Por ejemplo, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, para citar sólo dos bien conocidos. Y esos hombres muy preparados sólo se han dedicado a entregar el país al capital extranjero, hundir a los mexicanos en la miseria, llevar la economía a la crisis, saquear el erario público y enriquecerse sin medida. Quizá el caso más ilustrativo sea el de Zedillo, de quien la propaganda priísta decía que había que elegirlo porque él si sabía gobernar… y ya vimos cómo apenas un mes después de tomar posesión el país ya estaba hundido en la crisis.

Sí: lo que este país necesita es gente honrada y deseosa de sacarnos del atolladero. Si requiere preparación para cumplir sus labores como legisladores, podrá adquirirla mediante la capacitación antes de tomar posesión. Y, por otro lado, para auxiliarlos los diputados y senadores siempre han contado con cuerpos de asesores.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 4 de marzo de 2015

Las ciudades prohibidas de Quintana Roo

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Las ciudades prohibidas de Quintana Roo[1]

Juan José Morales

Hace cerca de seis años, en mayo de 2009, bajo el título “Una visita a la ciudad prohibida”, publiqué en esta misma columna un comentario acerca de los enclaves urbanos prácticamente sustraídos a la autoridad municipal, estatal o federal que se han ido creando durante los últimos tiempos en Quintana Roo. Se trata de fraccionamientos de lujo a los cuales no se permite el libre acceso a nadie que no sea residente, empleado, proveedor o sirviente de los hoteles, residencias, condominios y demás edificios del lugar. No pocos casos se han dado en que, después de ocurrir un accidente o cometerse un delito en esos lugares, se intenta impedir el paso a la policía y otras autoridades.

imageMuchos problemas ha habido en Playacar, como la destrucción de dunas costeras —lo cual provocó una fuerte erosión de playas que incluso hizo derrumbarse residencias— y construcciones ilegales al amparo de falsos permisos. A esas irregularidades se suma el cierre de accesos a playas, zonas arqueológicas y otros sitios mediante la instalación —que ya se ha iniciado, como se ve en la foto— de cercas de malla, cadenas y puertas.

En aquella ocasión nos referíamos al fraccionamiento Playa Mujeres, situado al norte de Cancún. Pero no es la única de esa especie de ciudades prohibidas para los nativos. Hay otras, de diverso tamaño, y su número ha ido aumentado. En la mayoría de los casos, la prohibición de acceso se basa en el argumento de que se trata de propiedad privada y esos lugares cuentan con su propio servicio de vigilancia.

En efecto, para mantener esas zonas residenciales en calidad de cotos privados, aislados mediante cercas, alambradas, altas rejas, vallas móviles y guardias privados, se ha utilizado en algunos casos el recurso de construirlos bajo el régimen de condominio, en el cual no únicamente las residencias sino también calles, avenidas, parques y jardines son propiedad comunal.

Sin embargo, la práctica de apropiarse de calles y parques e impedir la entrada a quienes no son vecinos del lugar, está extendiéndose incluso a calles y fraccionamientos que no tienen calidad de condominios. Es frecuente, por ejemplo, que los habitantes de una calle instalen una barrera para controlar el acceso, con el argumento —bastante sólido por lo demás— de que sólo así pueden proteger sus viviendas de la delincuencia, dada la ineficiencia de la policía preventiva para prevenir los delitos y del ministerio público para investigarlos y dar con los malhechores.

Pero ahora, el asunto se ha extendido a un gran fraccionamiento: Playacar Fase I, en Playa del Carmen. Y no se limita a las calles, sino que incluye las playas, que son zona federal, y las zonas arqueológicas ahí existentes, que son patrimonio de la nación.

Nos informan vecinos del fraccionamiento, que bajo la excusa de “su seguridad”, desde hace unas semanas la administración de Playacar Fase I inició el cierre de calles y accesos aun en las playas y las zonas arqueológicas del INAH, lesionando los intereses de los habitantes del vecino fraccionamiento Playacar fase II.

Aquí cabe precisar que el primero es un fraccionamiento municipalizado, por lo que calles, parques, avenidas y demás áreas similares son públicas y de libre acceso. Fase II, en cambio, sí tiene carácter de condominio, el cual incluye las calles, que son de carácter privado. Y entre ambos fraccionamientos siempre ha habido conflictos por cuestiones de acceso.

Ahora, por lo visto, el problema ha llegado a un nivel más alto. Habrá que ver cómo actúan las autoridades ante esta situación, que ahora va más allá de discrepancias entre los moradores de dos zonas residenciales parecidas pero diferentes, y ya involucra de hecho la apropiación y privatización de playas y zonas arqueológicas.

Y, ya en un contexto más amplio, sería deseable que las autoridades definan la situación legal de todos esos enclaves, esas ciudades prohibidas que han proliferado en los últimos tiempos en Quintana Roo, para determinar cuáles son auténticos condominios y cuáles son espacios públicos de los que se han adueñado particulares.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 3 de marzo de 2015

El apéndice verde del partido tricolor

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El apéndice verde del partido tricolor[1]

Juan José Morales

Ya hemos mencionado en esta columna la campaña publicitaria con que el llamado partido verde viene atosigando a los mexicanos, que ya no podemos abrir una revista, transitar por las calles, circular por las carreteras, ir al cine o tratar de ver una película o un documental en Internet sin encontrarse con uno de los anuncios de todo tipo que por cientos de miles se repiten hasta la náusea a lo largo y ancho del país, sin que el Instituto Nacional Electoral mueva un dedo para impedir su proliferación, pese a que ya el tribunal electoral ordenó que cese esa costosísima avalancha publicitaria.

imageEl cartón de Sin Embargo ilustra muy bien la verdadera naturaleza y funciones del llamado Partido Verde, que no es sino una pieza más de la maquinaria electoral del PRI, mediante la cual utiliza partidos de utilería para simular que en las cámaras hay una diversidad de fuerzas políticas. Por desgracia, hay quienes se tragan el cuento.

Desde luego, como ya señalamos en otra ocasión, lo primero que salta a la mente es una pregunta: ¿De dónde sale la inmensa cantidad de dinero que cuestan todos esos anuncios? Es una verdadera fortuna. Ni el PRI en sus mejores tiempos llegó a gastar semejantes cantidades fuera de los tiempos de las campañas electorales, pese a contar con cantidades casi ilimitadas de dinero del erario público, de los grandes sindicatos controlados por el gobierno y de las empresas descentralizadas. El del Verde es un derroche insultante para los millones de mexicanos que padecen los estragos de la crisis y a menudo no tienen siquiera asegurada la comida de la semana siguiente y ven cómo ese llamado partido gasta dinero a manos llenas.

Hay quienes opinan que ese torrente de recursos viene del crimen organizado o de los cárteles del narcotráfico. Pero, sin excluir tal posibilidad, me inclino más bien a pensar que son el PRI y el gobierno de Peña Nieto quienes financian el negocio de El Niño Verde, para darle más poder al propio PRI embaucando a los ingenuos que crean que el Verde es diferente a él.

Realmente, no se necesita ser muy perspicaz para percatarse de que ese dizque partido ecologista no es sino un apéndice del PRI. En el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados, el Verde vota automáticamente en favor de todas las iniciativas de ley del PRI y participa en las elecciones como su dócil aliado. Hace unos días, escuché a un dirigente del Verde en Quintana Roo decir ingenuamente —en un franco reconocimiento de su dependencia del partido en el poder— que en las próximas elecciones “iremos de la mano del PRI”. Sí, como hijo obediente llevado de la mano por el padre.

El PRI se vale también del Verde para llevar a las cámaras —garantizándoles el triunfo electoral al situarlos en los primeros lugares de las listas plurinominales— a personajes del sector empresarial que, aunque aliados al gobierno, impulsores de sus políticas y beneficiarios de ellas, conservan cierto pudor y no desean que su nombre se vea ligado a un organismo político tan desacreditado como lo es el PRI.

Para sortear el repudio de una gran parte del electorado que ya está harto de la corrupción, el entreguismo y la crisis económica, el PRI trata de engañar a los electores impulsando un partido “decente”, que hace creer a la gente que sólo se dedica a defender a los pobres animalitos, a evitar que se abuse de los padres de familia en las escuelas, y a pedir severos castigos para los delincuentes. Pero calla la propaganda del Verde que sus diputados y senadores votaron en favor de los gasolinazos, el aumento de impuestos y la entrega de los energéticos al capital extranjero, y que —aunque afirma estar contra las cuotas obligatorias en las escuelas— en realidad las legalizó al votar en favor de la llamada reforma educativa, que obliga a los padres a pagar los gastos de las escuelas públicas.

En fin, el PRI confía en que los mexicanos somos lo bastante tontos para creer cualquier cosa si está apoyada por una monstruosa campaña publicitaria. Pero eso se sabrá en las urnas.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 25 de febrero de 2015

El fanatismo religioso a través de los siglos

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El fanatismo religioso a través de los siglos[1]

Juan José Morales

Me horroriza, por supuesto, la bestialidad de los miembros del llamado Estado Islámico al quemar vivos o decapitar en masa a indefensos prisioneros. Pero no voy a caer en la trampa de calificar de terroristas y sanguinarios a los fieles musulmanes en general ni al islamismo de religión sangrienta por naturaleza.

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Escena de una de las guerras de religión entre cristianos en Europa. La historia está llena, a lo largo de siglos, de matanzas en nombre de dios, y no pocas veces víctimas y victimarios fueron creyentes en el mismo. Pero tal parece que el tiempo y el progreso no han sido suficientes para atenuar el fanatismo que lleva a algunos a tratar de imponer su fe a todos los demás y exterminarlos si no la aceptan.

El problema no estriba en esa o en alguna otra religión en particular, sino en las religiones mismas, en todas aquellas que en una u otra época han tratado de imponerse a sangre y fuego sobre las demás. Hoy son los fanáticos seguidores de Mahoma en Nigeria, Libia o Irak que decapitan cristianos. En otra época fueron las guerras santas en nombre de Mahoma o los cristianos que en nombre de Jesús degollaban ancianos, hombres, mujeres y niños musulmanes, o sarracenos, como se les llamaba. Tuvimos también a la Santa Inquisición quemando vivos en leña verde —en bárbaros espectáculos públicos— a herejes, apóstatas y hombres de ciencia. Y no faltaron casos de cristianos matando salvajemente a otros cristianos, como ocurrió durante las guerras de religión en Europa.

Si de atrocidades y de matanzas en masa se trata, ciertamente la historia del cristianismo está llena de ellas. Tras la reforma religiosa en Europa, cuando Martín Lutero condenó la opulencia y los excesos de la Iglesia Católica y desconoció la autoridad del papa, católicos y protestantes se dedicaron alegremente durante los años siguientes a matarse unos a otros, a veces en demenciales carnicerías en que poblaciones enteras eran arrasadas y nadie se salvaba de la muerte o de ser capturado y vendido como esclavo o condenado a terminar su vida como galeote, remando en las entrañas de un buque. Y en el este de Europa, los cristianos ortodoxos fueron campeones en aquello de los progromos o matanzas de judíos.

Las cruzadas son otro buen ejemplo de barbarie religiosa. Oficialmente descritas en la historia de la Iglesia como intentos por recuperar los llamados Santos Lugares —particularmente Jerusalén—, entonces dominados por los musulmanes, en realidad obedecieron a los intereses de los mercaderes venecianos, que necesitaban tener libre el camino para el comercio de especias, seda y otros valiosos productos importados del Lejano Oriente, y en especial adueñarse del estratégico puerto de Acre, en la costa del actual Israel. Los cruzados, sin embargo, no esperaban a llegar a Tierra Santa para emplear sus armas. A su paso por los países europeos era usual que se dedicaran a asesinar judíos y miembros de grupos religiosos disidentes del catolicismo.

Pero las mayores atrocidades las cometían, obviamente, contra los musulmanes, o todo aquel que lo pareciera. En la descripción que escribió el canónigo Raimundo de Aguilers de la toma de Jerusalén durante la primera cruzada, puede leerse lo siguiente:

“Maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortaron las cabezas de los musulmanes; otros los hicieron blancos de sus flechas; otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras. En las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón, que los cadáveres flotaban en ella y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. Cuando no hubo más musulmanes que matar, los jefes del ejército se dirigieron en procesión a la Iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de acción de gracias.”

Aquello fue en el siglo XII. Estamos en el XXI y aún tenemos matanzas por cuestiones de religión.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 18 de febrero de 2015

El caso del anarquista de opereta

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El caso del anarquista de opereta[1]

Juan José Morales

En la cárcel de Carrillo Puerto, Quintana Roo, se encuentra recluido desde hace cinco meses y medio Pedro Canché Herrera. Fue detenido el 30 de agosto del año pasado, acusado de sabotaje contra las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de esa ciudad. Con sus acciones —se decía en la acusación y en las informaciones difundidas por el gobierno del estado— puso en “riesgo la prestación del servicio a más de 17 mil familias de la cabecera municipal y 75 comunidades del área rural, además del equipo de la dependencia”.

Vistas así las cosas, podría uno imaginar a Canché deslizándose al amparo de la noche, con los ojos inyectados en sangre, embozado en negra capa y con sombrero de anchas alas calado hasta los ojos al más puro y caricaturesco estilo del clásico anarquista del siglo XIX, llevando consigo una poderosa carga de dinamita para intentar volar la planta de bombeo y los tanques de almacenamiento de CAPA. Pero no contaba con la astucia de la policía quintanarroense —que como se sabe, no tiene rival en eso de prevenir delitos— y sus malévolas intenciones fueron oportunamente frustradas.

imageLa realidad, sin embargo, es decepcionantemente prosaica. El “sabotaje” del que se le acusa consistió en una manifestación en las oficinas de la comisión para protestar por los cobros en el servicio. No hubo daño alguno. Ni tan siquiera un vidrio roto. Pero, según las autoridades, el delito de sabotaje se tipifica porque él incitó a los manifestantes, y debido a la aglomeración de gente no pudieron desarrollarse normalmente las labores administrativas.

Como se ve, el asunto es tan risible que bien merece ser incluido en un anecdotario de lo chusco. Sin embargo, a Pedro Canché le ha costado cinco meses y medio de prisión, más los que se acumulen. Porque estamos ante una de esos típicas triquiñuelas legaloides a que con frecuencia recurren las autoridades: acusar a alguien de un delito grave para que no pueda obtener la libertad bajo fianza y someterlo a un interminable proceso hasta que, meses después, desvanecidos los cargos por falta de pruebas, es finalmente dejado en libertad. Y como también bien se sabe, en esto de alargar procesos son muy duchas nuestras autoridades judiciales. El resultado de tales maniobras es que el acusado, aunque sea inocente, pasa largo tiempo en prisión. Y por añadidura, no pocas veces es sometido a torturas sicológicas, malos tratos de las autoridades carcelarias y agresiones por parte de otros presos, como afirma Canché que ocurre en su caso.

De hecho, su liberación es casi segura, pues —según informa la abogada Araceli Andrade— las pruebas presentadas en su contra, y que consistían casi exclusivamente en declaraciones de testigos, se han ido desmoronando una tras otra. De los siete testigos, seis ya desconocieron sus declaraciones, diciendo que fueron hechas bajo presión. El séptimo, un policía judicial, simplemente no se presenta a las audiencias, para que el juez pueda fijar una nueva mucho tiempo después y seguir prolongando el proceso.

Canché ejerce ese tipo de periodismo popular independiente y crítico a través de las redes sociales que ahora se ha puesto en boga y que mucha gente practica; no sólo periodistas aficionados sino incluso profesionales que encuentran cerrados los grandes medios de comunicación controlados por el gobierno y los monopolios informativos. Por eso su encarcelamiento ha recibido la atención de periódicos, revistas y organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, que lo califican de represalia por sus críticas al gobernador.

En respuesta, durante las últimas semanas periodistas ligados al gobierno del estado han realizado una campaña para desacreditar a Canché diciendo que no es periodista. Pero el meollo de la cuestión no es ese. A fin de cuentas, no importa si es o no periodista. Lo importante es la manera como se le llevó a la cárcel y se le mantiene tras las rejas. Después de todo, los derechos humanos no son sólo para periodistas.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 17 de febrero de 2015