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Siglo XXI, el siglo de la obesidad

IMPACTO AMBIENTAL

Siglo XXI, el siglo de la obesidad[1]

Juan José Morales

Algo que desde hace tiempo me ha llamado la atención al ver fotografías, documentales y películas de hace 40 años o más, es que la generalidad de quienes en ellas aparecen, son delgadas, esbeltas o con una complexión regular. Se ven muy pocas personas obesas o con sobrepeso. Esa percepción se acentuó recientemente, cuando comencé a recibir en mi celular imágenes enviadas por los miembros de un grupo denominado Historia de Cancún, con fotografías y películas de los primeros tiempos de esta ciudad. En ellas encontré lo mismo. Hace alrededor de 35 ó 40 años, jóvenes y adultos eran en general notablemente más delgados que ahora.

clip_image002Esto viene a cuento con motivo de un estudio del Programa Mundial de Alimentación de la ONU que acaba de publicarse en la revista científica británica The Lancet, según el cual durante los últimos tiempos el peso promedio de las personas ha estado aumentando 150 gramos por año; es decir, 1.5 kilos por década. O, para decirlo en otros términos: hoy, una persona ordinaria pesa 6 kilos más que hace 40 años.

Como resultado de ello —agrega el estudio— el número de hombres y mujeres obesos en todo el mundo pasó de 105 millones a 641 millones entre 1975 y 2014, sin contar a quienes están excedidos de peso sin llegar todavía al grado de la obesidad. De mantenerse esta tendencia, dentro de sólo nueve años, en 2025, el 18% de los hombres y el 21% de las mujeres serán obesos. Y no sólo gordos, sino en muchos casos excesivamente gordos. Los autores del estudio estiman que más del 6% de los hombres y 9% de las mujeres serán obesos en extremo, al grado de que su salud se verá seriamente amenazada.

Para estimar la celeridad con que se ha ido agravando la situación, los autores señalan que hace 40 años había en general dos veces más personas con menor peso de lo normal que con sobrepeso. Ahora, los términos se han invertido: el número de obesos supera holgadamente a quienes tienen un peso inferior a lo normal.

Ya desde hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud había alertado sobre esta grave situación, advirtiendo que según sus cálculos para 2015 habría en todo el mundo 1 500 millones de personas con un peso por encima de lo normal. Advirtió también que, contra la idea general, ese problema no se limita a los países ricos, donde la gente gasta mucho dinero en alimentos, sino que se ha generalizado a las naciones pobres. De hecho, el estudio publicado en The Lancet señala lo mismo. Esto es, que las naciones más pobres son también víctimas de este problema, sin que ello signifique que hayan desaparecido en ellas la desnutrición y el hambre. Por lo contrario, ambas se mantienen. El propio programa de la ONU para la alimentación señala que uno de cada nueve seres humanos no consume los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa, con la agravante de que ahora a la mala alimentación hay que agregar los padecimientos —diabetes y males cardiovasculares sobre todo— derivados del sobrepeso y la obesidad y que obligan a desviar para su atención recursos que debían emplearse en combatir el hambre y la desnutrición.

Lo peor del asunto es que ya no son sólo jóvenes y adultos quienes sufren sobrepeso y obesidad, sino también los niños. Estima la OMS en más de 42 millones la cantidad de niños con sobrepeso en todo el mundo, con el consiguiente riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas e incluso de morir prematuramente. De hecho, la OMS considera la obesidad infantil uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI.

Vivimos, pues, una auténtica pandemia de obesidad. El nuestro parece ser el siglo de los gordos.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Viernes 8 de abril de 2016

El gato escondido tras los papeles panameños

ESCRUTINIO

El gato escondido tras los papeles panameños[1]

Juan José Morales

Decíamos ayer que, según señala el destacado periodista francés Thierry Meyssan, la filtración de los llamados Papeles de Panamá tiene muchas aristas bastante sospechosas, como el hecho de que ni uno solo del total de 11.5 millones de documentos se refiera a personajes o empresas norteamericanos. Resulta también muy raro que de esa enorme cantidad de documentos únicamente se hayan revelado 200. Evidentemente, en opinión de Meyssan, se hizo una cuidadosa selección de los mismos, para exhibir a quienes se quería hacerlo y encubrir a otros.

clip_image002Como muestra este mapa, elaborado por la empresa norteamericana de inteligencia (léase espionaje) Stratfor, resulta muy sintomático que los llamados Papeles de Panamá que se dieron a conocer contienen mucho más información sobre personas de los países en vías de desarrollo que de los desarrollados, lo cual sugiere que previamente alguien hizo una selección de los mismos.

Pone el acento asimismo sobre el organismo que dio a conocer los papeles —el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) o Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación— y el medio de prensa a través del cual lo hizo: el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ICIJ —del cual es miembro el mencionado rotativo—, recibe financiamiento, dice Meyssan, “de numerosos organismos vinculados a la CIA, como la Fundación Ford y las fundaciones de George Soros”, un magnate norteamericano. Pese a su nombre, esa organización —añade el periodista— no está especializada “en el periodismo de investigación sino en la denuncia de crímenes financieros”. Pero, continúa, “desde su creación, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se abstiene sistemáticamente de revelar los crímenes de Estados Unidos”.

Todo esto permite intuir que detrás de lo que parece una valiente denuncia de acciones ilegales de políticos, artistas, empresarios, gobernantes y deportistas, hay sólo una más de las habituales maniobras de la CIA para atacar a ciertas personas o gobiernos.

“Por supuesto —escribe Meyssan en su artículo difundido por la Red Voltaire—, Washington hizo previamente a una cuidadosa selección de los documentos y excluyó, en primer lugar, todos los que tenían que ver con ciudadanos o empresas estadounidenses y, en segundo lugar, también descartó probablemente los que implicaban a sus buenos aliados. El hecho que algunos de sus supuestos aliados, que actualmente tienen algún tipo de contradicción con la administración Obama –como el presidente ucraniano Petro Porochenko– aparezcan en los documentos revelados, confirma que su poderoso protector acaba de abandonarlos.”

Rafael Correa, presidente de Ecuador, fue tajante al declarar a propósito de los multicitados papeles: “Debemos hacer una campaña mundial para que suelten todos los Panama Papers. Casi un año pasaron buscando algo contra el gobierno ecuatoriano y no encontraron nada. Ahora le toca a los ciudadanos: exijamos TODA la información. La lucha ‘selectiva’ contra la corrupción sólo es… ¡más corrupción!”

Por su parte, el diario ecuatoriano El Telégrafo, bajo el título “Lo que no encontrarás en la prensa mercantilista”, dio a conocer que entre los que manejan dinero a través de paraísos fiscales cuentan empresarios de ese país y políticos vinculados a la oposición. Por ejemplo, un miembro de la Asamblea Nacional —el parlamento ecuatoriano— que envió un millón de dólares a Barbados, paraíso fiscal.

La exigencia de que sea dada a conocer toda la documentación de los Papeles de Panamá y no sólo una insignificante parte de ella, como pide Correa, es muy razonable. De lo contrario resultaría evidente que la información está siendo manipulada conforme al interés y conveniencia de ciertos gobiernos. Pero el Süddeutsche Zeitung se ha negado a hacerlo. Hace unos días, en una declaración oficial, el diario dijo que los archivos “no se ofrecerán al público o a agencias de seguridad.” Y lo justificó con el argumento de que “el SZ no es una extensión de la fiscalía o los investigadores fiscales”, lo cual sin embargo no fue impedimento para que hiciera público lo que le convino.

Como bien dijo Correa, la lucha selectiva contra la corrupción es sólo otra forma de corrupción.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Viernes 15 de abril de 2016

Los poco o nada conocidos paraísos fiscales

ESCRUTINIO

Los poco o nada conocidos paraísos fiscales[1]

Juan José Morales

Mucho polvo se ha levantado en torno a los Papeles de Panamá (o Panama Papers como se ha dado en llamarles) y las revelaciones de que a través de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, cierto número de políticos, empresarios, artistas y deportistas crearon empresas que les permitían burlar controles hacendarios y de otro tipo.

Pues bien, como dice el periodista francés Thierry Meyssan en un interesante artículo difundido por la Red Voltaire —un colectivo de periodistas de muy diversos países del cual él fue fundador—, ni Mossack Fonseca es la única compañía que se dedica a crear empresas de ese tipo, ni Panamá es el único paraíso fiscal que existe en este mundo, o sea un lugar donde las leyes garantizan a los extranjeros exenciones de impuestos y absoluto secreto fiscal y bancario.

clip_image002El impacto causado por los llamados Papeles de Panamá hizo pensar inicialmente en una filtración semejante a las revelaciones de Edgar Snowden sobre el espionaje y la diplomacia de Estados Unidos, pero ahora se sospecha de que se trata de una maniobra más de la CIA.

En realidad, hay docenas de paraísos fiscales; en total 73 según algunas fuentes. Y no sólo en pequeños países como Liechtenstein, Luxemburgo —donde, por cierto, manipula Wal Mart el dinero que obtiene en los países del Tercer Mundo—, Andorra, Chipre o Belice sino en los propios Estados Unidos e Inglaterra. El pequeño estado norteamericano de Delaware es uno de ellos. Lo son también el de Wyoming, tradicionalmente considerado tierra de vaqueros, y el de Nevada, que no sólo vive del juego. En Inglaterra funciona como paraíso fiscal nada menos que el corazón financiero de Londres, llamado la City, que legalmente es un estado independiente miembro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte pero con sus propias leyes en la materia. Paraíso fiscal es también la isla británica de Guernesey en el canal de La Mancha, que si bien está sometida a la autoridad de la reina de Inglaterra, no es miembro del Reino Unido ni de la Unión Europea. Lo es asimismo Gibraltar territorio español que Gran Bretaña ocupa ilegalmente, como lo son igualmente las colonias británicas de Anguila, Bermudas, islas Caimán, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes y Monserrat. De todos estos paraísos fiscales, sin embargo, nada se dice, aunque en ellos se realizan oscuras transacciones tanto o más importantes que en Panamá. De hecho, según datos del Fondo Monetario Internacional, la mitad de la riqueza del mundo se mueve a través de los paraísos fiscales.

No deja de llamar la atención, dice Meyssan, que las “revelaciones” sobre los Papeles de Panamá se concentren exclusivamente sobre este país y no mencionen en absoluto las cuantiosas operaciones que se realizan a través de los paraísos fiscales controlados por Estados Unidos y la Gran Bretaña. A juicio del autor, el objetivo es presentar a Panamá y otros países con leyes parecidas como sitios donde los inversionistas no están a salvo de filtraciones, y hacer que muevan sus capitales hacia los de aquellas naciones.

Igualmente, los Papeles de Panamá presentan como turbios manejos operaciones realizadas por gobernantes a los que Estados Unidos combate, cuando en realidad su propósito era eludir el estrangulamiento económico dictado por Washington. Tales son los casos de Bashar al-Assad, presidente de Siria, y Mahmud Ahmadinejad, de Irán. El primero promovió la creación de empresas para comprar alimentos y otros productos que su país no podía adquirir directamente por el bloqueo norteamericano, y el segundo formó compañías comercializadoras de petróleo para poder vender el que produce su país y contra el cual las potencias occidentales decretaron un “embargo”, o sea la prohibición absoluta de que pudiera ser vendido en los mercados internacionales.

Subraya Meyssan por otro lado la curiosa circunstancia de que entre los 11.5 millones de documentos de los Papeles de Panamá no haya uno solo relativo a las grandes empresas de Estados Unidos o los potentados de ese país.

El espacio se ha agotado y el tema es muy amplio, de modo que —contra nuestra costumbre— no los concluiremos hoy sino que debemos dejar para mañana la segunda parte de estos comentarios sobre los sospechosos Papeles de Panamá.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Jueves 13 de abril de 2016

Nuevo y turbio negocio: los verificentros

IMPACTO AMBIENTAL

Nuevo y turbio negocio: los verificentros[1]

Juan José Morales

En un lapso de 48 horas, en días recientes, encontré en la prensa dos noticias procedentes de otras tantas ciudades, muy parecidas entre sí: en Orizaba, Veracruz, hubo una manifestación de protesta por la tremenda corrupción imperante en los llamados centros de verificación vehicular. Y en Morelos, se anunció que se investigará a tales establecimientos por la verdadera catarata de denuncias sobre… corrupción, por supuesto.

clip_image002Con casi 600 mil automotores registrados en Quintana Roo, la verificación obligatoria de los mismos será un suculento negocio de cientos de millones de pesos para quienes —”en lo oscurito”— se agenciaron la concesión de los verificentros y representará un nuevo golpe a la economía de los quintanarroenses, amén de una nueva fuente de corrupción, como ha ocurrido en otros lugares del país. Veracruz, por ejemplo, entidad a la que corresponde la imagen.

Al leerlas, no pude menos que prever el sombrío futuro que en ese aspecto espera a los propietarios de vehículos en Quintana Roo si el llamado Partido Verde y el PRI triunfan en las elecciones del próximo 5 de julio en este estado.

En efecto, ambos partidos —con el apoyo del Panal— aprobaron establecer la verificación vehicular. Es decir, la obligación de que todos los automotores se sometan periódicamente a revisión para comprobar que no exceden límites de emisión de contaminantes.

A primera vista, tal disposición puede parecer una medida destinada a proteger el medio ambiente y la salud de los quintanarroenses. Pero si se le rasca un poco al asunto, se advierte que en realidad no es sino otro de esos sucios negocios a que ya nos tienen acostumbrados los gobernantes.

Fue en diciembre de 2011 cuando el congreso del estado, sin mayor análisis ni discusión, y con el voto mayoritario y mecánico del PRI y sus satélites Verde y Panal, aprobó establecer la verificación vehicular. Al mismo tiempo, “en lo oscurito”, sin licitación alguna, se otorgó la concesión para operar 12 estaciones de comprobación de vehículos, los denominados verificentros. Nadie sabe en qué términos se otorgaron las concesiones, a quién o quiénes se le dieron, ni detalle alguno sobre el particular. Pero no se necesita demasiada imaginación para imaginar que los beneficiarios de las concesiones fueron políticos influyentes, ya sea directamente o a través de prestanombres. De hecho, la opinión popular es que se trata de un negocio de miembros del llamado Partido Verde. Y tampoco se requiere mucha imaginación para anticipar que los verificentros, además de ser un jugoso negocio, serán una fuente de corrupción, como ha ocurrido en muchos lugares del país.

Para justificar la verificación obligatoria, se adujo que durante los últimos años el número de vehículos registrados en Quintana Roo “ha experimentado un crecimiento acelerado, con el consecuente aumento en los índices de contaminación ambiental por la emisión de gases derivados de la combustión de hidrocarburos, la cual se debe frenar para evitar que en breve tiempo se afecte de manera irreversible la flora y fauna y se causen graves problemas de salud a la población”. Sin embargo, no se presentó ningún estudio o dato concreto que respalde esa truculenta afirmación de que los quintanarroenses se hallan a punto de morir asfixiados por los letales gases de escape de los automóviles.

Mérida es otra ciudad peninsular donde el parque vehicular ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas y existen evidentes problemas de contaminación en una amplia zona de la ciudad. Sin embargo, ni las autoridades municipales ni las estatales han establecido la verificación obligatoria para los vehículos particulares, sino únicamente para los de transporte público, tanto estatal como federal. Como declaró hace unos días Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno yucateco, más que implantar la verificación obligatoria hay que buscar soluciones que reduzcan la contaminación, como el mejoramiento de los servicios de transporte urbano o apoyo a los propietarios de vehículos viejos para que puedan mejorarlos y así reducir la emisión de contaminantes.

Como decíamos, la verificación obligatoria fue establecida, mediante un clásico “albazo” legislativo, hace cuatro años, al mismo tiempo que se otorgaban las concesiones para los verificentros. Hasta entonces, tal disposición no se ha puesto en vigor, pero se sabe que ya están construyéndose las primeras estaciones de verificación y que el golpe a los propietarios de automóviles se les asestará después del 5 de julio, una vez pasadas las elecciones.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 4 de abril de 2016

El panorama de la tortura en México

ESCRUTINIO

El panorama de la tortura en México[1]

Juan José Morales

La tortura en México es una práctica generalizada. Eso muy bien lo saben miles de reclusos de las cárceles mexicanas que “confesaron” tras haber sido sometidos a ella. Y eso es lo que señaló Juan Méndez relator especial de la ONU sobre la tortura, en el informe que rindió en marzo del año pasado tras una visita de trabajo a nuestro país.

Sobra decir que el gobierno de Peña Nieto rechazó el informe, calificándolo de falto de profesionalismo, y ahora que Méndez intentó volver a México para continuar la investigación, se le negó la entrada, aduciendo “problemas de agenda”.

clip_image001La palabra tortura evoca imágenes como esta, pero en la actualidad se usan métodos muy diferentes, que no requieren instrumentos ni tampoco dejan huella, como verter agua por las fosas nasales, mantener al recluso en posiciones incómodas durante horas, descargas eléctricas o la asfixia con bolsas de plástico.

No es Méndez, sin embargo, el único investigador que ha llegado a tal conclusión. En el número en circulación de la revista Nexos, correspondiente a marzo del presente año, Ana Laura Magaloni, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, y Beatriz Magaloni, profesora de la universidad norteamericana de Stanford, sostienen lo mismo con base en la Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal que en 2012 levantó el propio CIDE.

Por principio de cuentas, las investigadoras comentan que ya desde la administración de Felipe Calderón, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hicieron pública su preocupación por el aumento significativo de la tortura en México, lo cual también fue rechazado por el gobierno. Y en cuanto a la supuesta falta de datos estadísticos suficientes para respaldar tales acusaciones, señalan es muy difícil reunirlos, pues “el único dato oficial es el número de denuncias y consignaciones por tortura”, que evidentemente no refleja la situación real, ya que una persona de bajo nivel cultural y carente de recursos económicos para pagarse un abogado, que además está en la cárcel expuesto a represalias, difícilmente presentará una denuncia formal, sobre todo por la proverbial y muy justificada desconfianza que la inmensa mayoría de la población tiene respecto a la impartición de justicia.

Según la encuesta del CIDE, el 62% de los reclusos dijeron haber sido objeto de malos tratos durante su detención. Y aquí cabe subrayar —dice el artículo— que “la mayoría de los internos encuestados fueron detenidos en flagrancia. Sólo 10% de ellos fueron detenidos con una orden de aprehensión, lo que significa que el 90% restante fue detenido, se supone, al momento de cometer el delito que se le imputó. Ello… nos habla de la baja capacidad investigadora de los policías y ministerios públicos en México.”

Y continúan las autoras: “Dejando a un lado las patadas, los puñetazos y las cachetadas, agresiones como asfixia, inmersión en el agua, toques eléctricos, quemaduras, por mencionar algunas, son un tipo de violencia policial que cualquier organismo internacional de defensa de derechos humanos clasificaría como tortura. Si bien las patadas y las cachetadas pueden ocurrir en el proceso de captura o traslado del detenido a la agencia del MP, la asfixia, los toques eléctricos o la inmersión en el agua, en cambio, son agresiones prototípicas de un interrogatorio policíaco violento. Su propósito, como señalamos, es infligir dolor y miedo al detenido con el fin de extraerle información o su confesión. Además, este tipo de agresiones sólo existen cuando lo permite o propicia la propia institución, pues para llevarlas a cabo se necesita, al menos, tener un espacio de interrogatorio con las condiciones y los instrumentos que permitan llevar a cabo el tipo agresiones antes descritas. En otras palabras, los actos de tortura no suceden de modo casual o espontáneo. Por el contrario, suceden cuando existen espacios institucionales que los avalan y los propician.”

Desde luego, la tortura se ejerce especialmente contra los más pobres y faltos de educación, pues —subraya el artículo de Nexos— “el sistema de persecución criminal mexicano, como sucede en el resto del mundo, tiende a abusar de los más débiles. Ello se explica por muchas razones, la más importante es que quien tiene capacidad económica puede comprar impunidad y, si no, por lo menos puede pagar un abogado que frene o limite el maltrato y la arbitrariedad.”

Esa es, pues la realidad de la tortura en México, una realidad que las negativas de Calderón y Peña no pueden ocultar.


[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 29 de marzo de 2016