Un derecho: matrimonio para todos

ESCRUTINIO

Un derecho: matrimonio para todos[1]

Juan José Morales

Ciertas cosas son irreversibles y tarde o temprano terminan superando la resistencia de quienes tratan de evitarlo. Una de ellas es la tendencia a dar validez legal a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hay todavía quienes se oponen tenazmente a ello —sobre todo con argumentos de tipo religioso—, de igual manera que hasta no hace mucho había una fuerte oposición al divorcio, también con alegatos de ese tipo. Pero poco a poco la intransigencia se va venciendo.

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Millones de homosexuales de ambos sexos han decidido hacer pública su orientación sexual y ya no ocultarla vergonzosamente como ocurrió durante generaciones, y ahora demandan que se les reconozca el derecho elemental a formar una pareja estable y una familia amparadas por la ley.

Así, en el mes transcurrido desde que, el pasado 2 de mayo, escribimos sobre este tema, tres países se sumaron a los que reconocen los matrimonios homosexuales: Uruguay, Nueva Zelanda y Francia. Con ellos suman ya 14 las naciones en que ese tipo de unión civil es legal: Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Holanda, Islandia, Noruega, Portugal, Sudáfrica y Suecia, aparte los tres mencionados. Y probablemente dentro de poco su número sea mayor, pues en diversos países hay en marcha movimientos y proyectos de ley al respecto.

En Brasil, donde diez estados reconocen el matrimonio homosexual, la suprema corte dictaminó desde hace dos años que los homosexuales tienen derecho a contraer matrimonio entre sí, y hay un proyecto de ley en tal sentido ya aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Igualmente, en Colombia hay en el congreso un proyecto de ley semejante ya aprobado en primer debate a fines del año pasado y que quizá este año lo sea en definitiva.

No es por capricho ni por casualidad, sin embargo, que los parlamentos de un número cada vez mayor de países legalicen lo que es una situación de hecho. Es decir, la convivencia estable y prolongada de parejas del mismo sexo que hasta no hace mucho se veían obligadas a ocultar su situación por los prejuicios sociales y la homofobia, que les negaban el derecho a una vida normal y feliz. Y cuando hablamos de vida normal y feliz, se incluyen derechos derivados del matrimonio, como la herencia, el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, la tenencia de hijos, la adopción, la pensión por viudez y otros beneficios, todos los cuales se les niegan a las parejas del mismo sexo cuando se estipula que sólo es válido el matrimonio entre hombre y mujer.

Lo que está en juego, pues, es simplemente una cuestión de derechos humanos. A este respecto, Amnistía Internacional ha señalado que “denegar a personas individuales el derecho a casarse, basándose en el género de sus parejas viola el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho a casarse y formar una familia”.

Ese derecho esencial —prosigue AI— “está reconocido en el Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La posición de Amnistía Internacional es que los Estados deben proteger y garantizar este derecho y deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por causa de su orientación sexual y de su identidad de género. Una postura que también avaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Y, en efecto, uno se pregunta por qué si dos personas se aman, desean establecer un hogar, apoyarse mutuamente y compartir sus aspiraciones y proyectos de vida, se les va a negar la posibilidad de hacer tal cosa al amparo de la ley simplemente porque son del mismo sexo y algún párrafo de un código civil mañosamente redactado sólo considera verdadero matrimonio el que se realiza entre un hombre y una mujer.

Como señaló la diputada neozelandesa Louisa Wall, promotora del proyecto de ley sobre matrimonio homosexual en su país, «en nuestra sociedad, el significado del matrimonio es universal. Es una declaración de amor y un compromiso con una persona especial». Y como escribió el famoso filósofo norteamericano John Rawls en su magna obra Teoría de la Justicia, “no importa que las leyes o instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”.

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 30 de abril de 2013.

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