ESCRUTINIO
Una ley opresiva y represiva[1]
Juan José Morales
Si el gobierno de Quintana Roo llegare a cometer la torpeza de poner en vigor la llamada Ley de Ordenamiento Social, una disposición opresiva y represiva que prácticamente anula el derecho constitucional de reunión y manifestación y amenaza a quienes insistan en ejercerlo, no dudaré en desafiarla a la primera oportunidad. Sé que me expondría a ser encarcelado o agredido por la policía. Pero no sería la primera vez que fuera detenido, macaneado o gaseado en alguna manifestación. Incluso alguna vez me tocó escuchar «”bastante próximo por lo demás»” el ondulante zumbido de la bala disparada por algún policía de gatillo alegre contra manifestantes pacíficos e indefensos.
Y si estoy dispuesto a desafiar esa ley, es porque no puede estar por encima de la Constitución. Concretamente de su artículo 9, que a la letra dice: «No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito». Y en su párrafo final subraya que «no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.»
Más claro, ni el agua. El texto constitucional no deja dudas en cuanto a que se trata de un derecho irrestricto, sin más limitaciones que las que el propio artículo impone al ejercicio de la libertad de reunión y manifestación. Es decir, el uso de violencia o amenazas para intimidar a una autoridad y presionarla a resolver en cierto sentido, así como que «sólo podrán hacer uso de ella «”o sea de la libertad de reunión y manifestación»” los ciudadanos de la República»¦ para tomar parte en los asuntos políticos del país» y que «ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar».
Los diputados del PRI y sus satélites del negocio familiar llamado Partido Verde que mediante al acostumbrado mayoriteo aprobaron la susodicha ley en el congreso de Quintana Roo, creen sin embargo que pueden pasar por encima de la norma constitucional e imponer a la libertad de reunión y manifestación las limitaciones, barreras, prohibiciones y condiciones que se les antoje.
No vamos a entrar en detalles sobre la serie de confusas, enredadas, amañadas y alambicadas disposiciones aprobadas por esos legisladores «”seguramente sin haberlas leído siquiera, sino sólo por órdenes «de arriba»»”, acerca de cómo, cuándo, en qué calles, a qué horas, o con cuánto tiempo de anuencia o conocimiento de la autoridad puede ejercerse un derecho constitucional. Serán en todo caso los magistrados de la Suprema Corte quienes en su momento pondrán en ridículo a esos diputados al declarar inconstitucional la ley, si es que «”como decíamos»” el gobernador Roberto Borge comete la torpeza de ponerla en vigor. Porque sin duda el asunto llegará al máximo tribunal, como han llegado otras, de diversa naturaleza pero todas violatorias de la Carta Magna, aprobadas en varios estados por diputados levantadedos y que sin mayor problema fueron anuladas por el máximo tribunal.
Y reitero que si esa ley entra en vigor, no titubearé en violarla, como parte de los esfuerzos para que sea derogada, porque no quiero que volvamos a aquellos tiempos en que el ejercicio de los derechos que establece la Constitución quedaba a criterio de cualquier atrabiliario y gorilesco jefe policíaco o de algún presidente municipal o gobernador de espíritu caciquil.
Bastante trabajo nos ha costado a los mexicanos superar aquella situación y garantizar un mínimo de libertades, para ahora aceptar mansamente que el nuevo PRI nos retrotraiga a las prácticas del viejo PRI.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 1 de abril de 2014