ESCRUTINIO
La espinosa relación entre prensa y gobierno[1]
Juan José Morales
Un tema por naturaleza delicado y espinoso, es el de la relación del gobierno con la prensa. Y es que tan condenable resulta que la autoridad hostigue, persiga y reprima a los periodistas y los medios de comunicación para impedir que publiquen información crítica o desfavorable a ella, como destinar dinero del erario para comprar noticias y opiniones favorables. Ambos extremos constituyen en última instancia formas de censura y privan a la comunidad de su derecho a recibir información real y objetiva.
Esta reflexión viene a cuento con motivo de lo que está ocurriendo en Quintana Roo, donde tras el cambio de gobernador, diputados y presidentes municipales, se han publicado listas de medios informativos y de periodistas que recibían dinero «”en algunos casos muy gruesas sumas»” del gobierno de Roberto Borge y de varios ayuntamientos. Ello ha llevado a una polarización de puntos de vista sobre el particular: por un lado, hay opiniones en el sentido de que el gobierno no debe pagar un solo centavo por publicidad oficial. Por el otro, hay quienes dicen que privar a los medios de tal publicidad es una manera de ahogarlos y someterlos.
Y no han faltado quienes afirman que la publicación de las listas arriba mencionadas expone al desprestigio y la vergüenza pública a los periodistas.
Mi muy personal punto de vista es que ni se debe negar tajante y absolutamente la publicidad oficial a los medios, ni «”mucho menos»”, otorgarla con tal munificencia que constituya el único sostén económico de diarios, revistas y estaciones de radio y televisión, porque en tal caso se convertirían en simples apéndices del gobierno y perderían su independencia y credibilidad. Puede y debe haber publicidad oficial, dado que las entidades públicas requieren informar sobre ciertas cuestiones.
Como muestra la ilustración, tomada del portal argentino de Internet Intolerancia, la libertad de prensa no se limita a poder escribir lo que se nos antoje, sino tiene un gran número de aristas, como la imparcialidad, la objetividad, veracidad, profesionalismo, transparencia y otras más.
Pero esa publicidad debe manejarse con absoluta claridad y transparencia. Los contratos entre los distintos niveles de gobierno y los medios de comunicación deben ser públicos, a disposición de cualquier persona u organización que desee consultarlos, y en ellos especificarse sin ambages ni vaguedades cuáles son los compromisos, responsabilidades y obligaciones de ambas partes.
Por supuesto, esto no implica que toda información proveniente del gobierno deba publicarse previo pago. Ello también es noticia, y darlo a conocer forma parte de las obligaciones y responsabilidades de los medios de comunicación de mantener a sus lectores y a su audiencia debidamente informados sobre lo que las autoridades hacen.
La revista Contenido, de la cual fui redactor por muchos años, tenía una norma muy clara al respecto: los reportajes pagados por alguna empresa o institución pública para promover su imagen o sus productos o para informar sobre algo que considerara importante, se publicaban marcados como publirreportajes. Es decir, reportajes publicitarios. Eran trabajos periodísticos hechos con toda seriedad y calidad profesional para que los lectores los encontraran atractivos, pero se dejaba muy claro su origen, para no engañar a nadie.
Creo que en estos tiempos de cambios políticos es conveniente establecer una relación clara y abierta entre gobierno y medios de comunicación, una relación que no se preste a suspicacias o malos entendidos y lo bastante transparente para poder ser sometida al escrutinio de la ciudadanía.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 16 de noviembre 2016