El panorama de la tortura en México

ESCRUTINIO

El panorama de la tortura en México[1]

Juan José Morales

La tortura en México es una práctica generalizada. Eso muy bien lo saben miles de reclusos de las cárceles mexicanas que «confesaron» tras haber sido sometidos a ella. Y eso es lo que señaló Juan Méndez relator especial de la ONU sobre la tortura, en el informe que rindió en marzo del año pasado tras una visita de trabajo a nuestro país.

Sobra decir que el gobierno de Peña Nieto rechazó el informe, calificándolo de falto de profesionalismo, y ahora que Méndez intentó volver a México para continuar la investigación, se le negó la entrada, aduciendo «problemas de agenda».

clip_image001La palabra tortura evoca imágenes como esta, pero en la actualidad se usan métodos muy diferentes, que no requieren instrumentos ni tampoco dejan huella, como verter agua por las fosas nasales, mantener al recluso en posiciones incómodas durante horas, descargas eléctricas o la asfixia con bolsas de plástico.

No es Méndez, sin embargo, el único investigador que ha llegado a tal conclusión. En el número en circulación de la revista Nexos, correspondiente a marzo del presente año, Ana Laura Magaloni, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, y Beatriz Magaloni, profesora de la universidad norteamericana de Stanford, sostienen lo mismo con base en la Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal que en 2012 levantó el propio CIDE.

Por principio de cuentas, las investigadoras comentan que ya desde la administración de Felipe Calderón, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hicieron pública su preocupación por el aumento significativo de la tortura en México, lo cual también fue rechazado por el gobierno. Y en cuanto a la supuesta falta de datos estadísticos suficientes para respaldar tales acusaciones, señalan es muy difícil reunirlos, pues «el único dato oficial es el número de denuncias y consignaciones por tortura», que evidentemente no refleja la situación real, ya que una persona de bajo nivel cultural y carente de recursos económicos para pagarse un abogado, que además está en la cárcel expuesto a represalias, difícilmente presentará una denuncia formal, sobre todo por la proverbial y muy justificada desconfianza que la inmensa mayoría de la población tiene respecto a la impartición de justicia.

Según la encuesta del CIDE, el 62% de los reclusos dijeron haber sido objeto de malos tratos durante su detención. Y aquí cabe subrayar «”dice el artículo»” que «la mayoría de los internos encuestados fueron detenidos en flagrancia. Sólo 10% de ellos fueron detenidos con una orden de aprehensión, lo que significa que el 90% restante fue detenido, se supone, al momento de cometer el delito que se le imputó. Ello»¦ nos habla de la baja capacidad investigadora de los policías y ministerios públicos en México.»

Y continúan las autoras: «Dejando a un lado las patadas, los puñetazos y las cachetadas, agresiones como asfixia, inmersión en el agua, toques eléctricos, quemaduras, por mencionar algunas, son un tipo de violencia policial que cualquier organismo internacional de defensa de derechos humanos clasificaría como tortura. Si bien las patadas y las cachetadas pueden ocurrir en el proceso de captura o traslado del detenido a la agencia del MP, la asfixia, los toques eléctricos o la inmersión en el agua, en cambio, son agresiones prototípicas de un interrogatorio policíaco violento. Su propósito, como señalamos, es infligir dolor y miedo al detenido con el fin de extraerle información o su confesión. Además, este tipo de agresiones sólo existen cuando lo permite o propicia la propia institución, pues para llevarlas a cabo se necesita, al menos, tener un espacio de interrogatorio con las condiciones y los instrumentos que permitan llevar a cabo el tipo agresiones antes descritas. En otras palabras, los actos de tortura no suceden de modo casual o espontáneo. Por el contrario, suceden cuando existen espacios institucionales que los avalan y los propician.»

Desde luego, la tortura se ejerce especialmente contra los más pobres y faltos de educación, pues «”subraya el artículo de Nexos»” «el sistema de persecución criminal mexicano, como sucede en el resto del mundo, tiende a abusar de los más débiles. Ello se explica por muchas razones, la más importante es que quien tiene capacidad económica puede comprar impunidad y, si no, por lo menos puede pagar un abogado que frene o limite el maltrato y la arbitrariedad.»

Esa es, pues la realidad de la tortura en México, una realidad que las negativas de Calderón y Peña no pueden ocultar.


[1] Publicado en los diarios Por Esto! de Yucatán y Quintana Roo. Martes 29 de marzo de 2016

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