ESCRUTINIO
El papa Francisco ante la pederastia clerical[1]
Juan José Morales
Ya van cuatro. Sí, cuatro los prelados católicos que renuncian después de que recientemente el papa Francisco exhortó a los casi cinco mil obispos de todo el mundo a no seguir encubriendo a curas pederastas. Primero «”en Estados Unidos»” fue el arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, monseñor John Clayton Nienstedt, de inmediato su adjunto, Lee Anthony Piche, a continuación Robert Finn, obispo de Kansas City, y en México, hace unos días Gonzalo Galván Castillo, obispo de Autlán en Jalisco. Todos ellos habían sido acusados precisamente de encubrimiento de sacerdotes pedófilos.
La caricatura, publicada en España a propósito de uno de tantos casos de pederastia clerical, alude a la política que tradicionalmente han seguido los obispos «”que en la jerarquía eclesiástica son los superiores inmediatos de los curas»” en el sentido de proteger a los sacerdotes acusados de violaciones y abusos sexuales mediante el sencillo expediente de cambiarlos de parroquia y no dar trámite a las denuncias contra ellos. El papa Francisco les ha pedido dejar de hacerlo. Ya veremos hasta qué punto se cumple su petición.
Las cosas no paran ahí. En Chile, aún no cesa el escándalo desatado hace un par de meses por el nombramiento como obispo de la ciudad de Osorno de Juan de la Cruz Barros Madrid, igualmente acusado de proteger a un notorio pedófilo. Tan airadas fueron las protestas de los feligreses, que Barros se vio obligado a suspender una misa de despedida en su antigua parroquia y a oficiar en medio de gritos y empujones la de posesión de su cargo.
Galván dijo renunciar por sentirse enfermo, pero es público y notorio que lo hizo bajo presión del Vaticano por haber protegido sistemáticamente, durante más de seis años, a un cura de nombre Horacio López, acusado de violar a un niño de 11 años. Galván nunca procedió contra él, sino que se limitó a cambiarlo de parroquia. Y apenas acababa de renunciar, cuando la policía detuvo a otro cura de su diócesis, Francisco García Rodríguez, acusado de violar a una niña de 11 años.
Al chileno Barros, por su parte, como decíamos, se le acusa de encubridor de un destacado sacerdote pedófilo, Fernando Karadima Fariña, sobre cuya culpabilidad no cabe duda, pues hace ya sus buenos cuatro años la Congregación para la Doctrina de la Fe «”la antigua Inquisición»” lo encontró culpable de abusos contra menores, actos impropios con adultos y abuso de autoridad, condenándolo a dejar de ejercer su ministerio y retirarse «”como en su momento se hizo con el tristemente célebre Marcial Maciel, el de los Legionarios de Cristo»” a «una vida de oración y penitencia» en el Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad en la ciudad argentina de Providencia, lo cual más que condena parece premio, pues ahí goza de todas las comodidades y es diligentemente atendido por las monjas.
Aquel fue el «castigo» que la Santa Sede impuso a Karadima. La justicia chilena intentó someterlo a proceso penal por sus delitos sexuales, pero resultó imposible porque la Iglesia se negó a proporcionar a las autoridades la información que se le solicitó, alegando que se trataba de un asunto privado y confidencial equiparable al secreto de confesión. El ahora obispo de Osorno, Barros Madrid, fue uno de los principales encubridores del pederasta. Por eso su nombramiento desató un aluvión de críticas, incluso por parte de Eduardo Frei, ex presidente de Chile y miembro del partido Demócrata Cristiano.
Parece, pues, que Francisco ha decidido cambiar la política de tolerancia y encubrimiento ante los abusos sexuales de los sacerdotes que tradicionalmente había mantenido la jerarquía católica, desde los obispos hasta el papa, con el argumento de que ante todo había que proteger el buen nombre de la Santa Iglesia, que para ello bastaba con enviar a los curas culpables a otro sitio, y que si reincidían, no había que tratarlos como delincuentes sino enfermos y darles cuidados especiales.
Aquella política, sin embargo, ha dejado de ser eficaz, pues en el mundo moderno la Iglesia ya no tiene el mismo poder político que en otros tiempos, y a través de las redes sociales ahora pueden denunciarse hechos que antes eran fácilmente silenciados por los grandes medios de información aliados a la Iglesia. Quizá esta nueva realidad fue determinante en la decisión del papa.
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 1 de julio de 2015