Ricas, pobres y las leyes de la muerte

ESCRUTINIO

Ricas, pobres y las leyes de la muerte[1]

Juan José Morales

Al leer recientemente la noticia de que en México cada año se embarazan medio millón de menores de edad, me vino a la memoria un par de casos de aborto que pude conocer por razones fortuitas. Ambos fueron por embarazos no planeados ni deseados, pero las circunstancias en que se desarrollaron fueron diametralmente opuestas.

El primero fue de una trabajadora doméstica que tenía ya seis hijos y por su extrema pobreza a duras penas podía darles de comer. Por supuesto, ya no deseaba más, y había acudido a un centro de planificación familiar donde se le suministraban anticonceptivos. Pero cuando el marido, alcohólico e irresponsable, descubrió que los tomaba, le propinó una paliza al grito de «Con que quieres ponerme los cuernos, ¿no?», y le prohibió seguir haciéndolo.

imageEl cartel de esta manifestante lo dice todo. Quienes mueren o quedan con graves secuelas a consecuencia del millón de abortos que, según se estima, se practican anualmente en México, son casi exclusivamente mujeres pobres. Las ricas pueden practicárselo en adecuadas condiciones, bajo la atención de médicos y enfermeras calificadas, e incluso en el extranjero. Para las pobres no hay nada de eso, salvo en el Distrito Federal.

Al verse nuevamente preñada, tuvo que recurrir a una comadrona, que le practicó un legrado en mínimas condiciones higiénicas, lo cual le provocó una severa infección, estuvo al borde de la muerte, y quedó con serias secuelas que le causan malestar y dolores.

El otro caso fue de una joven de 16 años, de familia acomodada, que «dio el mal paso» con el novio. Los padres, ni tardos ni perezosos, la enviaron a Estados Unidos, donde pudo abortar en una clínica, en adecuadas condiciones y bajo atención médica. Sobra decir que no sufrió problema alguno y actualmente lleva una vida enteramente normal.

De esta comparación puede concluirse que el problema de la mortalidad por aborto en México, no es propiamente de naturaleza médica sino socioeconómica. Son las mujeres de las clases sociales más pobres las que mueren o sufren graves complicaciones a consecuencia de un aborto, que en 2015 fue la quinta causa de muerte materna. De tales fallecimientos, al menos el 57 por ciento fueron causadas por abortos clandestinos.

Pero en vez de afrontar el problema como lo que realmente es y brindar a las mujeres la opción de realizárselo con seguridad, bajo adecuados cuidados médicos, se ha optado por la represión. El PRI y el llamado partido verde, en alianza con el PAN, han estado promoviendo en un estado tras otro las llamadas «leyes de la vida» «”que en realidad son leyes de la muerte»”, según las cuales la vida comienza desde el momento mismo de la concepción «”debía decirse fecundación, pues concepción no es un término científico»” y el aborto se equipara al homicidio, con la agravante de que se le considera cometido contra el propio hijo y por tanto castigado con durísimas penas de prisión.

De las 32 entidades federativas del país, en 31 el aborto está prohibido por entero y severamente penado o sumamente restringido.

Sólo en el Distrito Federal ha sido despenalizado y las mujeres pueden recurrir a él sin ser encarceladas.

Y los resultados no se han hecho esperar: mientras en todo el país hay numerosas muertes de mujeres por aborto, en el Distrito Federal no se registra ni una sola.

Como decíamos líneas arriba, las llamadas leyes de la vida son en realidad leyes de la muerte. Condenan a la muerte o a la cárcel «”con todas las consecuencias que implica para alguien que no ha delinquido caer en prisión»” a aquellas mujeres que, no por capricho ni por gusto sino por imperiosa necesidad, se ven obligadas a abortar.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 1° de noviembre de 2016

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