ESCRUTINIO

Nueva arma contra la libertad de prensa[1]

Juan José Morales

No parece casual que, con muy poco tiempo de diferencia, la periodista Carmen Aristegui y el politólogo y articulista Sergio Aguayo hayan sido objeto de sendas demandas por «daño moral». La primera, por parte de Joaquín Vargas, magnate de la radio y la televisión de paga. El segundo, por Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila.

Decimos que no parece casual sino más bien parte de una nueva estrategia para acosar, atemorizar y silenciar a los periodistas, mediante acciones judiciales que los obliguen a destinar tiempo, dinero y esfuerzo a defenderse. En esta forma, no sólo los distraen de sus actividades periodísticas y por ende los limitan en sus investigaciones, sino que los hacen gastar sumas que pueden llegar a ser cuantiosas en abogados y trámites judiciales. Sus acusadores «”o acosadores, si así se prefiere»”, en cambio, no tienen problema en ese aspecto. Pues lo que les sobra son dinero, abogados e influencias políticas suficientes para torcer la justicia en su favor. Lo que gastan en el juicio resulta pecata minuta dados sus cuantiosos recursos económicos, amén de que lo manejan como gastos de sus empresas y así pueden incluso deducirlo de impuestos.

Tal parece que, tratándose de periodistas famosos, se ha optado por no asesinarlos como ocurre «”particularmente en Veracruz»” con los reporteros de periódicos locales, ni encarcelarlos bajo burdos cargos como hizo el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, con Pedro Canché. Matarlos desataría un escándalo. Pero demandarlos por «daño moral» es a fin de cuentas lo que podría llamarse una forma suave de represión. Y es que, como señala Sergio Aguayo, «un número creciente de gobiernos encuentran formas de evadir sus compromisos y persiguen legal y/o ilegalmente a los defensores y periodistas independientes y combativos.»

Vargas, magnate de la radiodifusión, con Peña Nieto. La relación entre ambos es muy cordial y a ello se atribuye el cese de Carmen Aristegui de la cadena radiofónica propiedad de Vargas a raíz de sus revelaciones sobre la ahora famosa Casita Blanca.

La demanda de Vargas contra Carmen Aristegui tiene el mismo albo color que la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, pues se funda en el hecho de que ella escribió el prólogo de un libro sobre ese asunto publicado por la editorial Random House, contra la cual también va dirigida la demanda. Vargas pretende, además de una compensación económica por el supuesto daño moral que le han causado lo que califica de falsedades contenidas en el prólogo, que éste sea eliminado del libro.

Pero para muchos, la verdadera razón está en la inquina que le guarda Peña Nieto por sus revelaciones sobre la susodicha mansión, que desataron un escándalo ya que la compañía constructora de la misma era una empresa ampliamente favorecida con contratos por Peña Nieto tanto cuando fue gobernador del estado de México, como en la actualidad, desde la presidencia de la República.

Un factor adicional es el hecho de que Carmen está por iniciar un nuevo programa radiofónico por Internet, y la demanda se ha interpretado como una presión para hacerla desistir de ello.

En el caso de Aguayo, se pregunta éste si Moreira pretende llevarlo ante los tribunales porque está coordinando una investigación desde El Colegio de México sobre la matanza ocurrida en 2011 en la población de Allende, Coahuila, donde más de 300 personas «”hombres, mujeres, niños y ancianos»” fueron secuestrados y presumiblemente asesinados, pues nunca se supo más de ellos, y sus viviendas arrasadas por los asaltantes.

En fin, los periodistas tenemos pendiente ahora sobre nuestras cabezas, como espada de Damocles, una nueva arma contra la libertad de expresión: las demandas por daño moral.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 2 de agosto de 2016