Una promesa de daño ambiental

IMPACTO AMBIENTAL

Una promesa de daño ambiental[1]

Juan José Morales

Tal como van las cosas, durante el actual proceso electoral de Quintana Roo «”que culminará con los comicios locales del próximo 7 de julio»” se están generando graves amenazas para el medio ambiente, que pueden repercutir sobre la vida de decenas de miles de habitantes de las mayores ciudades del estado y empeorar la problemática urbana que ya padecen.

El meollo de la cuestión estriba en que el gobierno del estado, que «”como se sabe»” ha acumulado una monstruosa deuda que algunos estiman en 20 mil millones de pesos, carece de dinero para pagar el capital y los intereses de los créditos a corto, largo y mediano plazo que pesan sobre sus finanzas, e incluso para cubrir los pagos normales a proveedores de bienes y servicios. Sobre todo porque está destinando casi todos sus recursos a apoyar la campaña electoral del PRI. Y para intentar salir del atolladero, no sólo ha recurrido a maniobras ilegales como usar el dinero de las cuotas del Infonavit que se le descuentan al personal del propio gobierno, de las universidades y de las escuelas, sino que está ofreciendo a sus acreedores terrenos de propiedad gubernamental en pago por los adeudos.

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La mayor parte de las inundaciones, dicen los expertos, no se deben a la lluvia en sí, sino a que indebidamente, y por afán de lucro, se urbanizan terrenos anegadizos, como los que ofrece a sus acreedores el gobierno de Quintana Roo, con la promesa de allanarles el camino para cambios de uso de suelo si el PRI gana las elecciones. Caricatura tomada de Internet.

Por supuesto, para facilitar la operación, los terrenos se ofrecen a bajo precio, con lo cual se está malbaratando el patrimonio de los quintanarroenses. Pero esa no es la parte más delicada del asunto, sino el hecho de que en no pocos casos se trata de terrenos anegadizos, inundables e incluso parcialmente cubiertos de manglares. Es decir, terrenos que por las disposiciones legales en vigor no pueden ser urbanizados. Sin embargo, a quienes los aceptan en pago por los adeudos se les promete que cualquier dificultad será allanada, se darán las necesarias autorizaciones de cambio de uso de suelo y se aprobarán las correspondientes manifestaciones de impacto ambiental a fin de que puedan fraccionarse y venderse para usos habitacionales, con lo cual aumentaría su valor.

Por supuesto, el cumplimiento de tales promesas está condicionado a que el PRI gane las elecciones municipales en Playa del Carmen, Isla Mujeres y «”especialmente»” Cancún, que son las principales zonas donde se están haciendo estas turbias operaciones de dación de terrenos en pago de adeudos. En el caso de Cancún, como es sabido, el actual ayuntamiento encabezado por el perredista Julián Ricalde Magaña no ha autorizado un solo cambio de uso de suelo durante su gestión, y la candidata a sucederlo, Graciela Saldaña, también postulada por el PRD, ha ofrecido mantener esa política, a fin de acabar con la especulación inmobiliaria.

De lograr un triunfo el PRI y sus satélites y cumplir el ofrecimiento de permitir que esos terrenos sean fraccionados y convertidos en zonas habitacionales, se abrirán las puertas para una verdadera estafa a quienes adquieran viviendas en dichos lugares, que quedarían expuestas a verse bajo las aguas en caso de tormenta o huracán, e incluso cuando una depresión tropical ocasione prolongados aguaceros por varios días. Y, por supuesto, el resto de la ciudad también sufrirá las consecuencias de esas inundaciones locales al afectarse la circulación vial en la zona.

Un buen ejemplo de las graves consecuencias que tiene la urbanización de zonas inundables es el caso de Puerto Cancún. El ayuntamiento que en ese entonces encabezaba el priísta Francisco Alor Quezada, autorizó el cambio de uso de suelo para construir un gran fraccionamiento de lujo sobre un gran manglar aledaño a la avenida Bonampak. Ése humedal actuaba como vaso regulador de los flujos de agua, y al ser destruido, ahora los habitantes de las zonas habitacionales vecinas sufren constantes y serias inundaciones que dañan sus viviendas y muebles y ponen en riesgo su salud.

De ese tipo es, pues, el riesgo ambiental que amenaza a los quintanarroenses como resultado de estas turbias maniobras con su patrimonio inmobiliario.


[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Lunes 10 de junio de 2013.

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