Las cárceles para inmigrantes, nueva «franquicia» mexicana, escandalosamente rentable para EE UU[1]

Las dos principales empresas, Corrections Corporation of America y The GEO Group, se encuentren tras las leyes que se están generalizando en los diferentes estados norteamericanos, que facultan a las policías locales a detener y encarcelar a cualquier sospechoso de ser indocumentado. En el caso de la Ley Arizona, se sabe que 30 de los 36 congresistas que la apoyaron recibieron poco antes donaciones para sus campañas políticas

Juan José Morales

PHOENIX, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS (VÓRTICE).- Todo en Estados Unidos es grande. Podría decirse que colosal. Incluso el número de prisioneros en sus cárceles. Aunque la población de ese país representa sólo el 5% del total mundial, el número de personas recluidas en las prisiones norteamericanas equivale al 25% de la totalidad de los presos que hay en el mundo entero. Según cifras de principios del año pasado, había en las cárceles de Estados Unidos 2.3 millones de reclusos, contra sólo 1.6 millones en China, que tiene cuatro veces más habitantes. Aparte de esos 2.3 millones que constituyen lo que podría llamarse la población penal permanente, cada año otros 13 millones de norteamericanos pasan algún tiempo tras las rejas, detenidos temporalmente por una diversidad de delitos o faltas administrativas, en espera de ser multados, absueltos o liberados bajo fianza.

INHUMANA CADENA PERPETUA EN CALIFORNIA POR LA «˜REGLA DE LOS TRES STRIKES»™, UN NEGOCIO.- Un plantón ante las oficinas centrales del grupo GEO en Florida, para protestar por su participación a la persecución contra los migrantes y por las condiciones en que se mantiene a los prisioneros, a los que no se proporciona la atención médica necesaria y se castiga hasta por pedir papel sanitario. «Inmigrantes en venta», reza un cartel contra la privatización de las prisiones en Estados Unidos. Ha habido casos documentados de sobornos a jueces y jefes policiacos, así como de donaciones a los partidos Republicano y Demócrata, para que prácticamente les vendan presos a las empresas que manejan esas cárceles. Así ha aumentado la población carcelaria en Estados Unidos. No es casual que el incremento haya sido vertiginoso a partir de la década de los 80, cuando surgieron las empresas que manejan prisiones privadas. Ellas han sido las grandes beneficiadas con la política de sentencias cada vez más severas. Por ejemplo, la inhumana cadena perpetua que en California se aplica, según la llamada «˜regla de los tres strikes»™, a cualquier persona que cometa tres delitos, aunque sean simples hurtos sin violencia de objetos de poco valor. (Foto VÓRTICE)

Podría pensarse que tan enorme cantidad de presos se debe a que las autoridades no tienen contemplaciones contra los criminales, son muy eficaces para perseguirlos y no dejan delito alguno impune. Pero lo que casi nadie podría imaginar, es que esa inmensa población carcelaria -formada en gran medida por pacíficos migrantes y drogadictos retenidos largo tiempo en prisión, o por raterillos de poca monta sentenciados a duras penas e incluso a cadena perpetua constituye una lucrativa fuente de ingresos para dos grandes empresas dedicadas al negocio de construir y administrar cárceles, y que comparten sus ganancias -ya sea abiertamente o en forma de sobornos- con el Partido Republicano y el Demócrata, así como con jueces, alguaciles, gobernadores y alcaldes.

En efecto, gran parte del sistema carcelario norteamericano es manejado por dos compañías que poseen y manejan prisiones privadas y servicios de transporte y control de prisioneros: Corrections Corporation of America y The GEO Group, que trabajan para la Ofi cina Federal de Prisiones, el Servicio Federal de Alguaciles, los gobiernos de 19 estados y el Distrito de Columbia, cierto número de municipalidades, los gobiernos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que son colonias norteamericanas, y para el servicio de inmigración y aduanas, conocido como ICE por su sigla en inglés y popularmente «La Migra».

CINTURÓN BÍBLICO

CCA fue fundada en 1983, tiene su sede en la ciudad de Nashville, capital del estado sureño de Tennessee, en el llamado cinturón bíblico de Estados Unidos. Alardea de ser el quinto mayor sistema de prisiones de Estados Unidos, superado sólo por el gobierno federal y tres de los 50 estados. Y ciertamente lo es. Ocupa a más de 17 mil personas, posee más de 60 cárceles con capacidad para 90 mil presos, que a mediados de 2012 estaban llenas casi al 89% de su capacidad, con 80 mil reclusos en ellas. De las cinco docenas de cárceles, 44 son propiedad de la CCA y el resto propiedad gubernamental pero manejadas por la empresa bajo contratos que le garantizan un flujo de reclusos suficiente para mantener buenas ganancias.

El grupo GEO, por su parte, nació en 1988 y a la fecha tiene también más de cinco docenas de cárceles, con capacidad para unos 60 mil prisioneros. Un ejemplo de la forma en que trabaja esta compañía y de sus relaciones de negocios con las autoridades, es el de la cárcel de la población de Adelanto, en el condado de San Bernardino California, con capacidad para 650 detenidos. Originalmente era propiedad del gobierno, pero GEO la compró en 28 millones de dólares después de firmar un contrato con el ICE para la custodia de indocumentados, invirtió otros 22 millones para ampliarla al doble y espera que su inversión total de 50 millones le deje anualmente ingresos brutos por 42 millones con sólo mantenerla ocupada al 75% de su capacidad.

PRESOS MODELO

Inteligentemente, GEO ha entrado también al negocio de lo que podría llamarse «presos ambulantes»: para no cargar con el problema de alojarlos, ofrece a las autoridades servicio de monitoreo con grilletes electrónicos que permiten vigilar sus desplazamientos. Desde luego, este tipo de libertad vigilada es para procesados de mínima peligrosidad. De hecho, uno de los contratos con el ICE es para controlar de esa manera a 27 mil indocumentados sujetos a proceso. Pero en realidad gran parte del negocio de GEO y CCA se basa en ese tipo de gente inofensiva: inmigrantes indocumentados y consumidores -no traficantes- de drogas.

Como se ve, el negocio es redondo: se cobran 80 dólares diarios por tener en el calabozo a pobres diablos que no representan ningún peligro para sus guardianes, pues por su propia condición prefieren mantenerse calmados, callados y obedientes para no empeorar su situación. Son verdaderos presos modelo que no dan mayor problema a sus guardianes. Ciertamente, las prisiones privadas son un floreciente negocio en Estados Unidos. En los últimos 15 años su expansión ha sido del 350%, y en correspondencia han subido sus ganancias y la cotización de sus acciones en la Bolsa. No dispongo de cifras más recientes, pero las de los primeros nueve meses de 2011 son ilustrativas: en ese lapso GEO tuvo ingresos por 1 200 millones de dólares -11% más que en el mismo período del año precedente- y sus acciones han aumentado tanto de valor que por cada cien dólares que valían en 2005, ya habían subido a 322, o sea más del triple en 2010. Ello sin contar los dividendos cosechados durante esos cinco años.

CCA, por su parte, no canta mal las rancheras. En 2009 tuvo ingresos por 1 700 millones de dólares, el 40% de ellos por contratos con el gobierno federal y una porción sustancial en pago por el encarcelamiento de migrantes.

TRAS LA LEY ARIZONA

Visto todo lo anterior, no es de extrañar que CCA y GEO se encuentren tras las leyes que se están generalizando en los diferentes estados norteamericanos, que facultan a las policías locales a detener y encarcelar a cualquier sospechoso de ser indocumentado. Organizaciones de defensa de los migrantes y periodistas independientes han presentado pruebas fehacientes de ello. En el caso de la primera de tales leyes, la llamada Ley Arizona, se sabe que 30 de los 36 congresistas que la apoyaron recibieron poco antes donaciones para sus campañas políticas de GEO y CCA. Y no es casual que en el estado de Georgia, donde hace poco aprobó una ley similar, se encuentre la mayor cárcel privada de Estados Unidos. También es público que tanto el Partido Republicano como el Demócrata -en especial el primero- reciban suculentas donaciones de ambas compañías.

Indocumentados y presos comunes en una de las prisiones privadas del grupo GEO en California. En ese estado, la empresa tiene contratos con los sheriffs de los condados de Orange, Los Ángeles, San Bernardino y otros, así como con el ICE, el departamento de migración del gobierno federal. Con cruel ironía, podría calificárseles de clientes cautivos de las compañías carcelarias. (Foto VÓRTICE)

Y, visto también todo lo anterior, no es de extrañar que las empresas carcelarias norteamericanas sean las primeras interesadas en que las penas de prisión sean cada vez más severas, que se intensifique la persecución a los migrantes, y que se siga encerrando a cualquiera que sea pillado con unos pocos gramos de cocaína, anfetamina o mariguana para su consumo personal.

En el informe anual de negocios 2010 del grupo GEO, ello se dice sin embozo: «La demanda para nuestras instalaciones y servicios puede ser afectada negativamente si se introducen cambios en las actuales leyes penales y sobre migración, si disminuyen las tasas de criminalidad, si se relajan los esfuerzos contra el crimen y la inmigración, por la indulgencia de los jueces para aplicar sentencias, la despenalización de ciertas actividades que ahora son ilegales o un menor rigor de las leyes migratorias. Por ejemplo, cualquier cambio respecto a la despenalización de drogas y sustancias controladas afectaría el número de personas arrestadas, convictas, sentenciadas y encarceladas, con lo cual se reduciría la demanda potencial para el uso de cárceles. De igual manera, un descenso en las tasas de criminalidad llevaría a una reducción de los arrestos, convicciones y sentencias que requieran el uso de prisiones.»

Y prosigue el informe de negocios de la empresa carcelaria: «Las reformas a las leyes migratorias que actualmente estudian legisladores y políticos tanto a nivel federal como estatal y local, también podrían afectarnos adversamente.»

Más claro, ni el agua. Para beneficio de la libre empresa, es necesario que las prisiones estén llenas a reventar y la demanda de mazmorras siga aumentando. Y qué mejor materia prima para ello que los indocumentados.

[1] Publicado originalmente en Vórtice 14, 2013. Págs. 32-34.