ESCRUTINIO
Otro chambista para «prevenir» el delito[1]
Juan José Morales
Está probado hasta la saciedad que para combatir el delito es inútil y hasta contraproducente la política de mano dura; esto es, el endurecimiento de las penas y el rigor contra los delincuentes. Por eso resulta absurdo que el gobierno federal haya nombrado Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a Arturo Escobar y Vega, dirigente del llamado Partido Verde, quien no sólo es totalmente neófito en la materia, pues no tiene el menor antecedente en ese campo, sino que «”como muestra adicional de su total ignorancia al respecto»” ha impulsado a través de su partido propuestas reñidas con las modernas teorías de prevención del delito, de los derechos humanos y hasta de la propia Constitución. Por ejemplo, que se reduzca la edad penal para poder encarcelar a menores de edad en las mismas cárceles que a delincuentes adultos, o que se implante en México la pena de muerte, que está expresamente prohibida por la Constitución y contra la cual hay en el mundo un movimiento generalizado que pide su eliminación.
Escobar en sus tiempos de diputado; plurinominal naturalmente, pues difícilmente ganaría un escaño por mayoría. Cuando se le acabó esa chamba, el gobierno de Peña Nieto tenía que darle otra en pago por haber apoyado sistemáticamente al PRI en la cámara, así que lo acomodó en la Secretaría de Gobernación como encargado de prevenir delitos, materia en la cual no posee ni conocimientos ni experiencia.
Escobar, por lo demás, puede considerarse un delincuente, pues como dirigente de su partido cometió repetidas y graves violaciones a la ley electoral, que motivaron una serie de multas por parte de las autoridades, convirtieron al PVEM en el partido que más ha vulnerado la legislación electoral y estuvieron a punto de costarle el registro.
Se recuerda también que hace seis años, cuando era senador, fue sorprendido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con más de un millón de pesos en efectivo, de los cuales negó ser propietario en confusas y contradictorias explicaciones. Finalmente, intervino en su ayuda un empresario llamado Luis Fernando Castellanos, quien asumió la responsabilidad por el trasiego de dinero. Ahora, Castellanos es presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, electo con apoyo del PVEM, el PRI y el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, miembro también del Verde.
Dados los antecedentes y nula preparación de Escobar para el cargo, está circulando una petición dirigida a la Secretaría de Gobernación en la cual se pide anular su nombramiento, con base en cuestionamientos como los siguientes:
«¿Por qué se designó a una persona que no conoce los temas de prevención social, seguridad pública, crimen organizado, delitos y violencia?
«¿Por qué se nombró a una persona que forma parte de un partido político que destaca por hacer gala de conductas ilegales y violaciones sistemáticas a la ley, como es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); siendo que una de las responsabilidades de este cargo es liderar un programa de promoción de la cultura de la legalidad?
«¿Cómo una persona que promueve propuestas contrarias a los principios de derechos humanos, como son la pena de muerte, la reducción de la edad penal y otras medidas de corte absolutamente fascista y autoritario, va a entender la complejidad y delicadeza de lo que significa reconstruir confianza, solidaridad, relaciones pacíficas, respeto a la vida y la dignidad?»
Como señaló Clara Jusidman, académica de la UNAM y dirigente de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE, al comentar el nombramiento de Escobar y la demanda de que sea anulado, «para reducir la violencia en nuestro país, es indispensable que esta política sea encabezada por alguien que cuente no solamente con conocimiento del tema, sino también con una genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último. Resulta inquietante que la única propuesta conocida de Escobar en materia de combate a la inseguridad haya sido, en 2008, la de establecer la pena de muerte para perpetradores del delito de secuestro. Iniciativas como ésta no solamente reflejan un tratamiento superficial del tema, sino que ponen en duda que sus promotores consideren como prioridad la atención de las causas y facilitadores del delito y la violencia.»
Pero, a decir verdad, dudo mucho que Peña Nieto dé marcha atrás en este nombramiento. A fin de cuentas, no sólo está recompensando a Escobar por sus servicios al PRI y el gobierno, sino que él mismo «”Peña»” comparte esa visión represiva de mano de hierro envuelta en guante de seda. No en balde ha dicho que su modelo de gobernante es López Mateos, un presidente sonriente que sin embargo llenó las cárceles de presos políticos. Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 30 de septiembre de 2015