IMPACTO AMBIENTAL
Nuevo instrumento contra la arbitrariedad[1]
Juan José Morales
Podría decirse que en México la etapa de las revelaciones electrónicas sobre los atropellos policiacos se inició en febrero de 1996 con aquel famoso video, presentado por el periodista Ricardo Rocha, sobre la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, ocurrida el 28 de junio del año anterior. La policía, el ministerio público, el gobierno del estado y los jueces, manejaban la versión de que los muertos habían atacado a la autoridad y ésta no tuvo más remedio que responder en defensa propia. Pero de pronto apareció una filmación hecha con una cámara casera que demostró la verdad: aquello había sido un asesinato masivo a sangre fría.
A partir de entonces, ha surgido otro nuevo y poderoso instrumento contra las arbitrariedades de la policía: el teléfono celular. Ahora, casi cualquiera puede registrar en video con uno de esos instrumentos lo que ocurre a su alrededor, y la policía ya no puede, como antes, dar falsas versiones de los hechos.
Es más: ni siquiera hay que esperar semanas, meses o años para «”ya durante el juicio después de él»” presentar las imágenes como prueba que desmienta las acusaciones. Tan sólo minutos después de tomadas «”antes siquiera que en los noticiarios televisivos»” es posible comenzar a difundirlas por Internet a través de las redes sociales, incluso enviándolas desde el mismo aparato con que fueron grabadas.
Imagen de uno de los videos tomados el 1° de diciembre, en el cual se ve que Alejandro Jaramillo Rojas fue detenido sin que participara en los hechos violentos. Simplemente tomaba fotografías. Sin embargo, aún permanece encarcelado por «ataques a la paz pública».
En pocas palabras: ya no se puede engañar fácilmente a la gente. Gracias al celular y la Internet, millones de ciudadanos pueden actuar como reporteros, como guardianes de la legalidad, como ojos vigilantes para impedir injusticias y atropellos de las autoridades.
La eficacia de ese instrumento quedó demostrada en el caso de los detenidos por los disturbios del primero de diciembre. No sólo 56 de los 14 tuvieron que ser puestos en libertad casi de inmediato tras probarse fehacientemente su inocencia con las numerosas grabaciones de video que el mismo día de los hechos difundieron los internautas, sino que empieza a quedar claro que aquello fue una provocación evidentemente montada por las autoridades «”aún está por precisarse si las del régimen saliente o las del entrante»” con el claro propósito de desprestigiar a López Obrador y al Movimiento Regeneración Nacional, y justificar la política represiva y de mano dura que se espera de Peña Nieto.
Todavía hay, sin embargo, 14 personas encarceladas por «ataques a la paz pública», un delito con el mismo tufo autoritario y antidemocrático que el de «disolución social» al amparo del cual en otros tiempos fueron encarcelados y condenados a prisión cientos de dirigentes campesinos, obreros y sociales.
En el caso actual, resulta muy claro que los actos vandálicos del primero de diciembre fueron obra de grupos bien organizados tolerados por la policía. Hasta parece que vemos repetirse aquellas escenas del 10 de junio de 1971, en tiempos del presidente Echeverría, en que los famosos halcones adiestrados por el gobierno priísta del DF impunemente golpeaban y asesinaban estudiantes ante la mirada indiferente de los gendarmes, que cuando actuaban, era para detener a las víctimas, no a los agresores.
No deja de ser revelador el hecho de que ni uno solo de los 13 hombres y la mujer que aún permanecen tras las rejas por los sucesos del primero de diciembre, tenga antecedentes penales o siquiera de faltas administrativas graves. Más claro ni el agua: a los vándalos la policía les permitió actuar y escapar, y en cambio se encarceló a manifestantes pacíficos o a simples transeúntes, hoy convertidos en chivos expiatorios.
Y lo grave de ello es que de esa operación represiva se está haciendo cómplice voluntario o involuntario el gobierno del Distrito Federal, que durante muchos años mantuvo una política de respeto a la libertad de reunión y manifestación. Cómplice es también el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, quien antes siquiera de que los detenidos fueran consignados, prácticamente los sentenció al declarar que su arresto había sido legal y que estaban ligados a partidos políticos.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 18 de diciembre de 2012.