De Stephenville al Pentágono: La institucionalización del OVNI

14 de julio de 2026

Publicado en > RESEÑA DE BLACK CADILLAC por David

Si observamos detenidamente los datos de Google Trends para «OVNI» de las últimas dos décadas, descubriremos una anomalía bastante extraña. A pesar de años de audiencias en el Congreso, vIdeos desclasificados del Pentágono, una gran cantidad de series documentales, legislación histórica, atención académica, personas que repiten mecánicamente la palabra «tranche» como si la hubieran usado toda la vida, y una cobertura mediática incesante, el interés actual nunca ha superado el pico alcanzado en enero de 2008.

El epicentro de ese interés no fue Washington, D.C., sino la comunidad rural de Stephenville, Texas. He estado haciendo un seguimiento de esto durante los últimos años y lo menciono a menudo cuando hablo sobre el estado actual del tema OVNI. Después de cuatro lotes de archivos del gobierno estadounidense y más cobertura mediática, lo he vuelto a comprobar… el patrón sigue siendo el mismo.

Datos de Google Trends desde 2004 hasta la actualidad: la línea roja representa el término de búsqueda OVNI y la línea azul representa UAP (fenómeno aéreo no identificado).

A primera vista, esto parece completamente contraintuitivo. Si estamos viviendo una época dorada sin precedentes de reconocimiento oficial, ¿por qué una oleada localizada de avistamientos en zonas rurales de Texas, justo después del avistamiento en el aeropuerto O’Hare de Chicago en 2006, generó una fascinación pública tan extraordinaria y duradera?

Podemos reconocer que los datos de Google Trends son limitados y que la gente podría estar interactuando con el tema a través de podcasts, vIdeos y otros recursos en lugar de buscar activamente en Google, pero aun así reconocemos que estos datos son una clara señal de que algo no cuadra. La respuesta a esta curiosa situación probablemente tenga menos que ver con el fenómeno en sí que con quién tiene la oportunidad de contar su historia.

Una historia OVNI diferente

“Vi dos resplandores rojos. Brillaron y luego se desvanecieron. Volvieron a brillar. Y me quedé mirando y pensé: ‘Vaya, esto no está bien’”.

– El agente Lee Roy Gaitan hablando sobre haber presenciado el incidente de Stephenville.

Los avistamientos de Stephenville del 8 de enero de 2008 se desarrollaron de una manera que ahora resulta casi completamente ajena al público contemporáneo.

Los testigos principales no eran funcionarios de inteligencia, contratistas de defensa ni militares. Eran ganaderos, empresarios locales, pilotos privados y residentes comunes. Entre ellos se encontraba el agente de policía local Lee Roy Gaitan, quien describió haber visto un resplandor rojo suspendido a 900 metros de altura que le recordó a «un volcán en erupción». Lo más importante es que Gaitan, como muchos otros, era demasiado tímido para admitir públicamente lo que había visto hasta que otros se animaron a contarlo.

Esta historia se construyó desde cero. Una reportera local llamada Angelia Joiner, que escribía para el Stephenville Empire-Tribune, comenzó a documentar estos relatos crudos de civiles. Los vecinos leían las columnas de Joiner, encontraban consuelo en la unión y compartían información a través de las vallas y las barras de los restaurantes. La FAA finalmente confirmó que objetivos no identificados volaron en una trayectoria que los llevó directamente al espacio aéreo restringido y de exclusión aérea del rancho Crawford del presidente George W. Bush.

La presión ejercida por este movimiento popular fue tan intensa que obligó a la Fuerza Aérea a retractarse de sus negaciones iniciales y admitir que, efectivamente, había cazas F-16 en la zona. Ya fuera una explicación extraordinaria o una más convencional, la historia pertenecía a la comunidad que la vivió. Y esa experiencia resonó en el público global, en su gran mayoría ajeno a los contratistas gubernamentales, los oficiales militares y otros representantes de instituciones oficiales.

Ley de Metcalfe: P2P frente a red radial (hub-and-spoke)

“Cuanto más hablo con gente, gente que conozco del pueblo… Soy de Stephenville, y ya sabes, se están presentando y diciendo: ‘Mira, yo también lo vi’. ¿Qué demonios fue eso?”

– La periodista Angela Joiner, hablando sobre su investigación del suceso de Stephenville.

Esta evolución representa más que un cambio en la cobertura mediática; es una profunda transformación estructural en la forma en que organizamos el conocimiento humano. Podemos comprenderlo mejor a través de la teoría de redes, específicamente, la Ley de Metcalfe.

Formulada por el pionero de internet Robert Metcalfe (¡sin parentesco!), coinventor de Ethernet, fundador de 3Com y ganador del Premio Turing (el Premio Nobel de la informática), la ley establece que el valor sistémico de una red de comunicaciones es proporcional al cuadrado de sus usuarios conectados.

V?n²

Donde n representa el número de nodos activos.

Gráfico del Dallas Morning News

En la época de Stephenville, el fenómeno ovni funcionaba como una red descentralizada de igual a igual (P2P). Cada ciudadano testigo, como Gaitán, era un nodo activo que se conectaba directamente con otros nodos a través de los medios locales y los espacios comunitarios. El valor de la red creció exponencialmente porque la información fluía de forma horizontal y orgánica. Evitaba y desconfiaba de los filtros centralizados, fomentaba los lazos comunitarios y proporcionaba una forma significativa para que los lugareños se conectaran más allá de las preocupaciones cotidianas que suelen unir a las personas en los pueblos pequeños.

El avistamiento de ovnis les dio a las personas algo en común en un estado de vulnerabilidad que les abrió a relaciones más profundas entre sí. Con testigos de todos los ámbitos de la vida, la historia también conectó con un sector más amplio del público global fuera de Stephenville. Esto es similar a las primeras oleadas de avistamientos de ovnis a partir de 1947, donde la gran mayoría de los testigos eran personas comunes y corrientes que, en su vida diaria, presenciaron algo que sacudió su visión del mundo.

Stephenville podría representar la última gran oleada de ovnis en Estados Unidos, basada principalmente en el conocimiento civil. El movimiento actual de divulgación ha sustituido esta red democrática por una arquitectura centralizada, con ramificaciones, a pesar de operar en lo que parece ser un espacio mediático altamente descentralizado. Los «centros» son agencias gubernamentales de élite, personas influyentes de Washington, exoficiales de inteligencia y figuras clave en los medios de comunicación; los ciudadanos quedan relegados en gran medida a nodos terminales pasivos, recibiendo datos procesados desde el centro.

Si bien puede dar pie a conversaciones informales, esta arquitectura de comunicación solo fomenta intercambios despersonalizados y altamente mediados, y a menudo conduce más a reflexionar sobre fallas institucionales, narrativas en torno al engaño oficial o la advertencia, en tono de broma, de que la vida es demasiado complicada en la cultura actual como para preocuparse por los ovnis. La seguridad nacional es un tema candente para el gobierno federal, pero a la mayoría de los ciudadanos les da igual si una luz extraña sobrevoló una base militar o un campo de entrenamiento, especialmente cuando no pueden costearse la atención médica y los precios del alquiler y los alimentos se disparan.

Cuando una red se centraliza, su inteligencia colectiva disminuye, su vulnerabilidad al control de acceso se dispara y quienes se encuentran más alejados del centro simplemente no muestran interés ni compromiso. Al trasladar la conversación a espacios clasificados, testigos oficiales y salas de información clasificada (SCIF), hemos desconectado los nodos y silenciado la red pública. Esto ayuda a obtener el respaldo oficial, pero no contribuye en absoluto a descubrir qué está sucediendo con esos molestos ovnis.

La nueva jerarquía artificial de credibilidad

“Aquí está Dublin, Texas, justo en la línea. Stephenville, Texas, que está mucho más lejos. Es terrible. No pueden controlar mejor 10 F-16 que eso. Puedo decirte dónde está mi perro ahora mismo. En cuanto a las luces de neón, cambiaron de forma prácticamente ante nuestros ojos mientras las observábamos y desaparecieron.”

– Steve Allen, piloto privado y testigo del incidente de Stephenville, reflexionando sobre la versión oficial de que se trató simplemente de un ejercicio de entrenamiento de la Fuerza Aérea.

Este cambio estructural es muy visible en la retórica utilizada para legitimar el tema hoy en día. Figuras mediáticas prominentes como Phil McGraw, también conocido como Dr. Phil, y el divulgador científico Neil De Grasse Tyson enfatizan que los testigos de hoy no son «borrachos» ni «actores marginales», lo que sugiere que la conversación finalmente ha alcanzado la madurez intelectual porque personas «creíbles» con autorización de seguridad están hablando.

Kenneth Arnold intercambiando impresiones con el capitán Emil J. Smith y el copiloto Ralph Stephens del vuelo 105, en una fotografía publicada el 8 de julio de 1947 por periódicos de todo Estados Unidos. (Wikipedia)

Si bien estos argumentos son útiles como atajos de relaciones públicas, históricamente resultan increíblemente engañosos, hasta el punto de ser simplemente erróneos. El tema de los ovnis nunca ha sido dominio exclusivo de los excéntricos. Desde finales de la década de 1940, los investigadores destacaron testimonios de pilotos comerciales, aviadores militares, operadores de radar, astrónomos, astronautas y físicos.

No habían transcurrido ni diez días desde el avistamiento de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947, cuando el capitán Emil J. Smith, el primer oficial Ralph Stephens y la tripulación del vuelo 105 de United Airlines avistaron entre cinco y nueve objetos con forma de disco que sobrevolaban Idaho y las montañas Cascade con su avión DC-4 el 4 de julio, e informaron del avistamiento. Los testigos de alto estatus no son una novedad. Lo que sí es nuevo es el marco institucional mediado a través del cual se valida su testimonio y el precio que pagan quienes se apartan de él.

También resulta novedoso que quienes investigan abiertamente el tema de los ovnis y sus representantes en los medios de comunicación sean tan agresivamente desdeñosos con cualquiera que se sume a la conversación sin autorización oficial. El estereotipo del paleto ignorante que ve un ovni existe desde hace mucho tiempo, pero quienes están profundamente involucrados en el tema no lo han adoptado de la forma en que lo vemos actualmente.

Hoy se nos pide que confiemos en los testigos no por la precisión de sus observaciones, sino por su cercanía al poder estatal. Mientras tanto, los periodistas independientes (no podcasters, ni presentadores de YouTube, ni influencers de redes sociales) que en su día sacaron a la luz estas historias han sido sistemáticamente marginados. Ciertamente, desde 2017 han surgido varios medios de comunicación para cubrir el tema, algunos de los cuales se presentan como equivalentes a los medios tradicionales, pero en cierto sentido, estos recursos simplemente sirven como intermediarios para la difusión de la narrativa actual.

Angelia Joiner pagó con su trabajo el precio de su diligente investigación periodística, llegando a ser despedida del Empire-Tribune por seguir investigando el misterio. En 2008, cruzar esa «frontera mágica» más allá del comunicado de prensa oficial tuvo un alto costo profesional. Cabe preguntarse qué ocurriría con los investigadores que se salgan de la narrativa controlada actual para impulsar una iniciativa de ciencia ciudadana verdaderamente eficaz en torno a los UAP. Hasta ahora, a pesar de la mayor transparencia, nadie ha logrado poner en marcha nada que haya despertado un interés público significativo.

La “borrosidad rancia” y la amnesia cultural

“Todo sucedió justo encima de mi casa, en Seldon. Cruzó el cielo a toda velocidad y era difícil seguirlo. También oí que algo apareció en varios radares de aeropuertos. No leí nada al respecto en el periódico. Vino en una dirección y todo el mundo lo vio, y luego, unos 10 minutos después, regresó en la misma dirección con aviones militares persiguiéndolo. ¡Guau!”

– Testigo hablando sobre el suceso de Stephenville.

Quizás lo más revelador del movimiento de denuncia contemporánea no sea quiénes se han sumado a él, sino la profunda amnesia cultural que ha invadido la cobertura mediática del tema. En lugar de investigar anomalías nuevas, locales o de gran repercusión pública, los equipos editoriales modernos parecen atrapados en una rutina segura y repetitiva. Se muestran sumamente reacios a salirse de lo que ya se ha escrito en artículos anteriores.

¿Cuántas veces podemos ver la misma imagen borrosa y deslucida de una mancha en la mira de un F/A-18 del encuentro con el Nimitz en 2004? ¿Cuántas veces se pueden repetir los mismos hechos edulcorados y aprobados por el Estado?

Más inquietante aún, si revisamos algunos de los documentales más destacados producidos desde 2017, descubrimos que las narrativas y las posibles áreas de avance mencionadas durante la última década han sido olvidadas o relegadas. El documental de James Fox, The Program, estrenado en 2024, ya parece un mundo surrealista y lejano, donde muchos de los desarrollos prometedores de los que se habló han sido completamente borrados del debate actual, ¡a pesar de que las mismas personas que los mencionaban siguen activas en la mediación del tema!

En la situación actual, con la publicación de cuatro lotes de archivos del gobierno estadounidense relacionados con los ovnis, el debate en los medios de comunicación sigue centrándose en un conjunto limitado de datos históricos recientes, ignorando la llamada «literatura gris» y la enorme cantidad de información que se ha acumulado durante las últimas ocho décadas de investigación.

Cuando se mencionan datos o casos históricos, a menudo nos enfrentamos a la extraña sensación de déjà vu, como el revuelo mediático generado al descubrir, a través del cuarto lote de archivos publicados, que los avistamientos de bolas de fuego verdes sobre Los Álamos llevaron a la formación de un comité científico (que incluía al magnate del Proyecto Manhattan y «padre de la bomba de hidrógeno», Edward Teller) para investigar. Un evento que obtuvo un capítulo entero en el libro de Edward Ruppelt de 1956, *El informe sobre objetos voladores no identificados*, y que fue tan conocido en su momento que fue tema de un artículo en la edición del 7 de abril de 1952 de la revista Life.

Hemos cambiado el caos crudo y democrático de la observación humana compartida, como un pueblo entero de Texas observando una nave gigante surcando el cielo nocturno, por un teatro cuidadosamente orquestado de divulgación burocrática, difundida a cuentagotas por un aparato mediático tristemente complaciente, conectado como un tubo de alimentación grotesco que bombea narrativas controladas a la red de comunicaciones distribuidas del entorno digital. El ciudadano (y el científico ciudadano) ha sido relegado de testigo activo a espectador pasivo.

El rigor perdido de la ciencia de casos difíciles

Este cambio muestra indicios de tener un impacto devastador, aunque en gran medida inexplorado, en el estudio científico general de estos sucesos. El debate actual sobre los UAP (fenómenos aéreos no identificados) cuenta con un prestigio académico sin precedentes, con profesores de universidades de élite y grupos de investigación universitarios participando regularmente en la conversación. Sin embargo, ha surgido una tendencia bastante peculiar: a medida que ha aumentado el prestigio de los académicos, ha disminuido el rigor analítico de la investigación científica. Parece que abundan los informes sobre temas de interés para organismos gubernamentales y empresas, en lugar de análisis de casos en profundidad o investigaciones empíricas.

La ciencia institucional moderna corre el riesgo de caer en un atolladero de escasez permanente de datos en lo que respecta a los ovnis si el gobierno y las fuerzas armadas se convierten en los árbitros de la información que se analiza. Al no tener acceso a los archivos militares clasificados, los investigadores académicos actuales a menudo se ven reducidos a debatir teorías abstractas en podcasts o a analizar videoclips de baja resolución difundidos por el Estado. Si bien investigadores individuales y organizaciones como la Sociedad para el Estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP Studies), la Coalición Científica para el Estudio de los UAP, el Centro para el Estudio de los Ovnis, etc., en Estados Unidos, y organizaciones europeas como UAP Check, GEIPAN y otras, continúan centrándose en la investigación propiamente dicha y producen trabajos de alta calidad que impulsan nuestra comprensión, no son necesariamente estos investigadores u organizaciones los que reciben atención mediática. Existe un movimiento tras bambalinas en el debate público, pero se ve obstaculizado en gran medida por la sobrepresentación de figuras burocráticas que acaparan la mayor parte de la atención.

Compárese esto con las consecuencias inmediatas de Stephenville, que impulsaron una investigación científica sólida, empírica y completamente de código abierto. En su artículo, «Luces de Stephenville: Un estudio exhaustivo de radar e informes de testigos», los investigadores de MUFON, Robert Powell (químico de semiconductores) y Glen Schulze (especialista en radares anteriormente en el Campo de Misiles de White Sands), no esperaron a una sesión informativa del Congreso ni a un grupo de trabajo del Pentágono. Se pusieron a trabajar utilizando mecanismos públicos, presentando una serie de solicitudes agresivas en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y extrajeron 2.8 millones de señales de radar sin procesar de cinco estaciones de radar diferentes de la FAA y el Servicio Meteorológico Nacional. Cotejaron este enorme conjunto de datos con las coordenadas y marcas de tiempo precisas proporcionadas por testigos de a pie como el piloto Steve Allen y el oficial Lee Roy Gaitan. Los datos del radar confirmaron la presencia de un objeto físico, sin transpondedor, que en ocasiones permanecía suspendido en el aire y en otras aceleraba hasta alcanzar velocidades de 3200 km/h, dirigiéndose directamente hacia el rancho Crawford, propiedad del expresidente estadounidense George W. Bush y Laura Bush.

Los autores han llegado a varias conclusiones con este informe y su análisis correspondiente. La primera y principal conclusión es que, sin duda, hubo un objeto real y físico que apareció y fue avistado el 8 de enero de 2008 en la zona de Dublin-Stephenville. Los informes de objetos voladores no identificados ocurren constantemente. La mayoría de estos informes provienen de individuos o grupos que ven un objeto inexplicable en un lugar y hora determinados. Este tipo de informes son más fáciles de explicar porque, por lo general, existe alguna explicación, probable o no, que puede justificar el evento en un momento y lugar específicos. Lo que hace único al evento de Dublin-Stephenville es que hay múltiples testigos en diferentes lugares y los avistamientos ocurren en un lapso de tres horas. Además, los datos de radar identifican aeronaves desconocidas en el cielo al mismo tiempo que muchos de los avistamientos. Por lo tanto, en el caso de Dublin-Stephenville, habría que intentar varias explicaciones variadas de baja probabilidad para intentar justificar todos los avistamientos. La probabilidad de que todos estos testigos hayan identificado erróneamente objetos conocidos en diferentes momentos, en ubicaciones geográficas distintas pero estrechamente relacionadas, todo dentro de un período de 3 horas y media, es extremadamente baja. Es mucho más razonable creer que estos testigos realmente vieron un objeto que no podía explicarse con ningún objeto que les resultara familiar.

En cuanto a lo que vieron estos testigos, es difícil de determinar. No se trataba de ninguna aeronave conocida. El enorme tamaño del objeto, su completo silencio y su capacidad para viajar a altas velocidades y también para permanecer estacionario o viajar a bajas velocidades, no se explican con ninguna aeronave conocida. El tamaño mínimo calculado a partir de las descripciones de los testigos fue de 524 pies, y la mayoría de los cálculos basados en la distancia aproximada del objeto y las descripciones de los testigos sobre los grados de cielo cubiertos por el objeto indicaron un objeto de tamaño cercano a los 1000 pies. En dos ocasiones, el radar detectó un objeto desconocido volando a 1900-2100 mph. Es cierto que podría tratarse de una coincidencia con el radar… pero en ambos casos, dicha coincidencia se produjo cuando un testigo vio un objeto que se movía muy rápido en la misma dirección que un objeto detectado por el radar. En dos ocasiones, el radar rastreó objetos que se movían lentamente, durante largos periodos de tiempo, muy cerca de la ubicación del testigo, en la dirección descrita por este y aproximadamente al mismo tiempo que el testigo vio el objeto desconocido. Es muy difícil descartar el testimonio de un testigo corroborado por el radar. Y para aumentar aún más la extrañeza de estos sucesos, el radar rastreó uno de esos dos objetos durante más de una hora mientras se dirigía directamente hacia Crawford Ranch. Los autores no pueden pronunciarse sobre la fuente u origen de este objeto, pero les resulta evidente que el objeto desconocido era real y no imaginario.

– Robert Powell y Glen Schulze, Luces de Stephenville: Un estudio exhaustivo de radar e informes de testigos (2010)

No se trataba de una vaga apelación a la autoridad; era ciencia forense rigurosa, verificable y basada en la colaboración entre pares. Dado que los archivos de radar sin procesar se publicaron junto con el artículo, cualquier científico del mundo podía descargar los datos e intentar falsificar sus hallazgos.

El modelo centralizado de «divulgación» actual dificulta gradualmente este tipo de análisis independiente y riguroso, al amplificar la influencia de los medios de comunicación vinculados a instituciones gubernamentales y expertos autorizados que repiten la narrativa posterior a 2017 como la fuente preferida para el estudio adecuado de los ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFO/UAP). También existe una tendencia a que los sectores oficialmente alineados del mundo ovni atraigan a nuevos participantes para que su experiencia se utilice en tareas asignadas y alineadas con áreas de investigación oficialmente autorizadas. No sería exagerado decir que se habla más de las oportunidades de mercado para la posible ingeniería inversa de tecnología ovni que de estudios de caso y análisis rigurosos. Al centrarse en avistamientos donde todos los datos de sensores de alta calidad permanecen protegidos por clasificaciones de seguridad nacional, se está coaccionando sutilmente al campo para que la ciencia se subordine a las autorizaciones de seguridad.

De la clase social a la clase epistémica

“Da miedo. Sí, señor. Porque nunca habíamos visto nada igual. Es decir, uno siempre ve y lee sobre ovnis en el periódico y ve cosas en las noticias, pero nunca lo ve con sus propios ojos. Y cuando lo vimos, no se parecía a nada que hubiéramos visto antes.”

– Testigo de Stephenville

Esta redistribución de la autoridad revela un sistema de clases epistémico subyacente, una jerarquía no basada en la riqueza, sino en la legitimidad de la capacidad de saber. Bajo esta jerarquía ovni actual, la credibilidad está estrictamente racionada:

1. La comunidad de inteligencia (los guardianes supremos de la verdad «clasificada»)

2. Personal militar y de defensa (aquellos con acceso a datos de sensores confidenciales)

3. Científicos académicos y autorizados por el Estado (encargados de analizar datos autorizados)

4. Pilotos comerciales y fuerzas del orden (observadores operativos con intereses profesionales)

5. Expertos populares e influencers de los medios (que autorizan las narrativas socialmente aceptadas)

6. Ciudadanos comunes (considerados sin formación, sin experiencia y fundamentalmente poco fiables)

Dentro de esta estructura, los comentaristas populares y los líderes de opinión desempeñan un papel fundamental. Actúan como el departamento de relaciones públicas del centro neurálgico. No generan datos brutos ni realizan periodismo de investigación al estilo de Angelia Joiner. En cambio, funcionan como repetidores de gran ancho de banda. Empaquetan rumores, informes clasificados y testimonios de informantes en contenido episódico y fácil de digerir.

Al hacerlo, delimitan los límites de la curiosidad aceptable. Si un avistamiento o una experiencia carece de un informante oficial, un patrocinador del Congreso o un video gubernamental censurado, se ignora discretamente. El mensaje es claro: las experiencias ciudadanas son una pérdida de tiempo a menos que cuenten con el respaldo de una autoridad cercana al Estado. Además, suelen ser vulnerables a que individuos vociferantes en las redes sociales se apropien de sus reportajes, como lo demuestra el reciente artículo de VICE titulado «Un informante afirma que la CIA busca híbridos alienígenas-humanos en yacimientos de ADN». La fuente en cuestión no es un informante en el sentido estricto de la palabra y tiene un pasado bastante controvertido que, por lo general, justificaría su exclusión, si su retórica entusiasta no la convirtiera en el blanco perfecto para la prensa sensacionalista.

El testigo de Stephenville, Ricky “Rick” Sorrells, maquinista y ganadero residente en Dublin, Texas.

Esta estructura de comunicación jerárquica transmite un mensaje cultural preocupante y disfuncional: que las experiencias extraordinarias solo se vuelven reales una vez que son validadas por instituciones oficiales. Idealmente, las instituciones humanas están diseñadas para coordinar nuestra investigación colectiva de la realidad. Fueron concebidas para aunar recursos, construir herramientas (como telescopios y redes de radar) y establecer estándares de evidencia que nos ayuden a comprender lo que observamos. Sin embargo, hoy en día, esperamos que las instituciones no coordinen la realidad, sino que la autoricen… mientras que a menudo no logran coordinar nada más que su propia comunicación, e incluso a veces fracasan en ello.

Cuando la autorización sustituye a la coordinación, la observación se considera insuficiente, incluso sospechosa, hasta que recibe la aprobación oficial. Los datos primarios y sin procesar de la percepción humana son confiscados y sometidos a medidas de seguridad nacional. Nos encontramos en un estado de dependencia epistémica permanente, donde se nos prohíbe confiar en nuestros propios ojos hasta que un burócrata o un experto oficialmente acreditado nos autorice a creer lo que ya hemos visto.

La verdadera revelación

“No soy un fanático de los ovnis y trato de tener una empresa de transporte y hacer mi propio negocio. Realmente no persigo ovnis, pero después de ver eso… se me quedó grabado. Nunca me desharía de él.”

– Steve Allen, testigo de Stephenville

Si los últimos veinte años han cambiado algo, no es que el Estado se haya vuelto más transparente. Es que nuestra cultura está siendo condicionada para evitar interactuar con todo aquello que no llega en papel oficial. La triste realidad de la actual era de la divulgación es que, en el proceso de hacer que el fenómeno ovni sea «respetable», lo hemos vuelto burocrático y más propenso a una narrativa estrictamente controlada. Hemos cambiado el periodismo valiente y de base de Angelia Joiner y las investigaciones irregulares, pero a menudo exhaustivas, de los ufólogos por la segura y repetitiva caja de resonancia de los intermediarios oficiales.

Si bien no debemos ignorar los avances reales logrados desde 2017 en cuanto a la apertura de un debate más abierto sobre estos temas, debemos ser honestos sobre lo que se sacrifica en el proceso. A pesar de sus problemas, la ufología anterior a 2017 ofrecía un campo mucho más dinámico que el limitado debate actual. Stephenville se erige como un monumento a una vía alternativa. Nos recuerda una época en la que el cielo pertenecía a quienes lo contemplaban y donde la creación de conocimiento era un acto participativo, en lugar de un privilegio que esperamos que nos conceda el Pentágono.

https://davidmetcalfe.wordpress.com/2026/07/14/from-stephenville-to-the-pentagon-institutionalizing-the-ufo/

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios organiza un taller privado con investigadores civiles, universidades y agencias gubernamentales.

26 de febrero de 2026

Chrissy Newton

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) del Pentágono ha presentado planes para estandarizar la recopilación y el análisis de informes sobre fenómenos anómalos no identificados, lo que supone un cambio hacia una mayor colaboración con investigadores civiles y un intercambio de datos públicos más estructurado.

Los planes se dieron a conocer en un nuevo informe publicado en el sitio web de AARO a principios de este mes, en el que se detalla una reunión privada celebrada en agosto de 2025 con expertos del gobierno, el mundo académico y organizaciones de investigación civiles en el área de Washington, D.C.

Coordinado por AARO y organizado por Associated Universities, Inc. (AUI), el taller representó un paso significativo en la colaboración de AARO con grupos de investigación civiles e independientes. El objetivo de la reunión era establecer un proceso más colaborativo y profesional para estandarizar el estudio de los UAP dentro del Departamento de Guerra (DoW), con el fin de aumentar la transparencia en comparación con años anteriores.

Temas tratados en el taller de 2025

Tradicionalmente, muchas reuniones sobre fenómenos aéreos no identificados en las que participan académicos o funcionarios gubernamentales se han centrado en presentar hallazgos, análisis históricos o datos científicos. El taller de AARO adoptó un enfoque diferente, formando grupos de trabajo para abordar un desafío fundamental: cómo recopilar, gestionar, integrar y analizar datos sobre UAP utilizando métodos científicos rigurosos, tanto internamente en AARO como en colaboración con conjuntos de datos civiles.

Las áreas en las que se centró el taller de agosto de 2025 incluyeron:

• Evaluar el panorama actual de los sistemas de notificación y los repositorios de datos sobre UAP;

• Identificar los principales desafíos y deficiencias en la recopilación, estandarización y accesibilidad de los datos sobre;

• Exploración de metodologías para el análisis de datos y el reconocimiento de patrones en informes de UAP.

• Fomentar la confianza y la colaboración entre investigadores, agencias gubernamentales y organizaciones civiles; y

• Proponer recomendaciones para desarrollar una infraestructura de datos UAP robusta.

Recopilación de informes de UAP

Los informes sobre UAP provienen de una amplia gama de fuentes, incluidos registros militares, informes de pilotos, testimonios civiles, registros de archivo, publicaciones en redes sociales y sistemas basados en sensores, como plataformas de radar e imágenes.

En el pasado, los problemas relacionados con la recopilación de datos sobre UAP han abarcado desde la fragmentación y el formato inconsistente hasta la falta de metadatos estandarizados y la limitada correlación entre conjuntos de datos. Las restricciones de clasificación, las diferencias lingüísticas, el estigma social y las políticas de retención inconsistentes han complicado aún más el acceso tanto para investigadores gubernamentales como civiles.

Según el informe, los participantes en el taller de 2025 destacaron que el progreso en la investigación sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) depende de la creación de una infraestructura de datos compartida entre investigadores gubernamentales y civiles. Una de las principales recomendaciones fue el desarrollo de plantillas de metadatos estandarizadas que combinen la experiencia humana con herramientas de IA, aprovechen la infraestructura existente, faciliten la clasificación de casos e integren entrevistas e informes históricos, priorizando al mismo tiempo los nuevos datos de alta calidad.

Estas plantillas registrarían información contextual como la hora, la ubicación, la morfología, la procedencia y las condiciones ambientales.

Unos estándares claros de metadatos también facilitarían que las agencias y los investigadores independientes compartieran conjuntos de datos, protegiendo al mismo tiempo la información confidencial y la privacidad. El informe señala que AARO busca un enfoque multidisciplinario y participativo para los datos narrativos de UAP, lo que podría influir en las futuras estrategias de despliegue de sensores.

El informe técnico identifica la inteligencia artificial como una posible solución y, a la vez, un posible peligro. La IA podría ayudar con la transcripción, la agrupación y la detección de patrones a gran escala, pero también conlleva el riesgo de introducir sesgos, amplificar bulos o producir resultados inexactos: el clásico problema de «si introduces datos erróneos, obtendrás resultados erróneos». El taller respaldó firmemente un modelo híbrido humano-IA con supervisión humana.

La privacidad es lo primero.

El informe técnico de AARO subraya que la privacidad fue una prioridad fundamental para el taller. «La privacidad de los participantes fue una consideración importante durante toda la planificación del taller, y la aprobación del Comité de Ética Institucional (IRB) rigió la recopilación y la seguridad de los datos», afirma el informe.

Se pidió a los participantes del taller que respetaran las «Reglas de Chatham House» y que no tomaran fotos ni atribuyeran declaraciones a personas sin su autorización. Dadas estas circunstancias, los participantes civiles que asistieron al taller y posteriormente hablaron con The Debrief lo hicieron de forma anónima.

“Los participantes civiles tuvieron oportunidades reales de aportar perspectivas y conocimientos técnicos, y se percibió un compromiso compartido, tanto por parte del personal de AARO como de los investigadores externos, para mejorar la calidad y el rigor de la recopilación de datos sobre UAP”, declaró un participante a The Debrief. “Los debates y las presentaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y orientado a la búsqueda de soluciones, que fomentó la colaboración en la definición de las mejores prácticas para futuras labores de observación y análisis”.

Las sesiones de trabajo también hicieron hincapié en equilibrar los datos cuantitativos con las narrativas cualitativas de los testigos y en incorporar perspectivas culturales y experienciales, permitiendo al mismo tiempo la coexistencia de múltiples enfoques analíticos.

“Me sorprendió gratamente que AARO hiciera un buen trabajo al representar no solo a la comunidad de UAP, sino también a personas de otros grupos o agencias federales que asistieron. Ninguna de las agencias de tres letras, al menos ninguna que yo supiera, estuvo representada”, dijo un participante que habló con The Debrief.

“Sin duda, hubo más transparencia en comparación con sus declaraciones y publicaciones públicas”, dijo otro participante. “Creo que eso se debió al nivel de confianza que tenían con sus invitados selectos en una sesión privada”.

La importancia de la información pública

La mejora de los sistemas de denuncia fue otra prioridad importante que se debatió en el taller. Entre las recomendaciones se incluyeron la presentación de relatos abiertos, seguidos de una estructuración asistida por IA que los testigos podrían revisar; herramientas de geolocalización mejoradas; la estandarización de la hora de entrada; unidades flexibles; y campos de metadatos opcionales. Los participantes también fomentaron la publicación de datos públicos anonimizados para generar confianza pública y reducir el estigma.

Tras la publicación del informe, The Debrief se puso en contacto con el Pentágono para solicitar comentarios sobre cómo la misión de AARO podría incorporar informes públicos en el futuro.

“AARO prevé utilizar los informes públicos para mejorar el análisis general de las tendencias de los UAP y, cuando sea posible, para enriquecer los casos abiertos de UAP procedentes de fuentes gubernamentales y policiales”, declaró Sue Gough, portavoz del Departamento de Guerra, en un correo electrónico enviado a The Debrief.

Según el sitio web oficial de AARO, actualmente acepta información relacionada con UAP de personal militar y civil del Departamento de Guerra, aunque añade que «AARO anunciará cuando un mecanismo de denuncia esté disponible para el público».

Al preguntársele sobre el posible plazo para completar este mecanismo de notificación de UAP accesible para civiles, Gough declaró a The Debrief que «No tenemos nada que anunciar por el momento».

Un cambio de rumbo

Sean M. Kirkpatrick, físico especializado en láseres y materiales y director fundador de AARO, dirigió la oficina durante la fase inicial de su desarrollo. En aquel entonces, la colaboración con investigadores civiles de UAP era limitada y, a menudo, se abordaba desde una perspectiva más cautelosa y centrada en la seguridad. Este enfoque parecía reflejar las preocupaciones generales del gobierno sobre la fiabilidad y la clasificación de los datos, así como las dificultades para integrar la investigación independiente en los marcos de investigación oficiales; sin embargo, también provocó que algunos investigadores externos se sintieran excluidos del proceso y, en ocasiones, generó críticas por parte de algunos miembros de la comunidad de investigación de UAP.

Bajo la dirección del Dr. Jon T. Kosloski, AARO parece estar avanzando hacia un modelo más colaborativo. El reciente taller reunió a representantes de la academia, el gobierno y la comunidad de investigación civil, ofreciendo a los participantes la oportunidad de aportar perspectivas sobre las prácticas de recopilación de datos, los estándares de presentación de informes y los métodos analíticos. Para muchos investigadores independientes, la posibilidad de participar en debates sobre la infraestructura de datos gubernamentales sobre UAP y sus implicaciones para la seguridad nacional representa un cambio significativo con respecto a la participación previa.

En general, el taller concluyó que se necesita una colaboración continua y la creación de una comunidad para establecer una «comunidad de práctica» sostenible en todas las disciplinas.

“AARO reconoce que la contribución de la comunidad científica y académica es fundamental para su trabajo y espera organizar futuros talleres y oportunidades de colaboración, según sea necesario, para fomentar una comunidad interdisciplinaria para el análisis de UAP”, dijo Gough a The Debrief.

“El éxito a largo plazo de estos esfuerzos se medirá por la mayor calidad de los informes sobre UAP, el uso de nuevas herramientas analíticas y una mejor comprensión de los avistamientos de UAP, aprovechando la experiencia de una amplia gama de partes interesadas”, añadió Gough.

https://thedebrief.org/all-domain-anomaly-resolution-office-hosts-private-workshop-with-civilian-researchers-universities-and-government-agencies/

AARO publica el informe sobre UAP del año fiscal 2025 meses después de la fecha límite legal, citando 319 nuevos casos y un análisis satelital ampliado.

21 de julio de 2026

Por John Greenewald

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa ha publicado su Informe Anual Consolidado del Año Fiscal 2025 sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, en el que se documentan 319 informes de UAP recibidos recientemente, al tiempo que se subraya que todos los casos resueltos se atribuyeron en última instancia a causas convencionales.

El informe llega mucho después del plazo establecido por el Congreso. Según el artículo 3373(k)(1)(A) del Título 50 del Código de los Estados Unidos, el Director de la AARO debe presentar un informe anual sobre UAP a los comités congresionales correspondientes «a más tardar 180 días después del 23 de diciembre de 2022, y anualmente a partir de entonces durante cuatro años».

El informe del año fiscal 2025 abarca los incidentes ocurridos entre el 2 de junio de 2024 y el 30 de mayo de 2025. Si bien el Congreso no estableció una fecha específica para su publicación, los informes anteriores generalmente se entregaban y publicaban en otoño. El informe del año fiscal 2024, por ejemplo, se publicó en noviembre de 2024. El informe de este año no se publicó hasta julio de 2026, varios meses después del ciclo anual de presentación de informes previsto por el Congreso.

Según la AARO, recibió 319 informes de UAP, de los cuales 284 ocurrieron durante el período del informe y 35 incidentes antiguos no se habían incluido en informes anteriores. La oficina resolvió 114 de esos informes, además de 256 casos reportados previamente, para un total de 370 investigaciones resueltas durante el período del informe.

AARO afirma que todos los casos resueltos se atribuyeron a explicaciones ordinarias.

Uno de los avances más notables descritos en el informe es la mayor capacidad de la oficina para identificar destellos satelitales.

El informe explica que ninguno de los 44 informes del dominio espacial se originó a partir de sensores espaciales. En cambio, 42 procedían de informes de pilotos civiles de la FAA y dos de sensores terrestres del Comando Espacial de EE. UU. Mediante modelado tridimensional y análisis de todas las fuentes, AARO concluyó que estas observaciones eran consistentes con la luz solar reflejada por satélites.

El volumen total de informes representa una disminución significativa con respecto al informe del año fiscal 2024, que documentó 757 informes, incluyendo un gran retraso en las presentaciones históricas de la FAA que datan de 2021.

Uno de los incidentes más inusuales descritos en el informe del año fiscal 2025 tiene que ver con una observación de la Armada frente a la costa de Virginia.

Si bien la mayoría de los informes sin resolver se trasladaron al archivo activo de la AARO debido a la insuficiencia de datos, la oficina indicó que nueve informes aún requieren un análisis adicional por parte de sus socios de inteligencia y científicos. Al mismo tiempo, la AARO reiteró que no ha encontrado evidencia de tecnología extranjera avanzada.

El informe también contiene un lenguaje que probablemente llamará la atención de quienes siguen de cerca los aspectos de seguridad nacional relacionados con el tema de los UAP. En cuanto a los informes cercanos a instalaciones sensibles, la AARO declara:

Dos informes también describieron interferencias electrónicas o de aviónica que afectaron a aeronaves operativas, aunque la AARO afirma que no ha determinado si esos efectos fueron realmente atribuibles a UAP (fenómenos aéreos no identificados).

La oficina informa haber recibido 50 notificaciones relacionadas con sistemas aéreos no tripulados cerca de infraestructura nuclear, armas y sitios de lanzamiento de EE. UU., lo que representa un aumento considerable con respecto a los 18 incidentes mencionados en el informe del año fiscal 2024. Sin embargo, la AARO afirma que ninguno de esos incidentes fue clasificado como.

El informe rechaza una vez más las afirmaciones de larga data de que el gobierno de EE. UU. posee material recuperado de UAP (fenómenos aéreos no identificados).

AARO añade que, no obstante, está desarrollando procedimientos para el manejo de dicho material «en caso de que dicho material llegue a estar en posesión del gobierno de los Estados Unidos».

La oficina también informó haber recibido 262 denuncias a través de su mecanismo seguro de denuncias, provenientes de personas que afirmaban tener conocimiento directo de programas gubernamentales sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). De estas, 255 se consideraron fuera del alcance del programa, mientras que siete personas fueron identificadas para entrevistas de seguimiento.

El informe concluye destacando varias iniciativas organizativas, entre ellas la ampliación de la creación de prototipos de sensores, una mayor divulgación pública, la publicación de resoluciones de casos como los de «Go Fast» y Aguadilla, y el lanzamiento de la sala de lectura electrónica de la AARO para solicitudes de información pública (FOIA).

Archivo de documentos

Informe AARO del año fiscal 2025 [14 páginas, 1,2 MB]

Descargar [1,25 MB]

https://www.theblackvault.com/documentarchive/aaro-releases-fy2025-uap-report-months-after-statutory-deadline-citing-319-new-cases-and-expanded-satellite-analysis/

EEUU resucita su ‘Expediente X’: la Cámara aprueba el plan para abrir los archivos sobre ovnis

La Cámara de Representantes ha incorporado al NDAA de 2027 una versión reforzada de la UAP Disclosure Act, el proyecto bipartidista de Schumer y Rounds que quedó recortado en 2023. El texto crea una junta independiente con poder de citación, contempla reclamar posibles materiales en manos privadas y obliga a justificar el secreto, pero no confirma vida extraterrestre, no abre todos los documentos de inmediato y todavía puede desaparecer durante su negociación con el Senado

23 JUL., 2026

Por Demócrata

El último episodio del Expediente X legislativo de Estados Unidos no comienza con una luz imposible atravesando el cielo ni con un piloto militar persiguiendo un objeto desconocido. Empieza de una forma mucho menos cinematográfica, aunque quizá más trascendente: con 62 páginas de lenguaje jurídico, una votación oral sin registro nominal y una macroley de Defensa de más de mil disposiciones.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles por 216 votos contra 212 su versión de la National Defense Authorization Act para el año fiscal 2027, conocida por sus siglas NDAA. Dentro del gigantesco proyecto quedó incorporada una versión reforzada de la Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, destinada a localizar, preservar, revisar y eventualmente publicar los documentos del Gobierno relacionados con los llamados fenómenos anómalos no identificados.

La medida recupera buena parte del ambicioso proyecto que el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mike Rounds presentaron en 2023, inspirado en el sistema creado para desclasificar los expedientes sobre el asesinato de John F. Kennedy. Aquella propuesta acabó mutilada durante la negociación entre las dos cámaras del Congreso. Tres años después, un republicano de la Cámara, Eric Burlison, intenta devolverle los elementos que entonces fueron eliminados.

La historia contiene todos los ingredientes de un Expediente X político: agencias que conservan documentos durante décadas, acusaciones de programas fuera del control parlamentario, contratistas privados, materiales de origen desconocido, denunciantes, archivos clasificados y un nuevo organismo con acceso a los compartimentos más restringidos del sistema de seguridad nacional.

Pero conviene empezar por lo que esta votación no significa. El Congreso no ha reconocido la existencia de extraterrestres. Estados Unidos no ha anunciado que posea naves recuperadas. Tampoco se ha ordenado una publicación inmediata de todos los documentos secretos. Y la UAP Disclosure Act aún no es ley.

Qué se aprobó realmente el 22 de julio

La Cámara aprobó H.R. 8800, su proyecto de NDAA para el ejercicio fiscal 2027. Antes de la votación final, incorporó la propuesta de Burlison como la enmienda número 315, identificada por el Comité de Reglas como Rules #1044 Revised.

La enmienda no se sometió a una votación nominal propia. Fue introducida en el quinto paquete de modificaciones y aprobada mediante voice vote, una votación oral en la que los congresistas responden a favor o en contra, pero sus posiciones individuales no quedan registradas. El registro del Comité de Servicios Armados confirma que el paquete fue aceptado por voz antes de la aprobación definitiva del NDAA.

Por eso no es posible saber cuántos republicanos y cuántos demócratas respaldaron específicamente la UAP Disclosure Act. Tampoco sería correcto afirmar que 216 congresistas votaron a favor de revelar los secretos sobre los ovnis: el resultado de 216-212 corresponde a la totalidad de la ley de Defensa, no a la enmienda de Burlison.

La votación final del NDAA reunió el apoyo de 209 republicanos, seis demócratas y el único miembro independiente de la Cámara. Votaron en contra siete republicanos y 205 demócratas; otros tres representantes no participaron. Sus votos respondían al conjunto de la política de Defensa estadounidense -presupuesto autorizado, armamento, personal militar, operaciones y centenares de asuntos adicionales-, no necesariamente al capítulo sobre UAP.

La enmienda no se introdujo hoy después de aprobarse el NDAA

La circulación este jueves del articulado ha generado otra confusión: que la Cámara habría aprobado primero el NDAA y añadido después la enmienda sobre UAP. No ocurrió así.

El documento oficial de Burlison está fechado el 20 de julio de 2026 y ya aparece identificado como la versión revisada de la enmienda 1044. Ese texto comienza directamente con la sección 1741 y ya denomina sección 1743 al apartado dedicado a los motivos que permiten aplazar la divulgación de documentos. La numeración, por tanto, no fue añadida este jueves mediante una modificación posterior.

La secuencia correcta es la siguiente: la propuesta fue preparada y revisada antes del pleno; el 22 de julio quedó incorporada al NDAA mediante la aprobación oral del paquete En Bloc 5; y después, a las 16.37 horas de Washington, la Cámara aprobó el proyecto completo por 216-212. Lo que ha ocurrido el día 23 es que el texto y sus implicaciones han comenzado a difundirse ampliamente, no que se haya introducido una nueva enmienda después de la votación.

Qué es la NDAA y por qué todo acaba dentro de ella

NDAA significa National Defense Authorization Act. Es la gran ley anual mediante la que el Congreso determina la política de Defensa de Estados Unidos para el siguiente ejercicio fiscal.

Autoriza programas y niveles de gasto para el Departamento de Defensa, las actividades nucleares de seguridad nacional gestionadas por el Departamento de Energía, la estructura de las Fuerzas Armadas, el personal militar, las adquisiciones y numerosos asuntos relacionados con la inteligencia y la seguridad nacional.

Hay una diferencia técnica importante: la NDAA autoriza programas y cantidades, pero no proporciona por sí sola todo el dinero necesario para ejecutarlos. La facultad efectiva de gastar procede de las posteriores leyes de asignaciones presupuestarias. Dicho de otra manera, la NDAA decide qué puede hacerse, bajo qué reglas y hasta qué niveles; las appropriations bills ponen después el dinero disponible.

La NDAA lleva aprobándose anualmente desde hace décadas y se considera una de las leyes de tramitación prácticamente obligada en Washington. Esa condición la convierte en un vehículo legislativo extraordinariamente valioso: congresistas y senadores tratan de colocar dentro de ella medidas que, presentadas como proyectos independientes, podrían quedar bloqueadas o no llegar nunca al pleno.

Pero cada cámara elabora su propio texto. Primero, la Cámara de Representantes aprueba su versión. El Senado prepara otra. Después deben negociar un documento común, aprobar exactamente el mismo articulado y enviarlo al presidente para su firma o veto.

La votación de este miércoles solo fija la posición inicial de la Cámara. La disposición sobre los UAP puede conservarse, ser modificada, rebajarse de nuevo o desaparecer en la negociación final.

El primer gran paso: el Congreso obliga al Pentágono a investigar

El primer gran escalón de esta etapa legislativa moderna llegó con la NDAA del ejercicio fiscal 2022, promulgada en diciembre de 2021.

Su sección 1683 ordenó al secretario de Defensa, en coordinación con el director de Inteligencia Nacional, crear una oficina dedicada a los fenómenos aéreos no identificados. Debía normalizar la recopilación de casos, establecer un repositorio centralizado, investigar incidentes, realizar análisis científicos y tecnológicos, estudiar posibles vínculos con gobiernos extranjeros y evaluar las amenazas para Estados Unidos. También debía informar periódicamente al Congreso.

Ese mandato desembocó en julio de 2022 en la creación de AARO, la All-domain Anomaly Resolution Office. El Pentágono le encargó coordinar los esfuerzos federales para detectar, identificar y atribuir objetos anómalos observados cerca de instalaciones, zonas de entrenamiento, espacios militares y otras áreas de interés. Su ámbito comprende objetos espaciales, aéreos, sumergidos y transmedio.

AARO representaba la fase investigadora: recibir avistamientos, examinar sensores, buscar explicaciones y evaluar amenazas.

Lo que no establecía era un organismo exterior e independiente encargado de revisar décadas de archivos clasificados y corregir las decisiones de las agencias que los habían mantenido en secreto.

Schumer y Rounds convierten los ovnis en un problema de transparencia

El salto cualitativo llegó en julio de 2023. Chuck Schumer, entonces líder de la mayoría demócrata en el Senado, y el republicano Mike Rounds presentaron la Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act. En la iniciativa participaron también senadores de ambos partidos, entre ellos Marco Rubio, Kirsten Gillibrand, Todd Young y Martin Heinrich.

No era una resolución simbólica ni una declaración redactada desde los márgenes de la política. La promovían dirigentes del Senado y miembros con responsabilidades en Defensa e Inteligencia.

Su modelo era la President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act de 1992. Aquella ley había creado un sistema especial para reunir, revisar y publicar los documentos gubernamentales relacionados con el asesinato de Kennedy. Schumer y Rounds proponían aplicar una arquitectura semejante a los registros sobre UAP.

El razonamiento era sencillo: si las agencias que clasificaron los documentos conservaban también la última palabra sobre su publicación, el Gobierno se convertía simultáneamente en autor, custodio y juez de su propio secreto.

La propuesta original trataba de romper ese círculo mediante cuatro grandes instrumentos.

Una colección centralizada en los Archivos Nacionales

El primer elemento era la creación de una colección específica en la National Archives and Records Administration.

Las agencias debían identificar sus registros relacionados con UAP, organizarlos y enviarlos a los Archivos Nacionales. El objetivo era evitar que el conocimiento permaneciera fragmentado entre el Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Energía, otras oficinas federales y empresas contratistas.

La colección no estaría formada únicamente por documentos ya públicos. También incluiría registros clasificados, aplazados o pendientes de revisión, debidamente protegidos hasta que pudieran divulgarse.

Una presunción favorable a la publicación

La propuesta adoptaba como principio la presunción de divulgación.

Eso no significaba publicar de manera automática todos los documentos. Significaba invertir la carga política y jurídica: mantener un expediente oculto debía justificarse mediante un riesgo concreto, y no simplemente por la costumbre institucional de clasificarlo.

Una junta independiente con acceso real

El tercer elemento era el más importante: una junta independiente designada por el presidente y confirmada por el Senado.

Sus miembros podrían revisar documentos, recibir testimonios, exigir información, celebrar audiencias y recomendar al presidente qué materiales debían publicarse y cuáles podían continuar protegidos.

La idea era retirar a las agencias el monopolio sobre el proceso de desclasificación. La junta funcionaría como árbitro externo, con especialistas capaces de acceder al material clasificado y evaluar si los argumentos para mantenerlo oculto eran suficientes.

El dominio eminente sobre posibles materiales privados

El cuarto elemento era el más extraordinario. La propuesta permitía al Gobierno federal ejercer su poder de eminent domain -una figura equiparable, en términos generales, a la expropiación- sobre eventuales tecnologías recuperadas de origen desconocido o evidencias biológicas de inteligencia no humana controladas por particulares o empresas.

La disposición respondía a una hipótesis recurrente en las denuncias presentadas ante el Congreso: que determinados materiales pudieran haber sido transferidos a contratistas privados del sector aeroespacial, quedando fuera de la supervisión parlamentaria ordinaria.

El texto no afirmaba que esos materiales existieran. Creaba el mecanismo para localizarlos y ponerlos bajo control federal en el supuesto de que existieran.

Esa diferencia verbal es esencial. Una previsión jurídica sobre cómo actuar ante una eventualidad no constituye una prueba de que esa eventualidad se haya producido.

Cómo quedó descafeinada la ley en 2023

El Senado incorporó la propuesta Schumer-Rounds a su versión del NDAA. Pero durante la negociación con la Cámara de Representantes desaparecieron sus dos elementos más poderosos: la junta independiente y el dominio eminente sobre posibles materiales en poder de empresas.

Lo que sobrevivió sí fue relevante. La NDAA promulgada en diciembre de 2023 ordenó crear una colección UAP en los Archivos Nacionales, obligó a las agencias a identificar y organizar sus registros y prohibió destruir, alterar o volver a clasificar determinados documentos que ya hubieran sido publicados.

También estableció un plazo general de 25 años desde la creación de cada documento para su publicación íntegra, salvo que el presidente certificase un daño identificable para la defensa, la inteligencia, las investigaciones policiales o las relaciones exteriores suficientemente grave como para imponerse al interés público.

Pero el proceso de revisión continuaba esencialmente en manos de los responsables originales de la clasificación. No había una junta ciudadana independiente con acceso transversal, personal propio y capacidad coercitiva.

Schumer y Rounds criticaron públicamente el resultado. Rounds señaló como principales carencias la eliminación de la junta y del mecanismo para obtener eventuales materiales entregados a entidades privadas. Schumer denunció que la desclasificación seguiría dependiendo, en gran medida, de las mismas instituciones acusadas de bloquearla.

Por eso es inexacto decir que la primera UAP Disclosure Act fracasó por completo. Una parte se convirtió en ley y continúa siendo la base del sistema actual. Lo que no sobrevivió fue su arquitectura fuerte e independiente.

Burlison recupera el proyecto tres años después

Eric Burlison, representante republicano por Misuri, ha recuperado ahora buena parte del diseño original. Su enmienda no se limita a añadir obligaciones aisladas. Deroga expresamente el capítulo aprobado en la NDAA de 2024 y lo sustituye por un sistema nuevo, aunque conserva los documentos, trabajos, plazos y materiales ya incorporados al proceso anterior para evitar que la transición obligue a comenzar desde cero.

El texto crea una colección permanente que abarcaría registros gubernamentales, proporcionados por el Gobierno o financiados con recursos federales relativos a UAP, tecnologías de origen desconocido e inteligencia no humana. También incluye a personas y empresas privadas que hayan trabajado mediante contratos u otros acuerdos con el Gobierno federal.

Además, prohíbe destruir, alterar o mutilar los documentos UAP y establece que los registros ya divulgados públicamente no podrán volver a ocultarse, censurarse o reclasificarse.

Una junta independiente de nueve ciudadanos

La principal novedad respecto al sistema que quedó vigente en 2023 es la creación de la Unidentified Anomalous Phenomena Records Review Board como agencia independiente y temporal.

Estaría integrada por nueve ciudadanos estadounidenses nombrados por el presidente con el consentimiento del Senado, sin atender a su afiliación política. Los candidatos deberían tener prestigio profesional y capacidad para actuar de forma imparcial. Entre sus miembros habría al menos un experto actual o anterior en seguridad nacional, un diplomático, un científico o ingeniero, un economista, un historiador profesional y un sociólogo.

Los integrantes no podrían haber participado previamente en los llamados legacy programs: programas o estructuras vinculados, según la definición legal del proyecto, a la recopilación, explotación o ingeniería inversa de tecnologías de origen desconocido o al examen de supuestas evidencias biológicas no humanas.

Acceso a programas especialmente clasificados

La junta y su personal recibirían de manera acelerada las autorizaciones de seguridad necesarias, incluidas las correspondientes a relevant special access programs y programas compartimentados.

Los Special Access Programs son compartimentos con restricciones de acceso adicionales sobre la información clasificada ordinaria. No basta con poseer una habilitación general de alto nivel: también es necesario estar específicamente autorizado y tener necesidad de conocer el programa.

La inclusión de estos accesos es políticamente importante. Una junta independiente sería poco útil si pudiera revisar expedientes ordinarios, pero quedara excluida de los compartimentos donde hipotéticamente se encontraría la información más sensible.

Poder para citar testigos, reclamar documentos y escuchar a denunciantes

La junta podría ordenar a las oficinas gubernamentales que entregaran documentos adicionales, investigar las circunstancias que rodean determinados registros y exigir explicaciones por escrito cuando archivos relacionados con UAP hubieran sido destruidos.

También podría celebrar audiencias, administrar juramentos y citar testigos y documentos. Para obligar a particulares a proporcionar declaraciones o información, estaría facultada para solicitar al fiscal general que emitiera las correspondientes citaciones.

El organismo tendría acceso a testimonios de testigos, observadores próximos, empleados de presuntos programas históricos y denunciantes que ya estuvieran en poder del Gobierno. Además, podría solicitar nuevos testimonios y aplicar las protecciones previstas para determinados whistleblowers del ámbito de la inteligencia y la Defensa.

La junta contaría con una autorización de 20 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2027 y tendría carácter temporal: salvo una futura ampliación legislativa, finalizaría sus trabajos el 30 de septiembre de 2030. Después transferiría todos sus registros a los Archivos Nacionales, sin posibilidad de destruirlos.

El artículo más polémico: materiales en manos privadas

La sección 1747 recupera una de las piezas eliminadas en 2023. Ordena al Gobierno federal ejercer el dominio eminente sobre cualquier tecnología recuperada de origen desconocido y sobre evidencias biológicas de inteligencia no humana que pudieran estar controladas por personas o entidades privadas.

El propio texto incorpora inmediatamente la expresión “should it exist”, “en caso de que exista”. La ley proyectada no declara que el Gobierno haya encontrado tecnología no humana ni que una empresa la conserve. Establece qué debería ocurrir si esos materiales aparecieran: quedarían bajo control federal y deberían ponerse a disposición de la junta para su examen.

La redacción define “tecnologías de origen desconocido” de manera muy amplia. Incluye materiales, metamateriales, restos de accidentes, mecanismos, maquinaria, equipos, modelos de ingeniería, vehículos aeroespaciales y naves de superficie o submarinas asociados con UAP o que incorporen ciencia y tecnología sin atribución convencional ni medios conocidos de fabricación humana.

La definición de “inteligencia no humana” también es extraordinariamente explícita: se refiere a cualquier forma de vida inteligente y consciente no humana, con independencia de su naturaleza u origen final, que pudiera presumirse responsable de UAP o de la que el Gobierno federal hubiera tenido conocimiento.

De nuevo, una definición legal no equivale a una constatación científica. Las leyes definen conceptos hipotéticos para determinar su ámbito de aplicación. Que un contrato regule qué sucedería ante un naufragio no demuestra que el barco se haya hundido.

Qué dice exactamente la sección 1743

La sección 1743 regula los motivos por los que la publicación de un expediente UAP puede aplazarse.

El principio general no es una desclasificación absoluta. El texto permite mantener oculto un documento cuando existan pruebas “claras y convincentes” de que su publicación causaría un daño suficientemente grave como para superar el interés público en conocerlo.

Las autoridades podrían aplazar información cuya divulgación:

• Revele la identidad de un agente de inteligencia que siga necesitando protección;

• Exponga una fuente o un método de inteligencia todavía utilizado o razonablemente susceptible de utilizarse;

• Perjudique de forma demostrable y sustancial la defensa, las operaciones de inteligencia o las relaciones exteriores de Estados Unidos;

• Revele la identidad de una persona viva que hubiera proporcionado información confidencial y pudiera sufrir un daño relevante;

• Suponga una invasión injustificada y sustancial de la privacidad personal;

• Rompa un compromiso de confidencialidad todavía protegido entre un agente federal y un colaborador o Gobierno extranjero.

Por tanto, la futura junta no podría publicar indiscriminadamente nombres de agentes, fuentes operativas, tecnologías de vigilancia, información diplomática sensible o datos personales de testigos.

La norma intenta construir un equilibrio: presume que los documentos deben abrirse, pero conserva excepciones cuando el daño de la divulgación pueda probarse de manera concreta.

La sección 1743 no es completamente nueva

Hay un matiz decisivo que se pierde al leer únicamente las capturas.

La ley reducida aprobada en 2023 ya contiene una sección muy parecida: la 1843. También utiliza el estándar de prueba clara y convincente y reconoce excepciones por defensa, inteligencia, relaciones exteriores, privacidad y protección de fuentes. La gran diferencia no está tanto en la lista de excepciones como en quién controla el proceso.

En el sistema actual, la autoridad original de clasificación y las propias agencias desempeñan el papel central al decidir si un documento puede aplazarse. En el proyecto de Burlison, esas mismas reglas quedarían integradas en un modelo supervisado por una junta independiente con acceso clasificado, personal propio, capacidad de citación y facultades para exigir documentación.

Ese es el verdadero cambio institucional: no eliminar todas las razones para conservar un secreto, sino impedir que las agencias sean las únicas encargadas de valorar sus propias decisiones.

El límite general de 25 años

La enmienda establece que cada registro deberá divulgarse íntegramente, como regla general, antes de que hayan transcurrido 25 años desde su primera creación.

El aplazamiento más allá de ese límite requeriría una certificación presidencial que identificara un daño para la defensa, las operaciones de inteligencia, las investigaciones policiales o las relaciones exteriores y concluyera que ese perjuicio es suficientemente grave como para imponerse al interés público.

Los expedientes aplazados deberían revisarse periódicamente. La continuidad del secreto tendría que acompañarse de una explicación pública no clasificada y publicarse en el Federal Register, dentro de los límites permitidos por la seguridad nacional.

La junta también elaboraría un Controlled Disclosure Campaign Plan, una hoja de ruta para programar futuras publicaciones, sustituciones, resúmenes y revisiones de aquellos documentos o materiales que no pudieran divulgarse inmediatamente.

El verdadero Expediente X está en los archivos

Durante décadas, el debate sobre los ovnis se ha concentrado en lo que aparece en el cielo. La UAP Disclosure Act desplaza la pregunta hacia un terreno menos espectacular y quizá más importante: qué documentos existen, quién puede examinarlos y quién tiene autoridad para mantenerlos ocultos.

La Cámara no ha respondido si existe inteligencia no humana. Ha planteado otra cuestión: si el Gobierno puede seguir investigándose a sí mismo y conservar en exclusiva la llave de sus archivos.

La diferencia es enorme. La noticia rigurosa no es que 216 congresistas hayan votado para revelar extraterrestres. Es que la Cámara ha aprobado su ley anual de Defensa con un mecanismo destinado a retirar a las agencias el monopolio sobre el secreto UAP.

Y ese mecanismo, como ocurrió en 2023, todavía deberá sobrevivir al lugar donde suelen desaparecer las disposiciones más incómodas de Washington: la negociación final entre la Cámara y el Senado.

https://www.democrata.es/internacional/eeuu-resucita-expediente-x-archivos-ovnis/

El Pentágono propone nuevas facultades de secreto para retener documentos no clasificados y excluirlos de las leyes de acceso público.

15 de julio de 2026

Por Eleanor Watson, James LaPorta

Washington — El Pentágono está pidiendo al Congreso una nueva y amplia autoridad para retener documentos no clasificados al público, una propuesta que, según los defensores de la transparencia, podría reducir significativamente la capacidad del público para examinar la mayor agencia federal del país y comprender cómo se gastan miles de millones de dólares de los contribuyentes.

La propuesta legislativa busca crear una nueva sección de la ley federal que permita al secretario de defensa eximir cierta «información no clasificada controlada» (CUI, por sus siglas en inglés) de su divulgación bajo la Ley de Libertad de Información si las fuerzas armadas estadounidenses determinan que los registros se refieren a vulnerabilidades de la defensa nacional y concluyen que el daño de la divulgación supera el interés público.

Brett Max Kaufman, asesor principal del Centro para la Democracia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), declaró a CBS News por correo electrónico que, durante décadas, ha existido «un problema masivo de clasificación excesiva de información en todo el poder ejecutivo».

«Lo último que necesita el gobierno es un nuevo poder para retener información amparándose en la Ley de Libertad de Información», escribió Kaufman.

La información no clasificada controlada se estableció mediante una orden ejecutiva durante la administración Obama para reemplazar docenas de marcas inconsistentes de «Solo para uso oficial» que las agencias habían desarrollado a lo largo de décadas.

El sistema CUI se diseñó para estandarizar la forma en que las agencias protegen la información sensible pero no clasificada. Es importante destacar que el propio sistema CUI no otorga autoridad para retener registros al público.

Los Archivos Nacionales, que supervisan el programa de Información Controlada No Clasificada (CUI) del gobierno, han recalcado repetidamente que la designación como CUI no afecta la posibilidad de divulgar los registros conforme a la Ley de Libertad de Información (FOIA). Agencias como el Departamento de Defensa aún deben acogerse a una de las nueve exenciones legales de la FOIA para evitar la divulgación pública de documentos.

La propuesta del Pentágono cambiaría radicalmente esa relación. En lugar de tratar la información clasificada como una marca administrativa, permitiría al Departamento de Defensa usarla como uno de los fundamentos principales para retener registros por completo.

Greg Williams, director del Centro de Información de Defensa del organismo de control gubernamental Project on Government Oversight, con sede en Washington D.C., calificó la propuesta de «preocupante» en una entrevista con CBS News. Añadió que dificultaría considerablemente la obtención de información a través del proceso de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

«La información no clasificada controlada ya es muy problemática porque no está definida con mucha precisión y se utiliza para proteger muchos tipos diferentes de información», dijo Williams, y agregó que cuando era contratista, la directriz general era: «en caso de duda, márquela como CUI».

La Ley de Libertad de Información, promulgada en 1966, se diseñó para revertir la presunción de secreto gubernamental al exigir a las agencias federales que divulgaran los registros a menos que se encuentren dentro de una de las nueve excepciones estrictamente definidas. El Congreso ha enmendado repetidamente la ley para reforzar ese principio, más recientemente a través de la Ley de Mejora de la FOIA de 2016, que fortaleció la presunción de transparencia al exigir a las agencias que demuestren un daño previsible concreto —no especulativo— antes de retener muchos registros.

La propuesta del Pentágono, que fue enviada al Congreso a finales de junio para su posible inclusión en la legislación de este año, surge en medio de un cambio más amplio en la forma en que ha gestionado la información bajo el mandato del Secretario de Defensa Pete Hegseth. Durante el último año, el departamento ha impuesto nuevas restricciones al acceso y la circulación de los periodistas dentro del Pentágono, exigiendo escoltas oficiales para áreas a las que los periodistas acreditados habían accedido durante mucho tiempo por su cuenta.

El New York Times ha presentado demandas contra la política del Pentágono que obligaba a los periodistas a firmar un acuerdo para acceder a sus instalaciones, lo que podría restringir la búsqueda de información, así como contra la política del Pentágono sobre el acompañamiento de periodistas. Jueces federales fallaron a favor del New York Times, amparándose en la Primera Enmienda, pero el Pentágono ha apelado en ambos casos.

Funcionarios del Pentágono describen la propuesta legislativa como un esfuerzo por proteger mejor la información militar sensible de adversarios extranjeros. La medida representaría una notable ampliación de la capacidad del departamento para mantener los registros no clasificados fuera del alcance del público. También permitiría al Departamento de Defensa impedir que los gobiernos estatales y locales divulguen los registros protegidos en virtud de sus propias leyes de acceso a la información pública, extendiendo así el control del Pentágono sobre la información incluso después de que esta salga de la custodia federal.

En un comunicado, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joe Valdez, dijo: «La propuesta legislativa busca una exención legal de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para cierta información controlada no clasificada (CUI) que afecte a intereses de seguridad nacional, con el fin de brindar una protección más uniforme y decisiones de retención más consistentes para dicha información».

La propuesta del Pentágono no explica por qué las exenciones existentes de la Ley de Libertad de Información son insuficientes y afirma que existe una laguna en la legislación vigente para proteger los documentos confidenciales.

Sin embargo, gran parte de la información que el Pentágono afirma proteger ya está amparada por la legislación vigente. Las tecnologías sujetas a control de exportaciones, la información sobre infraestructuras críticas protegidas, ciertos registros nucleares, los datos confidenciales relacionados con adquisiciones y la información de inteligencia están cubiertos por leyes o reglamentos en los que las agencias ya se basan para retener información en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El Congreso recibe varias propuestas legislativas cada año después de que la Oficina de Administración y Presupuesto presente una solicitud de presupuesto, pero no está claro si esta se incluirá, ya que tanto la Cámara de Representantes como el Senado ya han realizado sus enmiendas al proyecto de ley anual de política de defensa.

Esta no es la primera vez que el Pentágono busca modificar la Ley de Libertad de Información (FOIA). Por ejemplo, un borrador del proyecto de ley anual de política de defensa de 2017 incluía una cláusula para retener información «sobre tácticas, técnicas y procedimientos militares, y sobre las reglas de enfrentamiento militar». Esto llevó a una coalición de organizaciones de supervisión a escribir al Congreso para oponerse a dicha medida.

Inside Defense fue el primer medio en informar sobre la última propuesta legislativa. De aprobarse, esta legislación se integraría al sistema de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), que desde hace tiempo sufre retrasos crónicos. El número de solicitudes de la FOIA pendientes en el Departamento de Defensa ha ido en aumento. El informe anual más reciente del Pentágono sobre la FOIA indicaba que, al cierre del año fiscal 2025, había 30.476 solicitudes pendientes, un aumento del 42 % con respecto a 2024.

El creciente retraso refleja un sistema de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que ha tenido dificultades para adaptarse al tamaño y la complejidad del gobierno federal moderno. Si bien la FOIA exige que las agencias respondan en un plazo de 20 días hábiles en la mayoría de los casos, las solicitudes pueden permanecer pendientes durante meses o años, lo que obliga a los solicitantes a iniciar costosos litigios para obligar a las agencias a actuar. Para cuando finalmente se publican los documentos, el debate público suele haber cesado, lo que socava el propósito central de la FOIA: proporcionar una supervisión pública oportuna de la toma de decisiones gubernamentales.

Williams declaró a CBS News que la propuesta, en sí misma, es innecesaria porque ya existe un sistema para clasificar información sensible de seguridad nacional.

«Pregúntese, si va a marcar algo como ‘información no clasificada controlada’ por motivos de seguridad nacional, ¿por qué no lo clasificaría?», dijo Williams.

https://www.cbsnews.com/news/pentagon-secrecy-power-unclassified-records-foia/

Irán se burla de la desclasificación de archivos OVNI en EEUU y acusa a Trump de usarla como distracción sobre Oriente

La Embajada de Irán en Sudáfrica ridiculiza la desclasificación de archivos ovni en EEUU y acusa a Trump de usarla para desviar el foco de Irán.

Montaje del presidente de EEUU, Donald Trump, compartido por la Embajada de Irán en Sudáfrica EMBAJADA DE IRÁN EN SUDÁFRICA

9 MAY., 2026

Por Agencias

La Embajada de Irán en Sudáfrica ha respondido con tono sarcástico al anuncio de Estados Unidos sobre la difusión de documentos hasta ahora secretos relativos a objetos voladores no identificados (ovni), una iniciativa puesta en marcha tras una orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje publicado en redes sociales, la misión diplomática iraní ha descrito la decisión de Washington como un intento de “desviar la atención pública de la guerra contra Irán”, en una nota abiertamente satírica dirigida contra el dirigente norteamericano.

La publicación de la Embajada iraní, acompañada por un montaje en el que se aprecia al presidente estadounidense rodeado de seres extraterrestres, llega justo después de que las autoridades de Estados Unidos hayan difundido este viernes varios documentos vinculados a objetos voladores no identificados, un asunto que ha despertado un notable interés político y mediático en el país en los últimos años.

El Departamento de Defensa ha habilitado una página web (war.gov/UFO) para que cualquier ciudadano pueda consultar ya los primeros 162 archivos sobre estos episodios. Se trata, según el departamento que encabeza Pete Hegseth, de una labor “sin precedentes e histórica” que ha requerido la colaboración de “decenas de agencias” para revisar “decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado”.

https://www.democrata.es/internacional/iran-se-burla-de-la-desclasificacion-de-archivos-ovni-en-eeuu-y-acusa-a-trump-de-usarla-como-distraccion-sobre-oriente/

Roswell fue un verdadero accidente ovni: el hijo de Oliver Stone habla sobre extraterrestres.

23 de julio de 2026

Paula Froelich

(NewsNation) — Sean Stone ha escuchado todas las versiones de «eso es una locura». El cineasta, autor e hijo del director ganador del Óscar, Oliver Stone, ha dedicado dos décadas a investigar historias que los medios tradicionales no se atreven a tocar, desde sus días como copresentador de «Conspiracy Theory» con Jesse Ventura hasta su nuevo libro sobre las «puertas» espirituales de la vida. Y cuando se trata de ovnis, no especula desde la barrera, ya que afirma haber tenido sus propios encuentros.

Sean Stone: No todos podemos estar locos

Stone cree que estamos viviendo lo que él llama un gran despertar: un cambio cultural en el que las conversaciones que antes te convertían en la comidilla de la ciudad ahora cobran vida gracias a las redes sociales y al auge de los podcasts.

“Cada uno de nosotros es un anfitrión, cada uno de nosotros puede ser el anfitrión de su plataforma, puede albergar nuestra información, puede ofrecer las perspectivas y las noticias que consideramos relevantes e importantes”, explicó Stone. “Ese cambio se produjo y comenzó justo antes de la COVID, pero la COVID lo hizo explotar”.

Argumenta que la aparición de múltiples testigos transformó por completo el debate: «Que varias personas describan sus experiencias hace que la historia sea más creíble que si solo la contara una persona. … Ahora suena más plausible».

La noche en el Rancho Skinwalker

La historia más escalofriante de Stone proviene de una visita al tristemente célebre rancho Skinwalker de Utah, filmada durante su época de «Teoría de la Conspiración» con Tyrell, el hijo de Jesse Ventura.

“Skinwalker es un rancho tristemente célebre en Utah”, dijo Stone, describiendo “los avistamientos y la actividad paranormal y sobrenatural que ocurren allí”, que según él “se remontan a las tradiciones de los nativos americanos anteriores a la llegada del hombre blanco… Existe una larga historia de la idea de que esto es como un portal”.

La tradición incluye «historias terroríficas de lobos enormes, seres que cambian de forma y criaturas espeluznantes».

Cuando Stone saltó la valla para mirar a su alrededor, algo lo detuvo en seco.

“Sentí algo parecido a un arma de energía”, recordó. “Era como una sensación de calor, zumbido y hormigueo en la pierna. Y pensé: ¿qué demonios está pasando? Así que corrí de vuelta y salté la valla”.

Pero la noche no había terminado. Cuando la pareja regresó al anochecer, Stone se quedó paralizado al oír un extraño golpeteo.

“Me quedé paralizado… ni se me ocurrió mirar hacia arriba”, dijo. Cuando el ruido cesó, se giró y vio a Tyrell mirando al cielo con la boca abierta.

“Él me dice: ¿Viste eso? Y yo le digo: No, lo oí.”

Según Stone, Tyrell describió lo que sucedió a continuación: “Apareció en el cielo una cosa con forma de diamante. Y simplemente flotaba allí. Luego se puso de lado y emitió luz… y luego volvió a su posición original y se alejó a toda velocidad.

“Ese es el tipo de cosas que yo consideraría más extradimensionales”, dijo Stone. “No creo que eso sea necesariamente competencia de nuestro gobierno”.

«He visto naves espaciales, pero ningún extraterrestre».

Cuando se le preguntó directamente si él mismo había visto un ovni, Stone respondió: «He visto naves, pero nunca he visto un extraterrestre en forma física».

Uno de los avistamientos ocurrió justo sobre Los Ángeles: «Estaba conduciendo por Beverly Hills sobre las dos de la madrugada, de regreso a casa, y vi algo volar muy bajo sobre la ciudad», recordó. «Era silencioso y no tenía… no pude ver ningún sistema de propulsión… No estaba diseñado como ningún avión».

“Se movía silenciosa y rápidamente. Y pensé: podría ser un ovni. Podría ser nuestro gobierno.”

Sean Stone dice que Roswell fue real y que lo hemos reconstruido mediante ingeniería inversa.

“Creo que lo que ocurrió en Roswell fue un verdadero accidente, algo extraterrestre”, dijo. “Creo que básicamente comenzamos a aplicar ingeniería inversa a la nave”.

Señala al difunto oficial de inteligencia del Ejército, Philip Corso, a quien su hijo Stone conoció personalmente: «Corso, que ocupó un alto cargo en el Pentágono durante muchos años, hablaba de la idea de que gran parte de la tecnología que obtuvimos en los años cincuenta y sesenta fue básicamente objeto de ingeniería inversa a partir de accidentes como el de Roswell».

En cuanto al funcionamiento real de estas máquinas, Stone ofreció una teoría alucinante: «Según entiendo, estas cosas funcionan como si existiera una interfaz entre la conciencia y la máquina».

También cree que el gobierno posee su propia flota avanzada, haciendo referencia a las afirmaciones del hacker Gary McKinnon sobre «aeronaves con forma de cigarro» y los supuestos «TR-3» con forma triangular, que compara con «tipos de bombarderos furtivos muy avanzados».

“Recuerden que en los años setenta y ochenta, si veían un bombardero furtivo, decían que era un ovni”, señaló.

La razón de un billón de dólares para el encubrimiento

¿Por qué décadas de secretismo? Stone dice que hay que seguir el rastro del dinero.

“Una vez que se llega a ese nivel —si trabajamos con propulsión antigravedad—, podemos despedirnos del petróleo y el gas. Toda esa industria desaparece”, afirmó. “Esa es la principal razón por la que algunos especulan que el tema de los ovnis se ha ocultado tanto”.

“¿Cuánto de la economía mundial se ha destruido?… Estamos hablando de billones de dólares a nivel global.”

¿Qué sigue?: El documental que, según Stone, dará mucho de qué hablar.

Stone está terminando un documental llamado «Greystone» que, según predice, dividirá a la audiencia a partes iguales.

“Ese será el lugar donde la gente dirá cosas como: ‘Oh, se lo inventó’, o ‘No, yo he tenido experiencias, o he visto cosas’”, dijo. “Cada quien tenga que decidir por sí mismo en qué cree”.

“Es mi testimonio de lo que viví en aquel entonces.”

El nuevo libro de Stone, “10 cosas que aprender: sabiduría ancestral para el alma moderna”, saldrá a la venta en septiembre.

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