ESCRUTINIO

Haití y Majahual, dos casos semejantes[1]

Juan José Morales

Hace poco más de dos años, el 12 de enero de 2010, Haití fue sacudido por un violentísimo terremoto que «”según el balance definitivo dado a conocer por el gobierno de ese país un año después de la tragedia»” dejó un saldo de 316 mil muertos, 350 mil heridos, y millón y medio de personas sin hogar.

Terminal de cruceros de Majahual. Por su aislamiento de la población, se puede acaparar a los turistas que desembarcan de los navíos para venderles bienes y servicios, con lo cual la derrama económica que dejan a los negocios locales es mínima.

El mundo se conmovió con esa que sin duda es una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. Pero mucha gente no se enteró de que mientras los haitianos removían los escombros en busca de cadáveres y sobrevivientes, y mientras ese millón y medio de damnificados sufrían hambre y sed y vivían prácticamente a la intemperie, en el propio Haití, 150 kilómetros al norte de aquel dantesco escenario, en la isla de Labadee, los turistas extranjeros comían, bebían, tomaban el sol, veleaban y nadaban despreocupadamente en una especie de enclave extraterritorial que ahí mantiene la compañía de cruceros Royal Caribbean y al cual los únicos haitianos que pueden entrar son meseros, jardineros o barrenderos.

Recordé lo anterior a propósito de lo publicado recientemente en nuestro periódico sobre las quejas de los habitantes de Majahual, en el sur de Quintana Roo, en el sentido de que los turistas que llegan en crucero a ese lugar son controlados de tal modo por la empresa que maneja las instalaciones portuarias, que casi no dejan beneficio económico a los negocios locales. No pocos de éstos han tenido que cerrar debido a tal situación «”incluso algunos propiedad de poderosas cadenas comerciales»” y otros sobreviven a duras penas.

El muelle de cruceros de Majahual, como se sabe, fue concesionado en 1999, durante el período del gobernador Joaquín Hendricks, al empresario Isaac Hamui, quien también se benefició con la concesión del Centro de Convenciones de Cancún por 99 años y en condiciones escandalosas: aunque sólo posee el 40% de las acciones del centro, se queda con el 93% de los ingresos brutos del mismo, en tanto que el gobierno de Quintana Roo, con el 60% de las acciones, recibe sólo el 7%. Y es vox populi que las concesiones no fueron gratuitas, sino a cambio de una asociación en la cual Hendricks obtuvo una buena tajada del pastel.

Sea como sea, el hecho es que el muelle de cruceros de Majahual, del cual se dijo en su momento que sería el detonador de la prosperidad y el desarrollo en la zona sur de Quintana Roo y además de dar empleos directos a mucha gente, propiciaría una gran derrama económica ya que los turistas comprarían bienes y servicios a los negocios de la localidad, sólo ha beneficiado a Hamui y socios. A los pasajeros de los buques se les vende casi todo «”desde paseos hasta artesanías»” en la propia embarcación o al desembarcar en la terminal marítima, y se les atiende en un club de playa ligado a la propia empresa, que así acapara todos los beneficios y deja sólo migajas a la población de Majahual.

De hecho, el puerto de cruceros funciona como un coto cerrado, como una copia del enclave de Labadee en Haití, del que están excluidos los nativos y en el cual los únicos que hacen negocios son los propietarios.

Y así seguirán las cosas por casi medio siglo más, pues aunque originalmente la concesión era por 20 años «”con lo cual vencería en 2019″”, en julio del año pasado la secretaría de Comunicaciones y Transportes la amplió hasta 2059, arguyendo que debido a los daños ocasionados por los huracanes Wilma y Dean, la inversión tardará más tiempo en recuperarse.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 1° de febrero de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.

ESCRUTINIO

Un asunto de leyes, terrenos y sotanas[1]

Juan José Morales

«Cúmplase la ley», sentenció hace poco el obispo de Quintana Roo, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, de los Legionarios de Cristo. Lo dijo a propósito del caso de Raúl Luis Martins, el antiguo agente de las fuerzas represivas de Argentina acusado de proxenetismo y trata de personas en su país y en México.

Izquierda, el obispo Elizondo y junto a él el alcalde Gregorio Sánchez al presentar en febrero de 2010 el frustrado proyecto de la gran plaza que «”dijeron»” representaría la unión del poder político y de la Iglesia Católica. En el extremo derecho de la foto, el cura Rafael Ruiz, párroco de la inconclusa catedral.

Tiene toda la razón del mundo el prelado. La ley se hizo para cumplirla. Pero, como reza el dicho popular, el buen juez por su casa empieza, y resulta que el obispo y los sacerdotes bajo su mando violaron y siguen violando flagrantemente la ley al ocupar ilegalmente más de una docena de valiosos terrenos urbanos en Cancún, so pretexto de construir capillas e iglesias. Con tales acciones, cometen el delito de despojo, en perjuicio de la comunidad, que es la propietaria de tales terrenos, los cuales están destinados a parques, campos deportivos, jardines y otros fines similares en beneficio de toda la población y no sólo de un grupo religioso en particular.

Eso no es todo. La jerarquía eclesiástica también viola la ley al haber convertido el inconcluso edificio de la catedral de Cancún «”cuya construcción está paralizada desde hace años»” en un negocio de criptas para cenizas de difuntos. Y decimos que tal negocio está fuera de la ley porque el edificio se encuentra en un área de equipamiento de propiedad municipal, y la ley prohíbe que en áreas de equipamiento urbano se realicen negocios. Sin embargo, en la catedral ya se han comenzado a vender las primeras de un total de cinco mil criptas, a precios de entre 11 mil y 21 mil pesos. En total, el negocio será de unos 80 millones de pesos.

El templo, como se sabe, se encuentra en el llamado Ombligo Verde de Cancún, una hermosa área arbolada de la cual la alcaldesa Magaly Achach cedió ilegalmente la cuarta parte en comodato al clero, a cambio del apoyo que éste dio al PRI en las elecciones de 2000 (que, por cierto, el tricolor perdió en Cancún).

Por otro lado, la prelatura Cancún-Chetumal, que encabeza el obispo Elizondo, no ceja en su empeño de que se le ceda otra gran tajada del Ombligo Verde, como consuelo porque se frustró el plan que había maquinado en contubernio con el anterior presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez «”mejor conocido por su nombre artístico, «Greg»»” de convertir la totalidad de esa área arbolada en una gran plaza político- religiosa, con un nuevo palacio municipal de un lado y una nueva catedral del otro. De esa plaza dijo Sánchez Martínez «”sin importarle que México sea un estado laico»” que había sido proyectada para tener de un lado «el poder político y el edificio de gobierno y, al otro extremo, el poder religioso y espiritual», para «unificar y dar y dan personalidad a una ciudad».

El proyecto «”anunciado conjuntamente a bombo y platillo por el edil y el obispo»” se vino abajo ante la fuerte resistencia ciudadana, no sin que antes fuera devastada la vegetación, convirtiendo el terreno en un erial que ahora está siendo lenta y difícilmente reforestado. Pero el clero no quita el dedo del renglón.

Y las cosas en materia de apropiación de terrenos, por lo demás, no paran ahí. Los Legionarios de Cristo «”que, como se sabe, tienen una especie de monopolio eclesiástico en Quintana Roo»” consiguieron también que se les cediera un valioso lote a orillas de la laguna de Cancún, en el llamado Malecón Tajamar, cuya situación legal es tan oscura como la cesión misma.

Visto lo anterior, no puede uno menos que decir también «cúmplase la ley»… pero para todos.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 24 de enero de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.

ESCRUTINIO

Doble castigo: aborto y cárcel[1]

Juan José Morales

Claramente inspirada por el alto clero, en tiempos recientes hubo en las legislaturas estatales una oleada de las llamadas «leyes de la vida», consistentes en cambios de las constituciones locales o los códigos penales, con el fin de endurecer las sanciones contra el aborto, equiparándolo al homicidio. Para ello, se utilizó el argumento «”carente de toda base médica o científica»” de que la vida comienza en el momento mismo de lo que en un lenguaje religioso mañosamente introducido en las leyes, se ha llamado concepción pero correctamente se denomina fecundación.

A más de sufrir marginación, pobreza, violencia familiar, analfabetismo y desnutrición, a menudo las mujeres indígenas son juzgadas como criminales bajo leyes de inspiración religiosa cuando «”como resultado de su precaria situación»” pierden al hijo que llevan en las entrañas.

En casi todos los casos, esas reformas legales fueron promovidas por legisladores del PRI, secundados por sus colegas del PAN. En la legislatura de Quintana Roo, por ejemplo, la impulsora de tales reformas fue la diputada Laura Fernández, quien ahora aspira a ser candidata del PRI a diputada federal.

Pues bien, el resultado de esas leyes supuestamente destinadas a defender la vida, ha sido una atroz persecución contra mujeres de los más pobres estratos sociales, procesadas como asesinas y sentenciadas a duras penas de prisión por haber tenido abortos espontáneos o partos prematuros en condiciones tan difíciles que culminaron con la muerte de su hijo.

Un dramático ejemplo de esas injusticias, dado a conocer hace poco por la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), es el caso de tres indígenas choles de Chiapas recluidas en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Una de ellas, que perdió a su hijo al caer de una escalera cuando tenía ocho meses de embarazo, fue acusada de haberse provocado de ese modo un aborto y condenada a 15 años de cárcel «por homicidio agravado en grado de parentesco». Para justificar la severidad de la pena, el juez adujo que como la mujer trabajaba de mesera, seguramente tener un hijo le hubiera estorbado y por ello provocó su muerte. Semejante razonamiento resulta absurdo, pues quien desea abortar no espera ocho meses para hacerlo, sobre todo porque tan avanzado estado de gestación es un impedimento para trabajar.

Otra, que dio a luz en pleno campo sin ayuda de nadie, tuvo que arrastrarse a duras penas en busca de ayuda y cuando volvió al sitio no encontró a su bebé, está siendo procesada por igual delito. Una tercera mujer que también tuvo a su hijo sola y sin ayuda en un cafetal, se encuentra igualmente en la cárcel acusada de intento de homicidio con la agravante de relación de parentesco, junto con su marido, a quien se acusa de complicidad a pesar de que después del parto prematuro ambos fueron al lugar en busca del niño, a quien la madre tuvo que dejar resguardado bajo unas plantas mientras buscaba ayuda.

Sobra decir que las tres son analfabetas, pobres «”para ser precisos, viven en la miseria»”, y ninguna habla español. Las tres, además, sufrieron malos tratos por parte de sus esposos. Una tiene cinco hijos y otra seis. Y de más está también decir que durante sus embarazos ninguna de las tres recibió ningún tipo de atención médica.

Otro caso semejante, también dado a conocer por CIMAC, es el de una indígena náhuatl confinada desde hace tres años en la cárcel de Tlapa, Guerrero, acusada asimismo de homicidio después de haber abortado debido a una caída.

En fin, estas son algunas consecuencias de las llamadas «leyes de defensa de la vida» que bajo la inspiración eclesiástica han promovido en los congresos estatales los legisladores del PRI y el PAN y que pretenden llevar también al ámbito nacional. Gracias a esas leyes, las mujeres más pobres y marginadas sufren el doble castigo de abortar «”con el consiguiente peligro de morir»” y de ser encarceladas.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado originalmente en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 8 de febrero de 2012. Agradecemos a Juan José Morales su autorización para su publicación en Marcianitos Verdes.