IMPACTO AMBIENTAL

Lo que no se dice de la ley de educación[1]

Juan José Morales

Normalmente, esta columna aborda cuestiones relativas al medio ambiente, flora, fauna y recursos naturales. Pero si hay algo importante para el país en estos días, es lo que se ha dado en llamar el conflicto magisterial, así que hoy cambiaremos de tema y nos ocuparemos de este asunto, sobre el que mucho se habla pero poco se informa.

En efecto, la prensa, la radio y la televisión han venido volcando cataratas de calificativos y denuestos sobre los maestros, a quienes se tilda de irresponsables, revoltosos, holgazanes y culpables de que el nivel educativo ande por los suelos, y por ello se niegan a ser evaluados.

Pero lo que no se dice, es que tal evaluación se maneja como un fin en sí mismo «”para poder contratar y despedir maestros»” y no como un medio para detectar las deficiencias del sistema educativo, buscar la manera de corregirlas y así tener una educación de calidad.

La información sobre las protestas contra la reforma educativa ha sido abundante, pero casi toda se centra en los problemas que ocasionan, sin duda para crear en la opinión pública un ambiente favorable a la represión contra los maestros.

Tampoco «”mucho menos»” se dice que la ley pone los mecanismos de evaluación en manos de los gobernadores, que de esta manera tendrán un magnífico instrumento para seguir presionando, controlando y corrompiendo a los maestros, ya sea favoreciendo a incondicionales y recomendados, o usando la evaluación para librarse de quienes no se dejen manipular.

La Ley General del Servicio Profesional Docente estipula que si bien los lineamientos generales para la evaluación serán establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), serán las autoridades de cada estado «”esto es, los secretarios de educación locales, nombrados por los gobernadores»” las que tendrán a su cargo los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores; además de la selección y capacitación de los evaluadores. En pocas palabras: serán los gobernadores los quienes finalmente dictarán las reglas del juego y podrán decidir a su antojo la suerte de los maestros.

Incluso, al estipular que las propias autoridades locales serán las que asignen las plazas para profesores de nuevo ingreso según la puntuación que obtengan en la evaluación, se abre la puerta para mantener el tráfico de plazas, sólo que ahora ya no a través del sindicato sino de los funcionarios.

Por otro lado, a los maestros se les exige tener una buena preparación y mantenerse constantemente actualizados en materia pedagógica y en todas las técnicas y métodos necesarios para su labor, incluso el manejo de computadoras, pero no se les garantiza la manera de lograr tal cosa. La ley es muy concreta, precisa, específica e incluso reiterativa en cuanto a la evaluación inicial y periódica de los maestros para decidir si se les contrata en definitiva, si conservan su empleo o si se les despide, pero sólo habla de manera vaga, general e imprecisa acerca de la capacitación y la formación que las autoridades educativas deben darles a fin de que tengan la preparación necesaria para seguir en su puesto.

Hay otros aspectos de la ley sobre los cuales también se ha tendido un discreto manto de silencio, como el hecho de que a los maestros se les reduce a la condición de simples sujetos administrativos. Pero de ellos hablaremos en otras ocasiones. Por ahora, y para finalizar, sólo una pregunta: ¿También se someterá a evaluación al titular de la Secretaría de Educación y a los altos mandos de la misma para determinar si tienen la preparación que exigen tan altos cargos y merecen desempeñarlos? Después de todo, su responsabilidad en cuanto a la calidad de la educación en el país es incomparablemente mayor que la de un maestro de banquillo.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán Quintana Roo. Viernes 6 de septiembre de 2013