IMPACTO AMBIENTAL

Historia de las sopas de colores[1]

Juan José Morales

Una amañada propaganda electoral ha venido presentando las cosas como si la única alternativa al PAN fuera el PRI. Es decir, que sólo hay dos sopas: azul o tricolor. Y como complemento de esa falacia, se tiende un manto de silencio y oscuridad sobre aquellos tiempos en que desde la presidencia de la República gobernaba el PRI (porque no hay que olvidar que todavía sigue gobernando en la mayoría de los estados y municipios del país, y cada mexicano sabe cómo le va con esos gobiernos locales).

El manto de silencio y oscuridad es muy conveniente para el tricolor, porque si los votantes menores de 30 años «”que son un alto porcentaje de la población»” conocieran a fondo la historia de esos últimos tiempos, difícilmente querrían volver a los tiempos de la matanza de Tlatelolco o la del jueves de Corpus, las desapariciones y asesinatos de opositores a manos de la Brigada Blanca «”ese siniestro cuerpo represivo del gobierno federal»” o las escandalosas corruptelas y el alucinante enriquecimiento del tristemente célebre jefe policiaco El Negro Durazo.

A fin de cuentas, sea cual sea el color de la sopa, el sabor resulta el mismo, como muestra la ilustración, tomada del blog Pejepuebla, que sugiere escoger alguna de otro sabor el próximo primero de julio.

Creo que nadie tampoco quisiera volver a los tiempos del presidente Miguel Alemán, que por el saqueo del erario público, él y sus corifeos se ganaron el mote popular de Alí Babá y los 40 ladrones.

Priístas fueron los gobiernos antecesores del PAN que iniciaron «”hace ya largos 30 años, en 1982″” la prolongada etapa de estancamiento económico, desempleo, pérdida del poder adquisitivo, empobrecimiento, carestía, desplome de la producción de alimentos y emigración forzada en que todavía vivimos y cuya manifestación más dramática y dolorosa son los siete millones de «ninis», que viven sin esperanzas de tener una vida digna y a quienes ahora se pide que ayuden a volver a la presidencia al partido que inició la crisis.

Priístas fueron Carlos Salinas de Gortari y su sucesor Ernesto Zedillo, artífices de la entrega de la electricidad, el petróleo, el sistema bancario y los ferrocarriles a las empresas extranjeras, entrega que continuó bajo los gobiernos panistas de Fox y Calderón.

Priístas fueron los gobiernos que encumbraron y le dieron su enorme poder a ese funesto personaje que es Elba Esther Gordillo, y panistas los gobiernos que le mantuvieron sus privilegios y su poderío a cambio de su colaboración en fraudes electorales.

Tricolores fueron los gobiernos que enriquecieron a unos pocos pícaros con negocios tales como el rescate azucarero y el rescate carretero, o con la compra a precios inflados de empresas en quiebra y su posterior venta a precio de ganga tras haberles inyectado muchos millones de pesos.

Bajo gobiernos del PRI estuvo creciendo la pobreza en México. En las postrimerías del gobierno de Salinas y el inicio del de Zedillo, el número de pobres aumentó en 16 millones, según cifras oficiales del propio gobierno.

Tricolor fue el gobierno que como por arte de magia convirtió la deuda del Fobaproa «”que era de los bancos privados»” en deuda pública y con ello nos convirtió a todos y cada uno de los mexicanos en deudores de los bancos. Y no hay que pasar por alto que el gobierno de Zedillo no hubiera podido darnos tal golpe de no ser por el apoyo de los azules legisladores del PAN, que después de haber declarado que se opondrían a convertir el Fobaproa en deuda pública, votaron en favor de que se hiciera.

Cuando recuerdo que gracias a ese maridaje ahora cada niño mexicano nace debiendo 35 mil pesos, no puedo menos que pensar en los anuncios en que el PRI se presenta como una especie de nana o madre sustituta que si recupera el poder, velará por cada mexicano que ya ha venido o vendrá al mundo, garantizándole casa, vestido y sustento de por vida.

Ciertamente, cada votante menor de 30 años debería conocer esos aspectos de la historia de México que taimadamente se nos ocultan.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 15 de mayo de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.

IMPACTO AMBIENTAL

México como basurero industrial[1]

Juan José Morales

Pues ya resultó que Gabriel Quadri, el candidato de Elba Esther Gordillo, también arrastra cola pisable. Pequeña, ciertamente, pero sólo porque fue muy breve el tiempo que tuvo para desarrollarla: su paso por la dirección del Instituto Nacional de Ecología de 1994 a 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Y el rabo, aunque corto, no deja de ser gordo. Se refiere a la autorización que Quadri dio en ese entonces para construir un basurero de desechos tóxicos cerca de la población de Parras, Coahuila. Así lo recordó Jesús González Schmal, ex candidato a la gubernatura de ese estado y actual candidato a senador por el PRD. La autorización, subrayó, la otorgó Quadri antes siquiera de que se aprobara la manifestación de impacto ambiental del basurero, el cual finalmente fue clausurado después de una larga lucha legal en la cual participó el ahora candidato perredista y los pobladores afectados demostraron las violaciones a la ley que había cometido Quadri para permitir la operación del pomposamente llamado Centro Integral de Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari).

Una de las nutridas manifestaciones con que los habitantes de Zimapán, Hidalgo, han estado protestando durante años por la instalación de un peligroso basurero de residuos industriales tóxicos, exigiendo su clausura.

Tras la denuncia de González Schmal, el candidato gordillista le respondió presentándose «”con su acostumbrado estribillo»” como víctima de «los políticos de siempre» y acusando a su acusador nada menos que de «traidor ambiental» porque, dijo, «por su culpa y por sus intereses, impidió que se construyera una instalación de infraestructura para el manejo de residuos industriales… (que ahora) se van a los ríos, a las cañadas».

Lo que no dice Quadri, es que el tiradero de Parras iba a recibir desperdicios industriales de alta toxicidad procedentes de Estados Unidos, los cuales «”según explicó González Schmal»” se trasladarían en grandes volúmenes desde Texas por ferrocarril y en el viaje de regreso las góndolas se aprovecharían para transportar automóviles fabricados en Coahuila. Los industriales norteamericanos se ahorrarían así los altos costos que implica deshacerse de esa peligrosa basura conforme a las estrictas normas vigentes en su país, y en cambio, por una bicoca, podrían deshacerse de ella en nuestro país a costa de la salud y la vida de los mexicanos. Y cabe preguntarse quién resultaría ser el traidor ambiental: ¿quien se opuso a tal cosa o quien la permitió?

Tan escandaloso resultó el asunto que, al perder la Semarnat el juicio y verse obligada a cancelar la autorización para el basurero, Quadri fue echado de la dirección del INE y vio así frustradas sus aspiraciones de ser el secretario de ecología de Vicente Fox, puesto por el cual «”dicho sea de paso»” compitió con otro singular personaje de la política mexicana: el primer dueño del llamado Partido Verde Ecologista, Jorge González Torres, alias El Viejo Verde, padre de El Niño del mismo color y heredero de ese negocio político.

Pero lo más importante de todo esto es que, si bien los lugareños lograron impedir que en Parras se estableciera ese peligroso basurero, tiraderos del mismo tipo han venido proliferando desde entonces en muchos lugares del país, incluso en el propio Coahuila. A menudo se les disfraza como instalaciones de manejo y aprovechamiento de residuos, peor no son más que sitios de confinamiento, en los cuales se depositan miles y miles de toneladas de peligrosos contaminantes y ahí se dejan abandonados. Un ejemplo es el confinamiento de residuos tóxicos construido en Zimapán, Hidalgo, por la firma española Abengoa con una mínima inversión de 12 millones de dólares y el pago de diez mil pesos mensuales de renta por las 133 hectáreas de tierras ejidales que ocupa. Consiste en enormes cavidades de 800 metros de diámetro por 160 de profundidad, a los cuales se pueden arrojar más de 600 mil toneladas de desechos peligrosos que conservarán su toxicidad por siglos y pueden contaminar gravemente el agua de los mantos subterráneos.

El tiradero de Zimapán, por cierto, fue autorizado en la misma época en que Quadri estuvo al frente del INE, aunque ignoro si él personalmente tuvo algo que ver con los permisos.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 14 de mayo de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.

ESCRUTINIO

EPN y el chacal de Tlatelolco[1]

Juan José Morales

Hace un par de meses, el 14 de marzo, comentábamos en este espacio que el hecho de que Enrique Peña Nieto hubiera declarado que el ex presidente Adolfo López Mateos le sirve de inspiración, era una muestra de su talante dominante, autoritario, arbitrario y represivo, pues aquel mandatario se distinguió por haber llenado las cárceles de presos políticos, entre ellos el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo y el pintor David Alfaro Siqueiros, y por la manera como reprimió movimientos obreros, sociales y campesinos.

Pues bien, el propio Peña Nieto se encargó de confirmar esa apreciación cuando en su visita a la Universidad Iberoamericana dijo textualmente acerca de la violenta represión que en mayo de 2006, durante su mandato como gobernador del estado de México, sufrieron los habitantes del pueblo de Atenco: «Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder los cuestionamientos sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que, sin duda, dejó muy en claro la firme determinación de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México; tomé la decisión de emplear el uso (sic) de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Reitero, reitero, fue una acción determinada que asumo personalmente, para el restablecimiento del orden y la paz. En el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación».

Esta «”decía el mensaje que la acompañaba»” es una foto inédita de la forma en que salió Peña Nieto de la Universidad Iberoamericana después de su encuentro con los estudiantes.

Independientemente de la poca claridad en el lenguaje, al leer lo anterior me pareció estar leyendo aquella parte del informe presidencial de 1969 de Gustavo Díaz Ordaz en que al referirse a la matanza del 2 de octubre, decía enfáticamente, desatando por cierto una atronadora ovación de los dóciles secretarios de Estado, senadores y diputados del PRI que lo escuchaban: «Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado».

La represión de Atenco, como se recordará, dejó dos muertos, numerosos heridos, más de 200 detenidos, 26 mujeres violadas y una docena de personas procesadas y sentenciadas a monstruosas penas de hasta 112 años de prisión.

Todo ello «”golpizas, muertes, heridas, violaciones, encarcelamiento, etc.»” se hizo, según EPN, «para restablecer el orden y la paz» y en uso del «legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública», y «”agregó»” «fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación».

Nada más falso. Lo que la Corte dictaminó fue exactamente lo contrario. Leamos lo que se dice oficialmente acerca del caso Atenco en la biblioteca virtual de la SCJN:

«La Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó estos hechos y en febrero de 2009 determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales eran responsables mandos medios y bajos policíacos. El 30 de junio de 2010, el máximo tribunal amparó a 12 quejosos relacionados con los hechos, quienes estaban acusados por el delito de secuestro equiparado, y ordenó su inmediata liberación. La Suprema Corte llegó a la conclusión de que en los procesos penales llevados a cabo en contra de los quejosos se otorgó valor probatorio a pruebas ilícitas y que se les acusó de delitos que no habían cometido.»

Como se ve, es mentira que la Suprema Corte haya respaldado la represión ordenada por Peña Nieto en Atenco. Al contrario, la condenó, y al decretar la liberación de los presos señaló que se les había encarcelado y sentenciado «como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición».

De modo, pues, que Peña Nieto, partidario de la mano dura, también parece tener como guía y fuente de inspiración a Gustavo Díaz Ordaz, El Chacal de Tlatelolco, como algunos le llaman.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 16 de mayo de 2012. Reproducción autorizada por juan José Morales.

ESCRUTINIO

El otro peine del niño verde[1]

Juan José Morales

Gran parte de la propaganda del llamado Partido Verde Ecologista de México se ha centrado en la demanda de que el IMSS y el ISSSTE le den a sus derechohabientes vales para adquirir medicamentos. No exige que haya un abastecimiento adecuado de medicinas, como sería lo más indicado, sino que se compren en farmacias privadas.

Ello le pareció muy razonable a Enrique Peña Nieto, quien públicamente «”y así lo ha anunciado a través de sus spots o mensajes»” la adoptó como demanda priísta y se comprometió a que, de llegar a la presidencia, se darán los famosos vales.

No es casual, sin embargo, que la familia de Jorge Emilio González, mejor conocido como El Niño Verde, propietario y administrador del PVEM, sea propietaria de grandes cadenas de farmacias. El tío Víctor González Torres, comercialmente llamado Doctor Simi, posee la gran cadena de Farmacias Similares, que comprende cerca de cuatro mil establecimientos en México, Centroamérica, España y Sudamérica. Otro tío, Javier de los mismos apellidos, es dueño de la cadena de Farmacias del Ahorro.

Esta caricatura de Hernández, publicada hace seis años en vísperas de la elección de 2006, resulta de mucha actualidad ahora a la luz de los intereses económicos que se mueven en torno a la alianza del partido propiedad de El Niño Verde con el PRI.

No se necesita, pues, mucha imaginación para adivinar en qué farmacias se harían efectivos los prometidos vales de medicinas y quiénes se llenarían los bolsillos con estas ventas, desde luego a precios muy superiores a los que el IMSS y el ISSSTE pagan en compras al mayoreo. Y no se requiere tampoco mucha imaginación para adivinar que una vez establecido tal procedimiento, se generalizarán la escasez de medicinas en esas instituciones y la entrega de vales.

No es esta la primera vez que se mezclan la política y los negocios farmacéuticos de la familia González en una alianza PRI-PVEM. A finales de 2005, se aprobó en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley presentada por el PVEM que daba manga ancha para la manufactura de medicamentos copiados de las fórmulas originales. El principal beneficiado con esta nueva disposición fue el tío Víctor, que pudo comenzar a fabricar medicamentos genéricos sin tener que someterlos a las rigurosas pruebas denominadas de biodisponibilidad y bioequivalencia que la ley les exige en Estados Unidos y otros países.

Por sí solo, el PVEM, con su pequeña representación en la legislatura, no hubiera podido lograr la aprobación de la ley. Pero el PRI se encargó de aportar los votos necesarios y de realizar el cabildeo necesario para obtener el apoyo de otros legisladores. A cambio, el partido del Niño Verde, que en las elecciones de 2000 se había aliado con el PAN, rompió su relación con éste y se sumó a la candidatura presidencial del priísta Roberto Madrazo, que por cierto sufrió una aplastante derrota.

Ahora, en una componenda semejante, el PVEM se pone al servicio del PRI a cambio de que se entregue a la familia González otro negocio mucho más suculento: el de surtir vales de medicinas para los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE.

Hace poco, en esta columna, comentábamos que «”como se dice en el lenguaje popular»” ya había aparecido el peine detrás de los esfuerzos de El Niño Verde por hacerse de una senaduría en Quintana Roo: apoyar los intereses inmobiliarios de su familia, la cual posee en las vecindades de Cancún una considerable extensión de terrenos que adquirió muy baratos pero multiplicarían astronómicamente su valor si se cambia el uso de suelo y se permite urbanizarlos, cosa que el verde infante considera poder lograr por sus influencias como senador.

Ahora podemos decir que ya apareció el otro peine de su maridaje con el PRI: el multimillonario negocio de las medicinas.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Jueves 3 de mayo de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.

IMPACTO AMBIENTAL

PRI y PVEM contra el medio ambiente[1]

Juan José Morales

No deja de ser irónico y contradictorio que el candidato del Partido Verde Ecologista de México a senador por Quintana Roo, el tal Jorge Emilio González Martínez, tenga como objetivo echar atrás la llamada Ley del Mangle, que fue establecida a fin de proteger y conservar ese ecosistema de vital importancia para la costa de Quintana Roo, y cuya destrucción tendría graves consecuencias no sólo para el medio ambiente sino para la industria turística en particular.

Esto era un hermoso manglar que albergaba miles de aves acuáticas. Fue arrasado para construir Puerto Cancún, que además resultó un fracaso. Escenas como esta se repetirían si se anula o hace más laxa la Ley del Mangle, según intentan los candidatos del PRI y el partido dizque ecologista.

Quizá El Niño Verde «”como se conoce a dicha persona»” niegue haber dicho tal cosa. Y así es en efecto. No lo ha dicho, como tampoco ha dicho nada durante su campaña electoral, en la cual «”según señalamos hace poco»” se mantiene callado y escondido. Quien lo ha manifestado, es su compañero de candidatura, el ex gobernador Félix González Canto, quien da la cara en nombre de la coalición PRI-PVEM que postula a la senaduría al verde infante.

En efecto, en una declaración que de inmediato motivó la protesta de numerosas organizaciones ambientalistas, González Canto dijo que «Quintana Roo está en una lista de los estados más caros y más complicados para inversión y la razón son las leyes ambientales; hay un exceso que está frenando la inversión y que está frenando proyectos importantes».

Su intención es obvia: anular o modificar el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que protege al manglar.

Así se asienta en un boletín del Centro Mexicano de Derecho Ambiental firmado por los doctores Lorenzo Manuel Bozada Robles y Jorge Herrera Silveira, investigador del CINVESTAV, y respaldado por una docena de agrupaciones conservacionistas.

Como decíamos, el manglar es de enorme importancia para mantener en buen estado la zona costera no sólo en Quintana Roo sino en toda la península de Yucatán, pues interactúa con los humedales, las dunas, las playas, las praderas submarinas, las selvas, los arrecifes coralinos y los demás ecosistemas que conforman el ambiente en el cual se desarrolla la actividad turística. Por eso resulta absurdo pretender sacrificarlo sólo para que grandes inversionistas puedan construir más fácilmente sus hoteles.

Por otro lado, y contra lo que se dice, el artículo 60 TER no impide la construcción de establecimientos turísticos ahí donde existen manglares. Solamente establece como condición para ello que al hacerlo no se afecte «la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia», para evitar el deterioro de la zona costera. Con un buen diseño de la obra, y con adecuadas técnicas de construcción, ello es perfectamente factible. Ciertamente, le costará más a los empresarios, pero es lo menos que puede pedírseles si quieren hacer negocios.

No puede aceptarse «”como pretenden los candidatos del PRI y del dizque ecologista PVEM»” que se destruyan los manglares so pretexto de facilitar la inversión extranjera y abrir fuentes de trabajo. El desarrollo económico puede lograrse con pleno respeto a las leyes de protección al ambiente y sin acabar con nuestros recursos naturales.

El artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre fue una respuesta «”tardía por lo demás»” ante la devastación causada en la zona costera del Caribe mexicano «”y en otros lugares del país»” por una política de desarrollo desenfrenado y depredador que hipotecó nuestro futuro ambiental. Dar marcha atrás por mezquinos intereses personales «”incluidos los de la familia del Niño Verde, que como hemos dicho, posee terrenos en Quintana Roo»” sería acabar definitivamente con lo poco que nos ha quedado y de lo cual depende que pueda seguir habiendo actividad turística.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 30 de abril de 2012. Reproducción autorizada por Juan José Morales.