El Dragon Mart y la censura electrónica

IMPACTO AMBIENTAL

El Dragon Mart y la censura electrónica[1]

Juan José Morales

Quizá pueda parecer un poco reiterativo seguir hablando del Dragon Mart. Pero se trata de un asunto de gran trascendencia, no sólo para los habitantes de Puerto Morelos y Cancún, sino de Yucatán y México en general, por su impacto socioeconómico. Y hoy tenemos un par de novedades. La primera es la censura de que fue objeto en Facebook la información a que nos referimos el pasado viernes 22 de marzo sobre la falsa versión difundida por los promotores del Dragon Mart en el sentido de que el proyecto ya fue aprobado por el comité ciudadano integrado para analizarlo. La nota aclaratoria, en la cual se explicaba qué ocurrió en el comité, fue retirada por Facebook con el argumento de que no se permiten «notas ofensivas, amenazantes u obscenas»¦ que atacan a individuos o grupos de personas concretos, o que anuncian un producto o servicio». La aclaración no era nada de eso, sino sólo una precisión informativa. Sin embargo, fue eliminada, lo cual demuestra qué tan poderosas son las influencias tras el Dragon Mart.

clip_image001Los intereses tras el Dragon Mart son lo bastante poderosos como para lograr que se ejerza la censura electrónica contra quienes piden claridad en la información al respecto. En la foto, frente a una maqueta del planeado centro comercial, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge quien lo apoya al igual que su antecesor, Félix González.

El segundo asunto, que nos ha señalado el Arq. Ricardo Lujambio: es que aparentemente, por ley, el terreno donde se pretende erigir ese gran centro comercial no puede ser destinado a construcción alguna «”ya sea comercial, residencial o de cualquier otro tipo»” porque se halla en veda por 20 años.

En efecto, después de una serie de incendios a todas luces intencionales que hubo hace años en los alrededores de Cancún y Playa del Carmen para facilitar el cambio de uso de suelo de forestal a urbano «”argumentando que el fuego había destruido la vegetación»”, se estableció que ningún terreno afectado por una conflagración podría ser urbanizado en un lapso de 20 años, independientemente de que hubiera o no pruebas de que el siniestro fue deliberado. Y «”dice el Arq. Lujambio»” en el predio denominado El Tucán, donde se proyecta construir el Dragon Mart, ocurrió en 2008 un incendio forestal que se sospecha fue premeditado. Haya sido así o no, sin embargo, por ley ahí no se puede construir nada hasta 2028.

Hay en este asunto por lo demás «”añade Lujambio»” otros aspectos no muy claros que deben ser ampliamente investigados. Por ejemplo, la autorización que el gobierno del estado dio para realizar en ese predio extracción de material pétreo, al amparo de la cual se construyeron en el lugar edificios para oficina, bodegas, talleres, sanitarios, etc., y se perforaron pozos, todo lo cual estaba prohibido por las razones señaladas. Ello se hizo, además, sin licencias de construcción por parte del ayuntamiento, y sin permisos de la propia autoridad para la explotación y comercialización de materiales del predio. Dichas instalaciones, dicho sea de paso, fueron demolidas como parte de los preparativos para la construcción del Dragon Mart.

Igualmente, señala Lujambio, hay mucha confusión y discrepancias respecto a la ubicación real del terreno, sus dimensiones, las edificaciones que se proyectan, y otras cuestiones importantes. Existen discordancias, por ejemplo, entre las medidas y superficie de terreno de la escritura pública presentada, respecto a los datos físicos oficiales de la Dirección de Catastro Municipal. Asimismo, los planos arquitectónicos y topográficos «”272 en total»” que han dado a conocer los promotores del Dragon Mart en su campaña de relaciones públicas no corresponden a los que fueron presentados por ellos mismos ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo, ni tampoco con los de la solicitud de licencia de construcción presentada ante el ayuntamiento.

Lujambio había presentado una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo por la manera en que el gobierno del estado ocultaba, escatimaba y manipulaba información sobre el proyecto. Pero la comisión, controlada por el propio gobierno estatal, poco o nada hizo para atender la queja. Ante ello, Lujambio decidió retirarla y presentarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual pide que exija al gobierno de Quintana Roo toda la información necesaria respecto a los antecedentes, permisos otorgados, responsabilidades no ejercidas, etc., por parte de las diferentes dependencias involucradas en el asunto, como la Semarnat, la Profepa, Conagua, Gobernación, Seduma, etc., y las omisiones o violaciones en que hubieran incurrido respecto a la normatividad vigente.

Pero lo más probable es que el gobierno estatal continúe con su política de ocultamiento de la información.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx


[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 1 de abril de 2013.

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