ESCRUTINIO
La represión como respuesta a la crisis[1]
Juan José Morales
El gobierno de Peña Nieto apostó a que el asunto de los 43 desaparecidos fuera olvidándose paulatinamente. Pero las cosas han resultado a la inversa. Crece como bola de nieve, con protestas cada vez más frecuentes y nutridas, no sólo en México, sino en otros muchos lugares del mundo. Además, aquello fue la clásica gota que rebosó el vaso y detonó una explosión de descontento general por la situación económica y social del país y ha sacado a las calles a cientos de miles de ciudadanos que demandan una salida a la crisis.
Pero la respuesta que parece estar preparando EPN es la misma de otros gobiernos que le antecedieron y creyeron que con mano dura podrían resolver sus problemas: la represión.
Sólo así puede interpretarse la repentina aprobación el pasado lunes 1° de diciembre, por parte del PRI, el PAN, el Verde y el Panal, mediante el clásico albazo, sin discusión y usando la mayoría mecánica, de una reforma a los artículos 11 y 73 constitucionales. En el caso del 11, se estableció que «el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad». Respecto al 73, la modificación establece que el Congreso «podrá expedir la Ley General de Movilidad que haga efectivo el pleno ejercicio del derecho a la movilidad».
Esta caricatura de El Fisgón fue publicada hace ya más de dos años, pero cobra gran actualidad ante los intentos del PRI y sus aliados PAN, PVEM y Panal, de coartar las libertades constitucionales y el ejercicio de los derechos humanos mediante leyes represivas.
Tras ese en apariencia inocuo lenguaje se esconde la intención de dictar leyes que limiten o impidan las marchas y manifestaciones, como las que ya han sido aprobadas por las legislaturas del DF y de Quintana Roo, aunque en este último caso se dejó en suspenso con miras a afinarla. Tales disposiciones, sin embargo, tienen un carácter anticonstitucional tan evidente, que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha interpuesto una controversia ante la Suprema Corte para pedir la derogación de la llamada Ley de Movilidad del DF, la cual establece que «para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.»
La CNDH considera que dicha ley viola una serie de preceptos constitucionales e internacionales a los cuales se ha adherido el gobierno mexicano y vulnera derechos humanos básicos, como el derecho a la no discriminación y a la libertad de expresión, la de manifestación, la libertad de tránsito, el derecho de asociación, el principio de legalidad, el llamado principio pro persona «”establecido en la Constitución y que busca siempre lo más favorable a las personas»”, y el de no restricción de garantías salvo por condiciones constitucionales.
El truco a que recurrieron el PRIAN y sus satélites en la Cámara de Diputados, ha sido el de hacer cambios a la Constitución, ya que en tal caso no se puede acudir a la Suprema Corte, como sí puede hacerse tratándose de leyes secundarias. Pero es una triquiñuela muy burda, pues de hecho lo que se está haciendo con tales cambios constitucionales, es sentar las bases para que «”a través de la ley reglamentaria, la de movilidad»” se coarten, anulen o limiten los derechos que la propia Constitución establece y que, como señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son flagrantemente transgredidos por leyes de esa naturaleza.
En la sesión durante la cual se aprobaron las modificaciones constitucionales no hubo debate. Únicamente hablaron en contra los legisladores del PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Los del PRI, PAN, Verde y Panal, permanecieron mudos como estatuas, obedeciendo evidentemente a una consigna, y evidentemente también porque carecían de argumentos para respaldarlas. Simplemente votaron sí en forma mecánica, como en aquellas escenas que hicieron a los diputados priístas ganarse el mote de «levantadedos».
Pero, como advirtió Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, al abrir las puertas a la represión «están abriendo una caja de Pandora. La pradera está seca y ustedes no sólo le echan gasolina sino que están prendiendo un cerillo».
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Miércoles 10 de diciembre 2014