Magnates carceleros

ESCRUTINIO

Magnates carceleros[1]

Juan José Morales

Hace poco comentamos en este espacio que el de las cárceles privadas se ha vuelto un negocio multimillonario en Estados Unidos.

Pues bien, nuestros más distinguidos magnates no podían dejar de explotar tan productiva veta, y ya en México están proliferando las prisiones construidas y operadas por empresas privadas. Así se relata en un reportaje publicado en el número 1972, del 17 de agosto pasado, de la revista Proceso.

clip_image002Las cárceles privadas han brotado como hongos por todo el país, y son de carácter tanto estatal como federal. El reportaje de Proceso señala que las hay en el Distrito Federal, Coahuila, Chiapas, Durango, Morelos, Guanajuato, Sonora y Michoacán. Un ejemplo de ellas es el Centro Federal de Readaptación Social N°11, de Hermosillo, Sonora, que es administrado por la empresa Ingenieros Civiles Asociados. Por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que los reclusos de esa prisión viven en «condiciones infrahumanas y peligrosas», peores incluso que las de los reclusorios operados por el gobierno.

No se sabe con exactitud, empero, cuántas prisiones son manejadas por empresas privadas y qué empresas las tienen a su cargo. El gobierno se niega a responder a las solicitudes de información al respecto, alegando que se trata de datos confidenciales o «reservados de origen».

Ha podido averiguarse sin embargo, dice la información de Proceso, que entre los empresarios que participan en el negocio de los reclusorios destaca Carlos Hank González, que en asociación con ICA construyó y opera el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el cual invirtieron 1 200 millones de pesos. Hank, dicho sea de paso, también ha hecho fortuna con un negocio totalmente distinto pero a través del cual recibe cuantiosas sumas de los gobiernos estatales: el de los museos, como el Gran Museo de la Cultura Maya, en Mérida.

También está en el negocio carcelario Carlos Slim quien, dice la revista, invirtió en la construcción de dos penitenciarías, una en Morelos y otra en Chiapas, a través del Grupo Financiero Inbursa y de una empresa denominada «”no sé si en son de burla»” Impulsora del Desarrollo y el Empleo.

No podía estar ausente del jugoso negocio otro conocido empresario mexicano, Olegario Vázquez Raña, a quien parece darle lo mismo construir y operar hospitales que prisiones. Y es que, mientras dejen ganancias, lo mismo da Chana que Juana. Son dos sus cárceles, una en Durango y otra en Michoacán.

De este lado de las rejas «”aunque a no poca gente le gustaría verlo del otro lado»” aparece igualmente el Dr. Pedro Aspe, quien fuera secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Como experto financiero, se encarga de diseñar proyectos de inversión en la construcción y operación de cárceles a través de su empresa Protego Asesores.

En fin, estos son los más distinguidos magnates mexicanos que han hecho de encarcelar gente una buena fuente de ganancias. Pero, como señala en el reportaje de Proceso el criminólogo Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la privatización de las cárceles va totalmente en contra de los lineamientos establecidos en 1977 por la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que las prisiones no deben ser privatizadas y a los reclusos se les debe reeducar y reinsertar en la sociedad. México se adhirió formalmente a esos principios y los ratificó. Por lo tanto, dice Barrón, nuestro gobierno está violando sus compromisos.

Por supuesto, en las prisiones privadas no hay la menor intención de rehabilitar a los presos y darles un trato digno y humano. Simplemente se les mantiene confinados en condiciones de aislamiento y máximo control para evitar desórdenes y problemas. Y, desde luego, lo que conviene a las empresas carcelarias es mantener encerrada a la mayor cantidad de presos durante el mayor tiempo posible. Eso es lo que les deja dinero.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx


[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 17 de septiembre 2014

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