ESCRUTINIO
Injusticias en nombre de la moral y la religión[1]
Juan José Morales
Se han cumplido ya seis años desde que, el 24 de abril de 2007, la asamblea legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo. O, para decirlo en otros términos, se legalizó el aborto voluntario durante las primeras doce semanas de embarazo.
Desde luego, hubo una oleada de apocalípticas declaraciones de los autotitulados defensores de la vida, en el sentido de que con tal decisión se fomentaría el desenfreno sexual, se desataría una oleada de abortos, el DF se convertiría en meca para jóvenes libertinas e inmorales de todo el país deseosas de librarse de hijos indeseados, etc.
Ninguna de esas escalofriantes profecías se ha cumplido. De los poco más de cien mil abortos legales practicados en ese lapso en las clínicas de la capital del país, el 73% lo fueron a mujeres residentes en la propia entidad, 24% en el vecino estado de México «”cuyos habitantes se benefician de muchos de los servicios gratuitos que ofrece el gobierno del DF»”, y sólo 3% a mujeres provenientes de otros lugares del país.
Pero lo más importante de todo es que en ese lapso, en esos seis años, no se registró en el DF una sola muerte por abortos clandestinos.
La despenalización del aborto es una demanda generalizada en los países latinoamericanos, donde cientos de miles de mujeres pobres mueren o sufren graves secuelas por tener que practicárselos clandestinamente en pésimas condiciones.
En el resto del país, sin embargo, la situación se ha agravado para aquellas mujeres «”principalmente jóvenes pero también de edad madura»” que por razones económicas, sociales, familiares, personales o de cualquier tipo, no desean seguir adelante con su embarazo e interrumpir la gestación. Como respuesta a la despenalización del aborto en el DF, en muchos estados del país «”Yucatán y Quintana Roo incluidos»” se desató una ofensiva clerical apoyada por el PRI, el PAN, el llamado Partido Verde y el Panal, para modificar las leyes y convertir la interrupción voluntaria del embarazo en un homicidio con todas las agravantes.
El resultado es que cada año, en diversos estados, cientos de mujeres «”muchas de ellas menores de edad»” son encarceladas y sometidas a juicio por abortar.
Pero los abortos clandestinos prosiguen «”ahora más costosos y peligrosos»”, aunque por su propio carácter, se ignora cuántos se practican ni cuántas mujeres mueren a causa de ellos. Las estimaciones van desde los cien mil mencionados por el Consejo Nacional de Población, hasta casi un millón según un estudio de la UNAM. Quizá 300 mil sea una estimación adecuada. Y en cuanto a mortalidad por abortos practicados en condiciones inadecuadas, un estudio publicado en el Boletín del Hospital Infantil de México Federico Gómez, subraya que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 24% de las muertes maternas en América Latina obedece a esa causa. Sin embargo, las estadísticas sólo muestran un pequeño número de casos.
«El importante subregistro y, sobre todo, el mal registro de la causa «”agrega el estudio»” se deben, entre otros factores, a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Según opiniones especializadas, muchas de las muertes atribuidas a las hemorragias son provocadas realmente por complicaciones de abortos que se practican en condiciones de riesgo. De acuerdo con los estudios realizados por CONAPO, los familiares hablan de «hemorragias» o «infecciones», pero rara vez de aborto. En general, se sabe que las mujeres de los niveles sociales más desprotegidos se ven expuestas en mayor medida a morir a causa de un aborto inseguro (el doble de riesgo) que las de mejores condiciones socioeconómicas.»
Y en apoyo de ese punto de vista, el estudio señala que «las cifras de incidencia de abortos (incluidas todas las causas) medidas a través de los egresos hospitalarios registrados por las instituciones del Sistema Nacional de Salud superaron los cien mil casos anuales durante el periodo 2004-2009; tan solo para este último año se observaron cerca de 125 mil casos de los cuales 84% son abortos «no especificados»».
En pocas palabras: al negar a las mujeres mexicanas pobres «”las que no pueden viajar a Estados Unidos como hacen las de posición económica desahogada»” la posibilidad de interrumpir su embarazo en una clínica o un hospital, bajo condiciones seguras, higiénicas y con la atención de médicos y enfermeras, se les condena a hacerlo en condiciones tan peligrosas que pueden ocasionarles la muerte.
Es una más de las injusticias sociales que se cometen en nombre de la moral y la religión.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y uintana Roo. Martes 7 de mayo de 2013.