IMPACTO AMBIENTAL

El caso del malecón secuestrado[1]

Juan José Morales

El malecón Tajamar frente a la laguna Nichupté de Cancún «”que puede considerarse la única ventana al mar de esta ciudad»” se había convertido en un lugar de paseo de los habitantes de la ciudad, especialmente los fines de semana.

Pero este sábado, los habituales paseantes ya no pudieron ir a patinar, andar en bicicleta, pasear a sus perros y disfrutar de la brisa marina. Encontraron los accesos al malecón bloqueados por un gran número de policías apostados en apretadas hileras tras vallas de acero que se extendían a lo largo de la avenida Bonampak. Las fuerzas policiacas habían sido desplegadas desde la madrugada, en una aparatosa operación al amparo de la oscuridad, pues previamente se apagaron las lámparas del alumbrado público.

Una parte de las nutridas hileras de gendarmes con que se impidió el acceso al malecón Tajamar de Cancún a los paseantes habituales. El comentario generalizado fue que hubiera sido mejor destinar esa enorme cantidad de policías y patrullas a vigilar la ciudad para reducir el número de asaltos, robos y otros delitos que agobian a la población.

Y como complemento de aquel alarde de fuerza, una cubierta de plástico negro impedía mirar lo que ocurría más allá, donde podía escucharse el estruendo de la maquinaria pesada que había sido introducida bajo la protección de los gendarmes y «”según pudieron comprobar quienes habitan los altos edificios situados al otro lado de la avenida»” estaba arrasando totalmente lo que aún quedaba de la vegetación en el sitio.

Se dijo que esta acción fue ordenada porque un juez falló en contra del amparo solicitado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental para que se mantenga esa zona verde, aunque no se dio a conocer el documento. Hubo también versiones de que el amparo todavía está en estudio y la irrupción de la maquinaria buscaba crear una situación de hechos consumados y forzar un fallo en favor de los constructores.

Sea como sea, Cancún pierde así un trecho más de sus humedales. Se destruyó otro manglar que «”al igual que los de Puerto Cancún y los fraccionamientos Donceles 28 y Lombardo Toledano»” nunca debieron ser devastados, ya que constituían la primera línea de defensa contra los poderosos huracanes que de tiempo en tiempo azotan la zona. Constituían igualmente valiosos sistemas naturales de purificación de las aguas subterráneas contaminadas con desechos humanos que escurren hacia el mar. La ciudad se ha ido así quedando sin escudo contra fenómenos meteorológicos y sin riñones naturales que eliminen contaminantes nocivos para la vida marina.

Todo esto es consecuencia de que Fonatur perdió su carácter original de institución impulsora del desarrollo turístico y se convirtió en una vulgar empresa inmobiliaria dedicada a vender cuanto terreno tenga en sus manos, aunque sea inadecuado para la urbanización. No se ha preocupado por conservar aquellas zonas que los expertos recomiendan no alterar debido a que por su ubicación y características son cruciales para la protección del medio ambiente urbano, como es el caso de los humedales en general y de los manglares en especial.

Por cierto, como detalle curioso, cabe recordar que en 2007, al ver la devastación de manglar en el malecón Tajamar realizada por Fonatur, el entonces presidente Calderón ordenó la fulminante destitución, de manera humillante «”en un concurrido acto público y sin que el cesado tuviera oportunidad de aclarar las cosas o tan siquiera se hallara presente»”, de Rafael Muñoz Berzunza, entonces delegado de la Semarnat en Quintana Roo y ahora secretario de Ecología del gobierno de ese estado, a quien consideró culpable de aquel hecho.

Pero en realidad Fonatur taló ese manglar con autorización de la Semarnat mediante oficio del 28 de julio de 2005. Como eso se hizo antes de entrar en vigor las actuales disposiciones legales de protección al mangle, ahora se aduce que la ley no puede aplicarse retroactivamente y por tanto debe permitirse que el proyecto de urbanización en ese sitio siga adelante. Pero, según replican quienes se oponen a él, para obtener el permiso de desmonte Fonatur suministró información falsa a la Semarnat. En consecuencia, la autorización podría ser invalidada y no procedería la urbanización de los terrenos.

Ciertamente, es indispensable dejar muy en claro este punto. Si Fonatur falseó la información para obtener fraudulentamente permisos de tala y cambios de uso de suelo, resultaría que defraudó a los empresarios a quienes vendió tales lotes. Éstos podrían demandar a Fonatur por haberlos metido en un laberinto legal y habría que proceder penalmente contra los funcionarios responsables de tales hechos. Pero la gran duda es si las autoridades están dispuestas a desenmarañar este asunto.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

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[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 18 de enero de 2016