ESCRUTINIO
Un pío y multimillonario despojo[1]
Juan José Morales
Ya hemos comentado en esta columna las pretensiones de la jerarquía eclesiástica de adueñarse «”mediante invasiones disfrazadas de solicitudes ciudadanas»” de valiosos terrenos urbanos en Cancún. Ahora tenemos algo más sobre el particular: según informó hace unos días la síndico del ayuntamiento de esa ciudad, Guadalupe Leal Uc, la Comisión de Hacienda del cabildo decidió que, por ley, no puede donar bienes municipales a ninguna agrupación religiosa. Con ello, las autoridades cerraron el caso por lo que a las peticiones de donación de esos terrenos se refiere.
Esta foto, subida a Internet por Raymundo Tziu Cuxim, muestra una de las muchas construcciones erigidas en terrenos invadidos por el clero en Cancún. Es la capilla de San Isidro Labrador en la colonia Avante. Obsérvese cómo tras una edificación temporal se inicia una definitiva.
Pero ello no significa punto final al asunto. La prelatura Cancún-Chetumal insiste en quedarse con esas propiedades públicas, so pretexto de que no es ella la que las solicita, sino «”como dice en un amañado comunicado de prensa»” las peticiones son hechas «por feligreses, vecinos del lugar, que desean manifestar su fe en un templo y para ello se congregan, recaban firmas y solicitan los predios al Municipio», y que la prelatura simplemente «asesora a los feligreses y presenta la documentación requerida por el ayuntamiento para la solicitud de los permisos correspondientes».
Eso, en el refranero popular, se llama sacar las castañas con la mano del gato. Es decir, utilizar la buena fe y la devoción de los fieles, quienes aparecen como peticionarios, pero quienes se quedarán finalmente con los terrenos no serán ellos sino los curas.
Quiere también hacer creer la jerarquía católica que con la ocupación de los predios no se comete el delito de despojo ni algún otro acto ilegal, sino que se trata de acciones enmarcadas en la ley.
«Las capillas «”añade el comunicado de prensa de la prelatura»”ya tienen un proceso iniciado para conseguir la orden de ocupación desde 2009 y fue recibida toda la documentación solicitada el 16 de junio de 2011, la cual contenía las cartas de solicitud de la comunidad al Presidente Municipal y el Cabildo, el croquis de ubicación, las fotografías, las firmas y el levantamiento topográfico. Estas carpetas fueron recibidas por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Benito Juárez, por la Secretaría General y por la Presidencia Municipal de Benito Juárez.»
Con esta tendenciosa redacción, se pretende hacer creer que por el mero hecho de presentar una solicitud con un montón de papeles, se adquieren derechos de propiedad o de posesión de los terrenos, lo cual desde luego no es cierto, y las peticiones ya han sido rechazadas, en estricto apego a la ley.
Pero los curas no desocupan los valiosos inmuebles. Siguen oficiando misas en ellos, ampliando las construcciones y «”en lo que se antoja una especie de venganza contra los vecinos que se oponen a tales arbitrariedades»” instalando grandes altavoces para transmitir a máximo volumen rezos, cánticos y sermones. Tal parece que se está retando a las autoridades y a la ciudadanía, con la intención de provocar un conflicto falsamente religioso en el cual el clero se presente como inocente víctima.
El apetito clerical por esos terrenos se explica, pues se trata de un negocio inmobiliario muy apetitoso, de centenares de millones de pesos. Lo que está en juego son lotes de muchos cientos, si no es que miles de metros cuadrados. Uno de ellos mide nada más ni nada menos que 40 mil metros cuadrados, que se antojan un tanto excesivos para una modesta capilla. En total, según el avalúo hecho por la propia Comisión de Hacienda del ayuntamiento cancunense, los predios de los que intenta adueñarse el clero tienen un valor catastral superior a cien millones de pesos. Su valor comercial es, desde luego, varias veces mayor.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 7 de marzo de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.