ESCRUTINIO
La Suprema Corte v.s. cinco millones de mexicanos[1]
Juan José Morales
Ciertamente, la Suprema Corte supo hacer bien su jugada: desechó las peticiones de consulta popular presentadas por Morena, el PRD y el PAN, y se da por hecho que también rechazará la del PRI. Las dos primeras «”la de Morena y el PRD»”, sobre la llamada reforma energética, la panista, sobre el salario mínimo, y la del PRI, acerca de la reducción en el número de diputados plurinominales. Dan así los magistrados una apariencia de imparcialidad y equidad, de actuar con estricto apego a la ley sin favorecer a ningún partido en detrimento de otros. Pero en realidad, de las tres consultas que se proponían, la única en verdad trascendente, que atañe a un asunto fundamental para la vida política, social y económica de la nación, es la del PRD sobre la privatización del petróleo y la electricidad.
Según la resolución, elaborada por la ministra Olga Sánchez Cordero y aprobada por nueve ministros, el objetivo de la reforma energética «es que el Estado obtenga recursos para el desarrollo nacional», y por tanto la petición de consulta sobre la reforma viola el Artículo 35 de la Constitución, el cual prohíbe consultas públicas relativas a los ingresos y egresos del Estado.
Este cartel promocional resume muy bien lo que se pedía a la Suprema Corte: que todos los electores del país pudieran decidir sobre el destino del petróleo, nuestro gran recurso natural. Pero para los magistrados la voluntad de millones de mexicanos no contó y, con especiosos argumentos rechazó la petición de consulta popular sobre la llamada reforma energética.
Se trata de un argumento muy endeble y capcioso, jalado de los pelos, como se diría en el lenguaje popular. Ciertamente la reforma tiene implícitamente qué ver con el presupuesto de ingresos del gobierno federal, ya que un cuantioso porcentaje de los impuestos que capta provienen de Pemex y la privatización del petróleo afectará la recaudación. Pero esa vaga alusión a «recursos para el desarrollo nacional» pasa por alto el hecho de que las finanzas públicas serán afectadas negativamente por la privatización, pues al participar las empresas privadas en la producción petrolera, evidentemente pagarán menos impuestos, mucho menos, que Pemex.
Pero, en fin, la Corte supo cumplir con muy buenas mañas de leguleyo la encomienda de bloquear la posibilidad de que a través de las urnas, los mexicanos podamos decidir sobre un asunto de tal magnitud, que precisamente por su importancia y sus consecuencias futuras sobre la vida del país, no puede dejarse en manos de unos cuantos. Es decir, del gabinete de Peña Nieto y de los diputados del PRI, el PAN y el llamado Partido Verde que aprobaron la privatización.
Lo que se buscaba al pedir una consulta popular acerca de la reforma, es que pueda conocerse la voluntad popular de la mayoría de los ciudadanos sobre ese asunto de tal trascendencia. Y no fueron unos cuantos líderes de partidos políticos quienes demandaron tal cosa, sino millones de compatriotas. La solicitud de Morena estuvo respaldada por más de 2.7 millones de firmas. La del PRD, por más de 2.3 millones. En total, más de cinco millones de mayores de edad, registrados en el padrón electoral, que no sólo estamparon su firma sino que la acompañaron con sus números de credencial de elector para ratificar su identidad. No puede decirse que cinco millones sea una cifra desdeñable. Y aunque alguien pudiera alegar que hubo firmas duplicadas «”esto es, que algunos ciudadanos firmaron ambas peticiones»”, aún después de los ajustes correspondientes podríamos estar hablando de no menos de 3.5 o cuatro millones de mexicanos que pedían a la Corte algo tan elemental como ser tomados en cuenta para tomar una decisión que cambiará radicalmente la vida política, económica y social de México y que afectará no sólo a la actual generación, sino a las venideras.
Pero para la Corte esos millones de mexicanos no cuentan.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 4 de noviembre de 2014